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P Esacusar a los guachos porque iban a meterse en problemas. Ellas tienen miedo de que lespase lo mismo que a mí y por eso ya no me quieren apoyar, ni se quieren organizar”. P5FSin embargo, los vínculos comunitarios de solidaridad de quienes están deacuerdo con el reclamo de justicia de Inés se han podido reconstituir en el espaciocolectivo de la OPIM, en donde ella ha encontrado el apoyo que algunas de suscompañeras de Barranca Tequani le han negado. “La OPIM es ahora para mí mi familiay mi comunidad, ellos han sufrido conmigo por la falta de justicia, son como mi padre ymi madre” P6F7acompañada de las otras mujeres de la OPIM que Inés ha retomado suliderazgo local y ha empezado a discutir los términos de implementación de lasentencia.Inés en me´phaa y Valentina en español, han decidido contar sus historias aquienes las quieran escuchar. Es así que sus testimonios circulan en la red a través de undocumental intitulado Mirando Hacia Adentro. La Militarización en Guerreo en dondenos cuentan no sólo las historias de violencia que han sufrido, sino también susexperiencias de lucha por la justicia. Sus voces nos recuerdan que la curación de lasheridas que deja la violencia no siempre pasa por el olvido, muchas veces la memoriapuede ser una estrategia terapéutica y una herramienta de lucha. Recordar paradenunciar, recordar para compartir la experiencia de la reconstrucción personal,recordar para evitar que se repita la historia. Recordar para no dejar que sean losdiscursos del poder los que hegemonicen la memoria de nuestros pueblos.A las voces de Inés y Valentina, se han unido las de sus compañeros CuauhtémocRamírez, Andrea y Obtilia Eugenio, Fortina Fernández, , Orlando Manzanares, que nohan dejado de denunciar que la impunidad y la violencia hacia las mujeres es lo quecaracteriza a la presente administración. El gobierno mexicano no sólo ha fallado enprevenir el feminicido, entendido en un sentido amplio cómo “una categoría que incluyetoda aquella muerte prematura de mujeres ocasionada por una inequidad de génerocaracterizada por la violación histórica, reiterada y sistémica de sus derechos humanos yciviles”, como nos lo ha demostrado la investigación promovida por la LIX Legislaturasobre Violencia Feminicida en México (Lagarde 2006), sino que ha sido directamenteresponsable de la utilización de la violencia física y sexual por parte de sus fuerzas deseguridad, como estrategias represivas contra los movimientos sociales.66 Entrevista a Inés Fernández, traducida por Andrea Eugenio, 13 de marzo del 2009.7 Ibidem.11
La violencia de género de la que dan cuenta los testimonios de Inés y Valentinase ha dado al mismo tiempo que el gobierno ha firmado convenios internacionales afavor de los derechos de las mujeres y que se han emitido reformas legislativas quesupuestamente promueven “la eliminación de todas las formas de violencia contra lasmujeres”.Es este contexto de impunidad que las voces de estas mujeres claman justiciapara todas aquellas mujeres con miedo que han optado por el silencio. Hacer justicia noimplica ante los ojos de Inés, meter al soldado violador a la cárcel, sino parar laviolencia contrainsurgente en la región me´phaa, desmilitarizar las comunidades, darlesseguridad a las niñas y niños para andar por los caminos de la montaña sin seragredidos, tener un albergue en donde llegar en la cabecera municipal de Ayutla de losLibres, para que sus hijas no tengan que trabajar como sirvientas en las casas de lospatrones mestizos, conocer sus derechos y tener un centro para formarse comopromotoras de derechos humanos, cambiar los espacios de justica marcados por elracismo y la misoginia, entre algunas de las demandas que surgieron de los tallerescolectivos en los que se discutieron las reparaciones comunitarias que se pedirían a la8Corte.P7FEl 30 y 31 de agosto del 2010 la CoIDH emitió las sentencias en contra delEstado Mexicano en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. Elfallo de la Corte fue en sí mismo reparador, pues después de tantos años de esperareconoció finalmente la legitimidad de las denuncia de Inés y Valentina, así como laresponsabilidad del Estado en el uso “de violencia institucional castrense contra laintegridad física de la víctima”.Las sentencias están integrada por 16 y 17 resolutivos respectivamente, en losque los jueces demandan que se efectúen reparaciones en el ámbito de la justiciacastigando a los culpables, reconociendo públicamente las responsabilidades delEstado, modificando e implementando políticas públicas que promuevan y faciliten elacceso a la justicia para mujeres indígenas e impulsando reparaciones de alcancecomunitario como la construcción de un centro de derechos de las mujeres y unalbergue escolar, en el caso de Inés y el mejoramiento del Centro de Salud deCaxitepec, en el caso de Valentina; promoviendo reformas legislativas que limiten elfuero militar y que establezca que en las violaciones a los derechos humanos cometidas8 Memorias del Taller sobre Reparaciones Comunitarias realizado con Inés Fernández y los integrantesde la OPIM en Ayutla de los Libres, Febrero 2009.12
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