1Rv9vRH

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 637 27 de marzo de 2015 Pág. 13
liberalización eléctrica, comprendido entre los años 2000 y 2012. Lo más llamativo, es que en el período
de recesión económica, los precios experimentaron un incremento exponencial, entrando en una dinámica
de crecimiento continuado justamente en una época de crisis y estancamiento del consumo. Esto coincide
con la información estadística de Eurostat, que constata que el precio de la energía eléctrica en el Estado
español es de los más altos de Europa al haber alcanzado importantes aumentos desde el año 2007.
Así mismo, un estudio divulgado en 2014, elaborado por la organización empresarial PIMEC, resalta
que las empresas agrupadas en UNESA han registrado en sus principales resultados —cifra de negocios,
EBITDA, EBIT, beneficio antes de impuestos y beneficio neto— unos valores medios anuales superiores
en el período recesivo que en el período expansivo. La cifra media de ventas es de un 34 % superior;
el EBITDA, un 42 % mayor, y el EBIT, un 28 %. En cuanto a beneficios antes de impuestos, han aumentado
un 35 % y el beneficio neto, un 39 % más. En suma, los beneficios medios anuales antes de impuestos y
netos han sido superiores en período de recesión que en el de expansión, pese a la caída de la demanda
eléctrica, lo que muestra claras evidencias de que las grandes empresas del sector eléctrico que operan
en oligopolio han compensado la caída de la demanda eléctrica con un incremento de los precios, y que
han mantenido un elevado nivel de consecución de beneficios, pese a la crisis económica, por delante de
empresas de otros sectores económicos, sean grandes empresas cotizadas o pymes.
Además, hemos de recordar que en ese período, al mismo tiempo de haber recibido una billonaria
inyección de fondos de los denominados «costes de transición», también han acumulado el denominado
«déficit tarifario», lo que sitúa a las grandes empresas eléctricas como acreedoras frente al Estado, por
haber asumido hipotéticamente cuantiosas pérdidas derivadas de la parte regulada de los precios de la
energía durante esos años.
El último dato aún es más escandaloso. En 2014, después de la última reforma energética, el beneficio
de las grandes empresas eléctricas que operan en el Estado español se ha disparado. Así, las tres grandes
eléctricas —Endesa, lberdrola y Gas Natural Fenosa— obtuvieron unos beneficios netos de 7.125,5
millones de euros en 2014, lo que supone un 20,8 % más que los 5.896 millones de euros ganados
en 2013. Al mismo tiempo, la corporación gestora del sistema Red Eléctrica Española obtuvo un beneficio
neto de 717,8 millones de euros en 2014, cifra un 35,7 % superior a la de 2013.
Este panorama de abundancia y éxito económico de las empresas eléctricas contrasta, por otra parte,
con que, según la Asociación de Ciencias Ambientales, más de un 9 por 100 de los hogares, lo que
supone cuatro millones de personas en el conjunto del Estado español, sufren «pobreza energética», es
decir, son incapaces de satisfacer una cantidad mínima de servicios de energía para sus necesidades
básicas, e incluso, alrededor del 17 por 100 de los hogares, más de 7 millones de personas, destinaron
en 2014 más de 10 por 100 de sus ingresos anuales al pago de la factura energética.
A esta situación se ha llegado debido a un modelo regulador que ha potenciado tanto la liberalización
y cesión del sector energético a un oligopolio empresarial, como la centralización de las decisiones,
reforzando un sistema eléctrico unitario, totalmente ineficiente e injusto, sobre todo con aquellos territorios
que producen energía que han de pagarla como si tuvieran que importarla, a pesar de sufrir impactos
ambientales. Es realmente insólito que zonas productoras de energía no puedan regular directamente su
aprovechamiento, controlar y establecer por ello su precio, es decir, ser dueños en estricto sentido de los
recursos que poseen para producir energía eléctrica; sino que venga impuesto ese precio, y por tanto el
control de sus recursos, en base a una «ficción» de sistema unitario, que prima la retribución de grandes
empresas y accionistas.
Esta es la situación discriminatoria que padece Galicia, frente a los supuestos beneficios de la
solidaridad territorial, ya que se ve obligada a ceder el control de la producción de un bien básico como es
la electricidad, para que su precio sea establecido en base a un sistema centralizado y unitario diseñado
desde Madrid por parte de un entramado de empresas eléctricas que repatrían sus beneficios en su mayor
parte al exterior de Galicia y del Estado español.
Históricamente, Galicia apenas contó con capacidad para diseñar y aplicar una estrategia energética
propia, orientada a un aprovechamiento endógeno de sus recursos energéticos, puesto que durante
décadas desempeñó un papel de centro suministrador de energía eléctrica para el resto del Estado
español, en base a su potencial hidroeléctrico y a los yacimientos de carbón, acrecentado posteriormente
con el desarrollo del aprovechamiento eólico. El marco regulatorio y tarifario común en todo el Estado, que
ha favorecido la adopción de decisiones por las empresas eléctricas que actúan en régimen de oligopolio,
se ha visto reforzado con el proceso liberalizador, iniciado en 1997 y culminado con la reforma de 2013,
deja sin capacidad de decidir en este ámbito a un país generador de energía, y que se ve arrastrado por
cve: BOCG-10-D-637