Descargar PDF - Programa de Equidad de GÃ©nero en la Suprema ...

More documents

Recommendations

Info

ante la justicia militar vienen a confirmar esta interseccionalidad de exclusiones. Aligual que en la mayoría de las regiones indígenas de México, los Ministerios Públicosde Ayutla de los Libres y de Acatepec, son funcionarios mestizos que desconocen losidiomas indígenas hablados en la región (el mepha’a y el tu'un sávi o mixteco) y que nocuentan con el apoyo de un intérprete ó traductor, por lo que Inés Fernández solicitó elapoyo de la Sra. Obtilia Eugenio, dirigente de la OPIM, para poner la denuncia. En lasentrevistas realizadas tanto a Inés como a Valentina ambas nos relataron el mal trato yla falta de interés por parte de las autoridades judiciales ante su denuncia, quienesdeterminaron que no eran competentes para investigar la violación ya que las personasque presuntamente habían cometido el hecho delictuoso pertenecían al ejércitomexicano, por lo que decidieron turnarlo al Ministerio Público militar.Los estudios antes citados sobre el acceso a la justicia de mujeres indígenas dancuenta de que las experiencias de Inés y Valentina son casi la norma en lo que respectaa los procesos judiciales de hombres y mujeres indígenas frente a la justicia estatal, apesar de que en la reforma al artículo 2do Constitucional del 2001 se establece elderecho a contar con apoyo de traducción y de peritajes antropológicos. Lanormatividad sobre intérpretes está contenida también en el Código Penal Federal (CPF)y en el Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP), pero hace recaer ladeterminación sobre la suficiencia en el manejo del español en el mismo agente delministerio público (MP), por lo que el derecho al intérprete depende de lo que el sentidocomún del MP considere “suficiente”. En diciembre del 2002 se reformó nuevamente elCFPP donde ahora los artículos 15, 18, 124 bis, 128 párrafos IV, 154, y 159, hacenobligatorio que los intérpretes y los defensores tengan conocimiento de las lenguas,cultura, usos y costumbres indígenas. Lo que encontramos en ambos casos es que estasreformas son letra muerta ya que los Ministerios Públicos no cuentan con personalindígenas o al menos que “conozcan la cultura de los demandantes”.Esta violación a sus derechos lingüísticos y culturales, no es sólo producto de lafalta de personal y capacitación que posibilite un mayor acceso a la justicia por parte delos pueblos indígenas, sino que va aunada a un trato denigrante y racista por parte de losfuncionarios públicos, que en muchos sentidos reproduce las jerarquías raciales quemarcan a la sociedad mexicana en su conjunto. En el caso de las mujeres indígenas, esteracismo estructural que reproducen las instituciones del Estado, se ve profundizado por ladiscriminación de género, que muchas veces las re-victimiza al tratar los casos de7
violencia sexual con una falta de sensibilidad que toma la forma de violencia simbólica.Este es el caso del médico legista que en un primer momento intentó dar fe de la violaciónde Inés Fernández, quien ante la solicitud de ella de que fuera una doctora la que hiciera larevisión le respondió “Que importa que te revise un hombre, ¿acaso fueron mujeres lasque te violaron” P2F3Durante diez años, Inés y Valentina recorrieron los caminos de la Costa Chicabuscando justicia, enfrentándose al racismo y a la misoginia de funcionarios públicos.Durante este vía crusis ambas mujeres debieron enfrentar amenazas de muerte, críticascomunitarias, tensiones familiares, que en el caso de Valentina culminaron con elabandono de su esposo y en el caso de Inés con el asesinato de su hermano Lorenzo, quienhabía sido su principal apoyo en el proceso de denuncia y quien fue torturado y asesinadopor “desconocidos”.Salir a reclamar justicia, implico para Inés dejar muchas veces a sus hijos a cargode Nohemí, su hija mayor, que era apenas una pre-adolescente y que tuvo que superar susmiedos para asumir las responsabilidades familiares mientras sus padres viajaban a lacabecera municipal de Ayutla de los Libres, a Tlapa, a Chilpancingo, o a Washington.Valentina por su parte, tuvo que abandonar su casa, su familia, su milpa, al dejar BarrancaBejuco tras diversas amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares vinculados conel ejército.En sus búsquedas de justicia ambas mujeres fueron construyendo redes desolidaridad y encontrando aliados que las han acompañado durante estos nueve años comolos integrantes del Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan, las Brigadas de Paz, elequipo de Amnistía Internacional en México, entre otros. Con algunos de ellos cruzaronlas fronteras nacionales rumbo a Washington para presentar sus casos ante la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos, para finalmente llevarlos a la CorteInteramericana en el 2010.Las identidades culturales y la historia regional han marcado la maneraespecífica en que ambas mujeres vivieron la violación y su posterior búsqueda dejusticia. Tanto Valentina como Inés habían empezado a organizarse en torno a susderechos y los de sus pueblos, y sus violaciones son interpretadas y vividas por ellas ypor sus familias a la luz de una memoria histórica que vincula la presencia del ejércitocon la violencia y la impunidad que se vive en la región desde la década de los setenta3 Entrevista a Inés Fernández marzo 13, 2009.8
Page 3 and 4: La apropiación del litigio interna
Page 5 and 6: P .Ortega, una mujer pequeña con u
Page 7: por miedo a las represalias del ej
Page 11 and 12: de sus regiones, el alto a la impun
Page 13 and 14: La violencia de género de la que d
Page 15 and 16: extiendo la más sincera de las dis
Page 17 and 18: A pesar de las estrategias dilatori
Page 19 and 20: movimientos, ante el encarcelamient
Page 21 and 22: Bibliografía CitadaCrenshaw, Kimbe

Descargar PDF - Programa de Equidad de GÃ©nero en la Suprema ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?