Descargar PDF - Programa de Equidad de Género en la Suprema ...

ante la justicia militar vienen a confirmar esta interseccionalidad de exclusiones. Aligual que en la mayoría de las regiones indígenas de México, los Ministerios Públicosde Ayutla de los Libres y de Acatepec, son funcionarios mestizos que desconocen losidiomas indígenas hablados en la región (el mepha’a y el tu'un sávi o mixteco) y que nocuentan con el apoyo de un intérprete ó traductor, por lo que Inés Fernández solicitó elapoyo de la Sra. Obtilia Eugenio, dirigente de la OPIM, para poner la denuncia. En lasentrevistas realizadas tanto a Inés como a Valentina ambas nos relataron el mal trato yla falta de interés por parte de las autoridades judiciales ante su denuncia, quienesdeterminaron que no eran competentes para investigar la violación ya que las personasque presuntamente habían cometido el hecho delictuoso pertenecían al ejércitomexicano, por lo que decidieron turnarlo al Ministerio Público militar.Los estudios antes citados sobre el acceso a la justicia de mujeres indígenas dancuenta de que las experiencias de Inés y Valentina son casi la norma en lo que respectaa los procesos judiciales de hombres y mujeres indígenas frente a la justicia estatal, apesar de que en la reforma al artículo 2do Constitucional del 2001 se establece elderecho a contar con apoyo de traducción y de peritajes antropológicos. Lanormatividad sobre intérpretes está contenida también en el Código Penal Federal (CPF)y en el Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP), pero hace recaer ladeterminación sobre la suficiencia en el manejo del español en el mismo agente delministerio público (MP), por lo que el derecho al intérprete depende de lo que el sentidocomún del MP considere “suficiente”. En diciembre del 2002 se reformó nuevamente elCFPP donde ahora los artículos 15, 18, 124 bis, 128 párrafos IV, 154, y 159, hacenobligatorio que los intérpretes y los defensores tengan conocimiento de las lenguas,cultura, usos y costumbres indígenas. Lo que encontramos en ambos casos es que estasreformas son letra muerta ya que los Ministerios Públicos no cuentan con personalindígenas o al menos que “conozcan la cultura de los demandantes”.Esta violación a sus derechos lingüísticos y culturales, no es sólo producto de lafalta de personal y capacitación que posibilite un mayor acceso a la justicia por parte delos pueblos indígenas, sino que va aunada a un trato denigrante y racista por parte de losfuncionarios públicos, que en muchos sentidos reproduce las jerarquías raciales quemarcan a la sociedad mexicana en su conjunto. En el caso de las mujeres indígenas, esteracismo estructural que reproducen las instituciones del Estado, se ve profundizado por ladiscriminación de género, que muchas veces las re-victimiza al tratar los casos de7