Caso Vélez Loor vs Panamá. Sentencia de 23 de noviembre ... - Acnur

38No. ZPD/SDIIP 192-02 113 . La Corte entiende que poner a órdenes no necesariamenteequivale a poner en presencia del Director de Migración. Ciertamente, como ya ha sidoestablecido, para satisfacer la exigencia del artículo 7.5 de “ser llevado” sin demora anteun juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, eldetenido debe comparecer personalmente ante la autoridad competente, la cual debe oírpersonalmente al detenido y valorar todas las explicaciones que éste le proporcione, paradecidir si procede la liberación o el mantenimiento de la privación de libertad 114 .110. Por otra parte, la Corte observa que, una vez que el señor Vélez Loor fuetrasladado al poblado de Metetí se rellenó un formulario de migración denominado de“filiación”, con los datos personales y las razones por las que se encontraba enPanamá 115 . De este acto no se advierte que se haya notificado por escrito al señor VélezLoor de las alternativas que establecía el referido Decreto Ley, de conformidad con elartículo 58 del mismo, en cuanto a la obligación que tenía de legalizar su permanencia oabandonar el país por sus propios medios, dentro de un término prudencial que no podíaser menor de tres (3) días ni mayor de treinta (30), sin perjuicio de las otras sancionesestablecidas. Tampoco se desprende el cargo del funcionario que inscribió el documentoy, en consecuencia, si habría valorado todas las explicaciones que el señor Vélez Loorestaba en condiciones de proporcionar a fin de decidir si procedía la liberación o elmantenimiento de la privación de libertad o si tenía propiamente la facultad de decidirsobre la continuidad de la detención o su puesta en libertad.111. En razón de las consideraciones expuestas, el Tribunal considera que el Estado noha aportado elementos suficientes que demuestren que cumplió con las previsionesestablecidas en el artículo 7.5 de la Convención.b) Orden de detención 1430 de 12 de noviembre de 2002112. La Comisión planteó que la detención del señor Vélez Loor fue arbitraria, desdeque se dictó el auto de detención de 12 de noviembre de 2002 hasta que se efectivizó sudeportación el 10 de septiembre de 2003. A criterio de la Comisión, la detenciónúnicamente es permisible sobre la base de una evaluación individualizada y para darcumplimiento a un interés legítimo estatal, “como asegurar la comparecencia de unapersona al trámite de determinación de estatus migratorio y posible deportación”.Asimismo, sostuvo que el argumento de la “amenaza para la seguridad pública” sólopodría fundarse bajo “circunstancias excepcionales en las cuales existan serios indiciosdel riesgo que representa una persona”. Al respecto, la Comisión señaló que no consta enla decisión de 12 de noviembre de 2002 referencia alguna a “la situación individualizadade la [presunta] víctima, a las razones por las cuales procedía la detención y no otramedida menos lesiva, ni a los motivos por los cuales el señor Jesús Vélez Loor implicabaun riesgo para la seguridad o el orden público [por lo que] la detención resultóarbitraria”. La única motivación de la misma fue indicar que el señor Vélez Loor seencontraba “ilegal” por razones de “seguridad y orden público”.113. El Estado señaló que la orden de detención tenía un carácter preventivo y fueemitida mientras la autoridad migratoria examinaba el caso. Alegó que el goce delderecho a la libertad personal del señor Vélez fue suspendido con arreglo a las formas113Cfr. Oficio No. ZPD/SDIIP 192-02, supra nota 67; Nota No. DNMYN-AL-32-04, supra nota 70; Informedel Director General de la Policía Nacional de Panamá, supra nota 69; Orden de Detención No. 1430-DNMYN-SI,supra nota 70.114Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, supra nota 99, párr. 85, y Caso Bayarri, supra nota 27,párr. 65.115Cfr. Filiación del señor Vélez Loor, supra nota 71.