Caso VÃ©lez Loor vs PanamÃ¡. Sentencia de 23 de noviembre ... - Acnur

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32párr. 175). Con posterioridad el señor Vélez Loor fue trasladado al Centro PenitenciarioLa Joyita 76 .95. El 8 de septiembre de 2003 la Directora Nacional de Migración, medianteresolución 8230, resolvió dejar sin efecto la pena impuesta al señor Vélez Loor, ya quepresentó un pasaje para abandonar el país 77 , y al día siguiente fue trasladado del CentroPenitenciario La Joyita hacia las instalaciones de la Dirección Nacional de Migración enCiudad de Panamá 78 . El 10 de septiembre de 2003 el señor Vélez Loor fue deportadohacia la República del Ecuador 79 .96. La norma que dio fundamento a la privación de la libertad del señor Vélez Loorera el Decreto Ley 16 de 30 de julio de 1960 sobre Migración 80 , el cual fue derogadomediante el artículo 141 del Decreto Ley No. 3 de 22 de febrero de 2008 81 . Esto es, conposterioridad a los hechos que motivaron el presente caso, se introdujeron reformas enel marco normativo panameño en materia migratoria. Sin embargo, corresponde que elTribunal se pronuncie sobre la ley migratoria que estaba vigente en Panamá a la fecha enque sucedieron los hechos del presente caso y fue aplicada al señor Vélez Loor enrelación con las obligaciones que incumben a Panamá en virtud de la ConvenciónAmericana.97. Este Tribunal ya ha manifestado que, en el ejercicio de su facultad de fijarpolíticas migratorias 82 , los Estados pueden establecer mecanismos de control de ingreso76Cfr. Comunicación No. DNMYN-SI-1265-02 emitida por la Dirección Nacional de Migración yNaturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia dirigida al Director de la Zona de Policía de Darién de laPolicía Nacional el 12 de diciembre de 2002 (expediente de prueba, tomo VI, anexo 2 a la contestación de lademanda, folio 2483); Comunicación No. DNMYN-SI-1264-02 emitida por la Dirección Nacional de Migración yNaturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia dirigida al Supervisor de Migración en Metetí, Provincia deDarién el 12 de diciembre de 2002 (expediente de prueba, tomo VI, anexo 2 a la contestación de la demanda,folio 2484); Comunicación No. DNMYN-SI-1266-02 emitida por la Dirección Nacional de Migración yNaturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia dirigida al Director del Centro Penitenciario La Joya el 12 dediciembre de 2002 (expediente de prueba, tomo VI, anexo 2 a la contestación de la demanda, folio 2485), yOficio No. 2778 T emitida por la Directora General del Sistema Penitenciario dirigido a la Dirección Nacional deMigración y Naturalización el 11 de diciembre de 2002 (expediente de prueba, tomo VI, anexo 2 a lacontestación de la demanda, folio 2486).77Cfr. Resolución No. 8230 emitida por la Dirección Nacional de Migración y Naturalización del Ministeriode Gobierno y Justicia el 8 de septiembre de 2003 (expediente de prueba, tomo VI, anexo 1 a la contestaciónde la demanda, folios 2398 a 2399) y Nota No. 268-DGSP.DAL, supra nota 69.78Cfr. Ficha de egreso del Centro Penitenciario de La Joyita de Jesús Vélez Loor el 9 de septiembre de2003 (expediente de prueba, tomo VI, anexo 3 a la contestación de la demanda, folio 2536), e Informe delDirector General de la Policía Nacional, supra nota 69, folio 1574.79Cfr. Nota A.J. No. 551 emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá a la Embajadorade Panamá en el Ecuador el 10 de marzo de 2004 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 3 al escrito autónomode solicitudes, argumentos y pruebas, folios 1567 a 1568); Salvoconducto No. 59/03 emitido por el ConsuladoGeneral del Ecuador en Panamá el 10 de septiembre de 2003 (expediente de prueba, tomo III, anexo 21 a lademanda, folio 1254); Nota No. DNMYN-AL-32-04, supra nota 70; Nota No. 4-2-105/2009 emitida por laEmbajada de Ecuador en Panamá dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá el 15 de septiembrede 2009 (expediente de prueba, tomo VI, anexo 1 a la contestación de la demanda, folio 2437).80Cfr. Decreto Ley No. 16 de 30 de junio de 1960 publicado en la Gaceta Oficial el 5 de julio de 1960(expediente de prueba, tomo VIII, anexo 54 a la contestación de la demanda, folios 3619 a 3635) y DecretoLey No. 16 de 30 de junio de 1960 sobre Migración, texto integrado, con sus respectivas modificaciones,subrogaciones, derogaciones y adiciones (expediente de prueba, tomo III, anexo 1 a la demanda, folios 1145 a1155).81Cfr. Decreto Ley No. 3 de 22 de febrero de 2008 que crea el Servicio Nacional de Migración, la CarreraMigratoria y dicta otras disposiciones, publicada en la Gaceta Oficial Digital el 26 de febrero de 2008(expediente de prueba, tomo VII, anexo 10 a la contestación de la demanda, folio 2895).82La política migratoria de un Estado está constituida por todo acto, medida u omisión institucional(leyes, decretos, resoluciones, directrices, actos administrativos, etc…) que versa sobre la entrada, salida o
