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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 637 27 de marzo de 2015 Pág. 37
162/001211
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley para la aprobación de la estrategia de gobierno abierto, para su debate
en Pleno.
Exposición de motivos
España sufre la mayor crisis institucional desde la llegada de la democracia. Diversas encuestas
indican un amplio consenso ciudadano en torno a la necesidad de mejorar y reforzar nuestro sistema
democrático. La ciudadanía demanda nuevas formas de participación que permitan incrementar su
implicación en la definición de las políticas y en la toma de decisiones por parte de los diferentes poderes
públicos, reformas para avanzar en la mejora de nuestro sistema democrático.
La participación cívica, como libre expresión del pluralismo y la diversidad, son grandes señas de
identidad de la sociedad española, pero requiere más espacios para la participación política, más cauces
para la expresión de sus propuestas e instrumentos más actualizados y eficaces para cumplir con el
contenido de los artículo 20 y 23 de la Constitución, que reconocen el derecho a la participación de todos
los ciudadanos y ciudadanas en la vida política, económica, cultural y social.
La exigencia constitucional de eliminar obstáculos que impidan o dificulten su plenitud obliga a mejorar
y reformar nuestro ordenamiento jurídico, contemplando con mayor precisión y claridad todas las medidas
necesarias para mejorar la transparencia, el derecho de acceso a la información de la ciudadanía y su
participación en los asuntos públicos. Estos cambios constituyen la base para la mejora institucional y de
gobierno.
Al tiempo, la revolución que ha supuesto Internet a nivel global todavía no ha llegado suficientemente
a los poderes públicos. Internet hace posible técnicamente que cualquier persona, prácticamente desde
cualquier sitio, pueda acceder, conocer y controlar en tiempo real las actuaciones de la Administración. Se
trata del mayor foro imaginable para el debate y la participación política de la ciudadanía.
En una sociedad democrática avanzada los ciudadanos y ciudadanas, además de ver reconocidos
sus derechos más elementales dentro de un procedimiento administrativo como parte interesada, tienen
que poder saber, tomar parte y colaborar activamente. Esto reforzará nuestra democracia y servirá de
impulso para una acción de gobierno transparente y para una administración más eficaz, cercana y
servicial.
Ante esta realidad surge la idea de caminar hacia un gobierno abierto. Un gobierno, unas instituciones
y unos políticos capaces de entablar una conversación permanente con los ciudadanos y ciudadanas, de
escuchar lo que dicen y solicitan. Capaces de tomar decisiones teniendo en cuenta las necesidades y
preferencias ciudadanas, facilitando la participación y la colaboración de la ciudadanía en la definición de
las políticas públicas, proporcionando información y comunicando de forma transparente de aquello que
se decide y hace, sometiéndose a criterios de calidad y de mejora continua, rindiendo cuentas y asumiendo
responsabilidades ante la ciudadanía a la que ha de servir.
Es imprescindible, por tanto, hacer más accesibles, horizontales y plurales los mecanismos de consulta
y de definición de políticas, la toma de decisiones y la rendición de cuentas, como parte fundamental del
proceso de empoderamiento ciudadano. Para ello, es necesario incorporar herramientas y procedimientos
para caminar hacia gobiernos abiertos, liderando las acciones necesarias para garantizar que las
herramientas tecnológicas sean accesibles a toda la ciudadanía, luchando por reducir la brecha digital.
La práctica del gobierno abierto como respuesta a la demanda y necesidad de nuestra sociedad de
más y mejor democracia. Durante la pasada Legislatura, tanto en el Gobierno central como en otras
Administraciones Públicas españolas, se hicieron avances notables en este sentido. Ejemplo de ello son
iniciativas de apertura de datos como las de la Generalitat de Cataluña, del Gobierno Vasco y del Principado
de Asturias y del Ayuntamiento de Gijón, entre otras experiencias. Modelos ejemplares de gobierno abierto
como el de Reino Unido, Estados Unidos, Euskadi (Irekia) y Navarra, o la ley de gobierno abierto de
Extremadura —la única en nuestro país, impulsada por el grupo socialista y aprobada por unanimidad de
la Cámara— son casos prácticos a seguir por la Administración General del Estado y del ejecutivo central.
cve: BOCG-10-D-637