MODIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO - Agustín Gordillo

XII-24el acto administrativoción. Es que los tribunales procuran dar la solución que satisface su sentido dejusticia en la apreciación de los hechos, más allá de si ello supone sustituirlo oreformar el acto ella misma. La coincidencia de las tres instancias en este casorecuerda igual solución, en aquel caso favorable al particular, en que se anulararetroactivamente un acto revocatorio de un acto estable. 12214. La orden judicial de sustituciónCon todo, es posible señalar casos en que el tribunal no se encuentra en condicionesmateriales de emitir él mismo el instrumento del acto debido, p. ej. laconfección de un diploma, caso en el cual el reconocimiento del derecho por eltribunal (que una persona es acreedora al título) puede incluir el dictado delacto administrativo pero no la confección material del diploma en sede judicial,cuyo cumplimiento debe ser ordenado a la administración. 123 Nada impediría, encambio, que en otros supuestos el tribunal ordenara la producción de los efectosjurídicos correspondientes, p. ej. ordenando al colegio profesional pertinente lainscripción en sus registros del actor al cual se reconoce su derecho al título. 124Funciona habitualmente y sin inconvenientes la orden judicial al Registro de laPropiedad para la realización de las anotaciones correspondientes en materiacivil y también procesal administrativa, al Registro Civil por los jueces civilesen cuestiones de esa naturaleza, etc.En cualquier caso, es claro que ninguna ley puede constitucionalmente limitaro eliminar la facultad del juez de hacer cumplir sus sentencias. Una detales facultades, de probada eficacia en la experiencia, es la de imponer multaspersonales o astreintes a los funcionarios que tienen a su cargo la realizaciónde la actividad material necesaria para cumplir la sentencia. 125 Claro está, lasastreintes deben guardar alguna razonable proporción con el sueldo o los bienespersonales del agente para no caer en desproporcionalidad. En los sueldos delmagro comienzo del siglo XXI en la Argentina, en la Provincia de Buenos Aires,suele observarse que $ 50, o sea alrededor de 16-18 € o U$S de multa diaria parael caso de incumplimiento de la decisión judicial por un funcionario determina-122CSJN, Hernández, ED, 108: 586, con notas de Barra, “La nulidad del acto administrativoy los efectos de su declaración,” ED, 108: 586 y Bianchi, “La acción de amparo y los límites de lapotestad revocatoria de la administración pública,” ED, 108: 592.123Comp. Mairal, Control…, op. cit., t. II, p. 910. Lo mismo ocurriría si se impidiera a una personaejercer la profesión mientras se discute el ámbito de aplicación del título, como lo resolvió la CCivil,Com. y Laboral de Rafaela, en Enrique de Tita, Daniela c. Colegio de Psicopedagogos de la Provinciade Santa Fe, LL Litoral, 1997: 1015, que hemos incluído con otras medidas autosatisfactivas en “Losgrandes fallos de la actualidad,” Después de la reforma del Estado, op. cit., 2ª ed., cap. XI.124Si es que todavía subsiste el sistema de reconocer a los títulos profesionales directo carácterhabilitante ad vitam, contra toda la cambiante realidad que indica a las claras la irrazonabilidady el disvalor de semejante alcance. Pero eso, claro está, es otra cuestión.125Ver nuestro artículo “Hay jueces en la Argentina: la inconstitucionalidad de la prohibiciónde imponer astreintes a los funcionarios públicos,” LL, 2004-C, 152-5, nota al fallo D’Ormea, JNFCA n° 4; en la publicación el título salió truncado luego de “imponer.” .