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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 637 27 de marzo de 2015 Pág. 25
b) Puedan ser atendidos presencialmente por el técnico actuante de un expediente tributario durante
el trámite de audiencia, de manera que se les permita aclarar o gestionar todas aquellas cuestiones
necesarias y evitar así que se produzcan situaciones de clara indefensión.
c) Volver a disponer de impresos en papel en todas las oficinas de la AEAT para la realización de los
distintos trámites tributarios, de forma que no sea la vía telemática la única prevista para llevar a cabo todo
tipo de gestión tributaria, y se faciliten así dos vías de resolución.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2015.—M.ª Olaia Fernández Davila,
Diputada.—Rosana Pérez Fernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
162/001203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a conseguir la absolución de
los ciudadanos encausados penalmente por defender la educación pública, para su debate en Pleno.
A raíz del juicio en Ourense de siete estudiantes acusados por defender sus derechos ciudadanos y
la enseñanza pública, el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural denuncia una vez más la política del
miedo y la represión de los Gobiernos del Partido Popular, con las que pretende detener el ejercicio de
nuestros derechos de ciudadanía. La política del odio al pueblo tiene como correlato la tentativa de generar
miedo en las personas que salen a las calles a protestar de manera pacífica.
Esta estrategia que combina odio y miedo se ve nuevamente confirmada en el proceso judicial que se
desarrolla en los juzgados de Ourense y en el que siete estudiantes son juzgados por defender sus
derechos y la enseñanza pública. Significativo es que el Gobierno impulse una acción penitenciaria contra
estudiantes. Y que incluso en la concentración realizada días atrás en su apoyo se vuelvan a identificar a
personas por simplemente ejercer el derecho de reunión y manifestación.
Los incidentes sucedieron en octubre del 2012 en el marco de las movilizaciones estudiantiles en
defensa de la enseñanza pública. Movilización concluida con el acto político de imputar por la Fiscalía a
los siete estudiantes, en una acción en la que participó alumnado a partir de los catorce años. Una de
tantas protestas en defensa de la enseñanza pública.
Las condenas que se piden para estos jóvenes, de hasta cinco años de cárcel, evidencian lo que
intenta el Gobierno: cerrar con sanciones penitenciarias las calles. La criminalización de la protesta
ciudadana como respuesta de un poder enfeudado a la violencia neoliberal.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a que se dirija a las autoridades
competentes para reclamar la retirada de las acusaciones por lo menos por parte de la Fiscalía, demanda
la absolución de los acusados y afirma el derecho de la ciudadanía a disponer de una enseñanza pública,
universal y gratuita, liberada ya de la violencia de los recortes austericidas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2015.—María Caridad García Álvarez,
Diputada.—José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La
Izquierda Plural.
cve: BOCG-10-D-637