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Comitédel litigio estratégico a favor de los derechos de las mujeres, por el reconocimientointernacional que se hizo a las causas estructurales de la violencia de género. En el 2009la CoIDH dictaminó que los feminicidios del “Campo Algodonero” eran parte de unpatrón de violencia sistemática basada en el género, la edad y la clase social, instando algobierno mexicano a proveer una serie de medidas de reparación, “orientadas aidentificar y eliminar los factores estructurales de la discriminación”, con el fin últimode transformar las desigualdades implícitas de género que generaron la violencia.4TEstas experiencias han llevado al 4Tde América Latina y el Caribe para laDefensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), una de las principales redeslatinoamericanas feministas que trabajan en el ámbito de la justicia de género, a afirmarque la justicia internacional es una herramienta importante en el avance de los derechosde las mujeres al lograr mediante los casos de litigio estratégico: “1. La obtención dejurisprudencia de género en el sistema internacional de protección de los derechoshumanos. 2. La socialización de los procesos y los resultados obtenidos con elmovimiento amplio de mujeres y otros movimientos sociales en un ejercicio colectivode construcción ciudadana. 3. Modificaciones normativas y de políticas públicas yacciones reparatorias obtenidas: a) como consecuencia de acciones tendientes a laexigencia de su cumplimiento y acordes con las resoluciones del plano internacional, b)acuerdos de solución amistosa o c) con la asunción directa de responsabilidad en actospúblicos.” (1TUwww.cladem.orgU1T).Si bien es cierto, que estos casos paradigmáticos tienden a ser evaluados demanera positiva por las organizaciones feministas a partir de los impactos que hantenido en la jurisprudencia de género y en las políticas públicas, sabemos muy poco delos efectos reales que el proceso de denuncia ha tenido en las mujeres que se hanatrevido a confrontar a los poderes estatales y llevar sus denuncias más allá de lasfronteras nacionales. Fue esta preocupación la que me llevó a dudar cuando fui invitadaa participar como perito ante la CoIDH para los casos de Inés Fernández Ortega yValentina Rosendo Cantú. ¿Eran realmente ellas quienes querían llevar su denuncia aese tribunal internacional, o eran los organismos de derechos humanos que la apoyabanquienes habían presionado para realizar este “litigio estratégico”?Con estas interrogantes en mente fue que llegué por primera vez en marzo del2009 a Barranca Tequani, una comunidad de me´phaa de unas 500 personas en elmunicipio de Ayutla de los Libres, en Guerreo, en donde conocí a Inés Fernández3