Antecedentes - SPIJ - Ministerio de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL ESPECIAL
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EXP. Nº A.V. 19 – 2001
Parte i - Antedentes
3. La Fiscalía en su acusación oral abordó veintiún temas y formuló tres
pedidos de procesamiento penal. Ratificó su petición principal respecto del
objeto penal: treinta años de pena privativa para el acusado –destacó que
los delitos graves enjuiciados fueron realizados por un aparato organizado de poder
que lideró por ser jefe de Estado, a cuyo efecto utilizó el poder estatal, a las Fuerzas
Armadas y al Servicio de Inteligencia Nacional, a la vez que dirigió actos de
impunidad de los hechos en cuestión–, y del objeto civil, esto es, del monto de
la reparación civil fijado en la acusación escrita: cien millones de soles para
los casos de asesinato y lesiones, y trescientos soles a favor de cada
agraviado por el delito de secuestro. El señor fiscal supremo, asimismo,
reiteró la tipificación de los cuatro hechos acusados: asesinato, lesiones
graves y secuestro agravado –explicó y justificó la calificación de las
circunstancia agravantes de alevosía y trato cruel–, y afirmó la responsabilidad
penal del acusado a título de autor mediato por dominio de un aparato
organizado de poder –el acusado, anotó, tuvo el dominio de los hechos
delictivos juzgados a través del dominio de la organización que encabezó,
asentada en el SIN, y caracterizada por su rígida estructura jerárquica para los que
contaba con Vladimiro Montesinos Torres y Nicolás Hermoza Ríos–. También solicitó
se disponga el procesamiento de Alberto Pinto Cárdenas, Vladimiro
Montesinos Torres y Nicolás de Bari Hermoza Ríos por delito de secuestro en
agravio de Gustavo Gorriti Ellenbogen; de Willy Chirinos Chirinos por delito
de falso testimonio en agravio del Estado; y de Nicolás de Bari Hermoza Ríos
por delito de rebelión en agravio del Estado.
4. La parte civil en su alegación, que abordó dieciocho temas, coincide con
la Fiscalía respecto a la realidad de los hechos enjuiciados y la forma y
circunstancias en que ocurrieron. En lo que respecta a la subversión
terrorista insistió en que el acusado decidió desde inicios de mil novecientos
noventa y uno la aplicación de una estrategia de doble cara: pública y
clandestina –esta última, de guerra sucia, que implicó la creación de
Destacamentos Especiales de Inteligencia, específicamente del Destacamento
Colina, que operó más de un año, y fue el que cometió los crímenes de Barrios Altos
y La Cantuta–. Afirmó que el SIN, dirigido por Vladimiro Montesinos Torres, se
consolidó como el aparato de poder que sirvió de instrumento para el plan
criminal atribuido al acusado, que importó la implementación de una
política sistemática de violación de derechos humanos. El secuestro de
Gorriti Ellenbogen fue parte de un plan criminal ideado por el acusado y
ejecutado siguiendo sus disposiciones, para garantizar el resultado de la
interrupción del orden constitucional, el mismo que afectó a dirigentes
políticos y periodistas. Por último, como consecuencia de lo anterior, reitera
las pretensiones formuladas en la fase intermedia: indemnizatorias, de
rehabilitación, satisfactorias de satisfacción y de no repetición.
5. La defensa técnica del acusado Fujimori Fujimori introdujo las alegaciones
que a continuación se indican:
A. En el antejuicio seguido al acusado se violó el derecho de defensa, pues
no contó con el concurso de un abogado defensor, lo que implica que
los actos de investigación acopiados no pueden erigirse en actos de
prueba y, en consecuencia, deben excluirse del acerbo probatorio.
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