Sentencia T-927/99 Referencia: Expediente T-239.948 ... - Camacol

De acuerdo con los medios de prueba que obran en el expediente, la señora Franco de Crescenzi no requiere el
inmueble ubicado en la Calle del Guerrero para su habitación, sino que lo usa para mejorar sus ingresos con el importe
de los cánones provenientes de arrendarlo; así, sus condiciones dignas de vida no están directamente afectadas por la
falta de suministro de energía a una edificación en la que no reside, y desaparece para la mera suscriptora, la razón que
autoriza atribuírle el carácter de fundamental por conexidad al derecho del usuario de ese servicio.
De esta manera, tampoco procede la protección de ese derecho por vía tutela; sin embargo, queda por analizar si el
comportamiento de las empresas demandadas efectivamente violó derechos fundamentales de la accionante que no
fueron reclamados por ella en la solicitud de amparo, pero que deben ser tutelados pues su vulneración aparece
acreditada en el expediente.
Derechos al debido proceso y a la igualdad.
Es un hecho que no discuten las empresas demandadas, que el inquilino de la accionante dejó de pagar por la energía
que efectivamente consumió, desde principios de la presente década hasta ser desalojado del inmueble en febrero de
1999; también admiten esas firmas prestadoras de servicios públicos domiciliarios que la actora y la firma inmobiliaria que
administra el bien inmueble, solicitaron la suspensión del servicio, e insistieron en esa petición cuando constataron que, a
pesar de haberse configurado la causal legal para la desconexión definitiva -falta de pago por más de tres períodos
facturados-, el inquilino incumplido continuaba consumiendo energía y el monto de la deuda seguía incrementándose.
Lo que no manifestaron las empresas demandadas es la razón para haber tolerado el consumo irregular de energía por
parte de Samuel Marín Franco, a pesar de las solicitudes de la actora, y de que tales firmas ejercieron la facultad que les
otorga la Ley 142 de 1994 para suspender el servicio y disponer la desconexión definitiva. Está acreditado en el
expediente que la Electrificadora de Bolívar sí desconectó -no consta en qué fecha-, la acometida inicial que permitía
suministrar energía al inmueble de la actora, y está probado que la Electrificadora de la Costa mantuvo el corte de
energía desde el primer mes que prestó y facturó el servicio -agosto-septiembre de 1998-; pero también está acreditado
que esas empresas sabían que "el inquilino del inmueble, señor Marín Franco, procedía reiteradamente a conectarse
fraudulentamente" (impugnación de la sentencia de primera instancia, folio 91).
Así, resulta que las empresas demandadas sabían que el consumo nunca se suspendió realmente, que Marín Franco
burló la medida en forma contraria a la ley y, sin embargo, se limitaron a seguir facturando sin interrupción, y aún
continúan incrementando el saldo a su favor. Esas firmas nunca persiguieron el pago de parte del usuario que actuó de
manera fraudulenta -el inquilino Marín Franco-, y ahora pretenden lograr la cancelación total de la deuda, de quien se
mantuvo dentro de los cauces legales: la actora Franco de Crescenzi. Tal comportamiento administrativo, no sólo es a
todas luces desleal para con la segunda de las personas nombradas, sino que vulnera su derecho a recibir igual trato
-uno acorde a derecho-, no sólo de las autoridades, sino de quienes sin serlo, concurren a la prestación de los servicios
públicos domiciliarios y, por esto, deben comportarse frente a todos los suscriptores y usuarios como si fueran agentes
estatales.
La disparidad entre el trato que las empresas demandadas dieron a uno y otro de esos deudores solidarios en este caso,
resalta si se tiene en mente lo establecido en el inciso tercero del artículo 141 de la Ley 142 de 1994:
"La entidad prestadora podrá proceder igualmente al corte en el caso de acometidas fraudulentas. Adicionalmente, y
tratándose del servicio de energía eléctrica, se entenderá que para efectos penales, la energía eléctrica es un bien
mueble; en consecuencia, la obtención del servicio mediante acometida fraudulenta constituirá para todos los efectos, un
hurto".
En estos términos, las empresas demandadas toleraron a ciencia y paciencia un comportamiento que puede constituir un
delito continuado contra el patrimonio, y se limitaron a facturar mensualmente el costo del bien mueble sustraído por
medio de una acometida fraudulenta; en consecuencia, incumplieron durante todo ese lapso su deber de actuar de
acuerdo con la ley vigente para poner término a tal situación irregular, y para procurar que se exigiera la responsabilidad
correspondiente al autor de la conducta irregular detectada, así como se abstuvieron de reclamar de él el pago
correspondiente al daño y los perjuicios que ocasionó. Es indudable, en consecuencia, que las empresas accionadas
incurrieron de esa manera en una vía de hecho, y con ella vulneraron los derechos fundamentales de la actora al debido
proceso y a la igualdad.
Ahora bien: es claro para esta Sala que la accionante cuenta con la vía contencioso administrativa para zanjar de una vez
por todas el conflicto planteado entre las entidades demandadas y la señora Franco de Crescenzi, no sólo en relación
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