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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 637 27 de marzo de 2015 Pág. 43
Como cualquier instrumento la CCP también puede aplicarse de forma errónea. En el Estado español,
lamentablemente, hay casos bien claros.
Uno es el de las autopistas radiales de Madrid; actualmente todas en bancarrota. Se hicieron unas
previsiones de tráfico muy por encima de las que realmente se han producido, sin tener en cuenta que los
potenciales usuarios disponían de autovías libres de peaje para realizar los mismos recorridos. El coste
para las arcas públicas puede alcanzar hasta los 8.000 millones de euros.
Otro ejemplo de la mala aplicación de la CCP es el almacén de gas natural Castor, que de momento
ha supuesto un gasto inicial de 1.350 millones de euros para Enagás. Sin embargo para los consumidores
de gas la cifra que tendrán que asumir es mucho mayor: 4.731 millones de euros debido a que los bancos,
que son los que han financiado los 1.350 millones iniciales, recibirán los correspondientes intereses
del 4,25 % durante 30.
Desgraciadamente no es el único, el TPFerro, el túnel de alta velocidad que conecta la red ferroviaria
de alta velocidad a ambos lados del Pirineo se finalizó en febrero de 2009, tal y como estipulaba el
contrato, momento a partir del cual la empresa concesionaria empezó a cobrar, a pesar de que no
circulaban trenes. No fue hasta el cabo de cuatro años, en enero de 2013, que la línea de alta velocidad
llegó al túnel por su lado sur. Durante este tiempo la empresa cobró 200 millones por lucro cesante.
Desde 2013, la poca circulación de trenes ha hecho que la empresa concesionaria haya presentado una
demanda que puede terminar en un mayor coste para los contribuyentes.
Hay que mencionar que la CPP no puede ser vista meramente como una forma de financiación de
infraestructuras ante la falta de financiación de las Administraciones Públicas ya que se puede dar el caso,
tal y como ha ocurrido en numerosas ocasiones que esta forma de construcción de infraestructuras acabe
suponiendo un coste final de más de tres veces si la infraestructura es realizada por las Administraciones
Públicas. Además de imposibilitar la ejecución de futuras inversiones.
Estos casos ponen de manifiesto que antes de realizar una infraestructura se debe analizar si esta es
necesaria, y en caso afirmativo, cómo se debe llevar a cabo. Es decir, dados los recursos públicos
disponibles qué agente, ya sea público o privado y de qué modo, es el que pueda dar un mayor valor
percibido por los usuarios de aquella infraestructura en contraprestación con el dinero público comprometido.
Lo que se denomina «good value for money».
Para una buena aplicación de la CPP se debe analizar los riesgos de cada uno de los proyectos.
Básicamente, el riesgo de construcción, debido a incrementos presupuestarios de la obra o demora en la
entrega; el riesgo de disponibilidad, a causa de que el concesionario está obligado a mantener la
infraestructura en estado de disponibilidad independientemente de las causas externas que afectan al
activo y el riesgo de demanda, debido a que el pago percibido por el concesionario está sujeto a los
usuarios de la infraestructura. En función del agente que tiene mejores respuestas para cada uno de estos
riesgos formular o no la CPP.
Hay que mencionar que en caso de escoger la CPP hay que evitar la incompetencia de las
Administraciones para evitar que los contribuyentes tengan que asumir riesgos que no les correspondan.
A diferencia de la Unión Europea, donde hay numerosos casos de éxito de la CPP y existe el European
Expertise Center o en el Reino Unido con el Partnerships UK encargados de asesorar al sector público a
la hora de emprender proyectos a través de la CPP, en el Estado español no existe ningún organismo que
realice estas funciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear de forma inmediata la Oficina de Asesoramiento
sobre Proyectos de Colaboración Público-Privada, respecto a los proyectos de inversión o de explotación
de determinados servicios públicos en los que intervenga la Administración General del Estado, con la
función de asesorarla en los estudios previos y términos contractuales que deben acompañar a esta
colaboración, con el objetivo de minimizar riesgos de insolvencia o de rescate de la concesión como los
que se han producido en los últimos años.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2015.—Josep Antoni Duran i Lleida,
Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
cve: BOCG-10-D-637