33a su territorio y salida de él con respecto a personas que no sean nacionales suyas,siempre que dichas políticas sean compatibles con las normas de protección de losderechos humanos establecidas en la Convención Americana 83 . En efecto, si bien losEstados guardan un ámbito de discrecionalidad al determinar sus políticas migratorias,los objetivos perseguidos por las mismas deben respetar los derechos humanos de laspersonas migrantes 84 .98. En este sentido, la Corte ha establecido que de las obligaciones generales derespetar y garantizar los derechos, derivan deberes especiales, determinables en funciónde las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por sucondición personal o por la situación específica en que se encuentre 85 . A este respecto,los migrantes indocumentados o en situación irregular han sido identificados como ungrupo en situación de vulnerabilidad 86 , pues “son los más expuestos a las violacionespotenciales o reales de sus derechos” 87 y sufren, a consecuencia de su situación, un nivelelevado de desprotección de sus derechos y “diferencias en el acceso […] a los recursospúblicos administrados por el Estado [con relación a los nacionales o residentes]” 88 .Evidentemente, esta condición de vulnerabilidad conlleva “una dimensión ideológica y sepresenta en un contexto histórico que es distinto para cada Estado, y es mantenida porsituaciones de jure (desigualdades entre nacionales y extranjeros en las leyes) y de facto(desigualdades estructurales)” 89 . Del mismo modo, los prejuicios culturales acerca de losmigrantes permiten la reproducción de las condiciones de vulnerabilidad, dificultando laintegración de los migrantes a la sociedad 90 . Finalmente, es de notar que las violacionesde derechos humanos cometidas en contra de los migrantes quedan muchas veces enpermanencia de población nacional o extranjera dentro de su territorio. Cfr. Condición Jurídica y Derechos delos Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18,párr. 163.83Cfr. Asunto Haitianos y Dominicanos de origen Haitiano en la República Dominicana respecto RepúblicaDominicana. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de 18 de agosto de 2000,Considerando cuarto.84Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, supra nota 82, párr. 168. Deigual forma, el Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre los derechoshumanos de los migrantes, ha sostenido que “[a]unque todos los Estados tienen el derecho soberano deproteger sus fronteras y regular sus políticas de migración, al promulgar y aplicar la legislación nacional enmateria de inmigración también deben asegurar el respeto de los derechos humanos de los migrantes”.Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, “Promoción y protección de todos los derechos humanos,civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo”, Informe del RelatorEspecial sobre los derechos humanos de los migrantes, Sr. Jorge Bustamante, A/HRC/7/12, 25 de febrero de2008, párr. 14 (expediente de prueba, tomo V, anexo 24 al escrito autónomo de solicitudes, argumentos ypruebas, folio 2017).85Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 111; Caso González y otras (“Campo Algodonero”), supra nota 20,párr. 243, y Caso Anzualdo Castro, supra nota 60, párr. 37.86Del mismo modo, la Asamblea General de las Naciones Unidas resaltó “la situación de vulnerabilidaden que suelen encontrarse los migrantes debido, entre otras cosas, a que no viven en sus Estados de origen y alas dificultades que afrontan a causa de diferencias de idioma, costumbres y culturas, así como las dificultadeseconómicas y sociales y los obstáculos para regresar a sus Estados de origen a que deben hacer frente losmigrantes sin documentación o en situación irregular”. Naciones Unidas, Asamblea General, Resolución sobre“Protección de los migrantes”, A/RES/54/166, 24 de febrero de 2000, Preámbulo, párr. quinto, citado enCondición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, supra nota 82, párr. 114.87Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, “Grupos específicos e individuos: Trabajadoresmigrantes. Derechos humanos de los migrantes”, Informe presentado por la Relatora Especial, Sra. GabrielaRodríguez Pizarro, de conformidad con la Resolución 1999/44 de la Comisión de Derechos Humanos,E/CN.4/2000/82, 6 de enero de 2000, párr. 28.888990Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, supra nota 82, párr. 112.Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, supra nota 82, párr. 112.Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, supra nota 82, párr. 113.
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