20151228

Lunes 28 de Diciembre del 2015 z REFORMA 3
Pegan a Segob
ajustes y salidas
AntOniO BARAnDA
La denominada “supersecretaría”
del Gobierno federal es una
dependencia remendada.
En lo que va del sexenio, la
Secretaría de Gobernación suma
más de 15 movimientos en
puestos de alto nivel, ya sea por
aspiraciones políticas, escándalos
y hasta presuntos delitos
electorales.
El caso más reciente —y polémico—
es el de Arturo Escobar,
ex dirigente del Partido
Verde Ecologista de México
(PVEM) acusado por la Fiscalía
Especial para la Atención de
Delitos Electorales (Fepade) de
violar la ley electoral.
Como subsecretario de Prevención
y Participación Ciudadana,
Escobar estuvo en el cargo
78 días, entre el 9 de septiembre
y el 25 de noviembre.
Su “legado” en dicha subsecretaría
fue el desmantelamiento
de su estructura original,
desprestigio y descontrol
interno.
En otras tres subsecretarías,
de las seis con que cuenta la
dependencia federal, también
ha habido rotación de titulares
en los primeros tres años de la
Administración.
En la de Derechos Humanos
se fue Lía Limón en medio
de señalamientos de organismos
internacionales por sistemáticas
violaciones de garantías
en nuestro País.
Llegó a ese puesto Roberto
Campa, quien posteriormente
tuvo que dejar la subsecretaría
de Prevención, cargo que ocupó
entre diciembre de 2012 y
abril de 2015.
En la de Población, Migración
y Asuntos Religiosos, se fue
Mercedes de Carmen Guillén
Vicente y llegó el priista Humberto
Roque Villanueva.
Tanto Limón como Guillén
dejaron la Segob para convertirse
en diputadas federales; la primera
por el Verde y la segunda
por el PRI.
Francisco Rivas, director
del Observatorio Nacional Ciudadano,
consideró que la constante
rotación de funcionarios
ratifica la falta de institucionalidad
en el Gobierno.
En entrevista, dijo que los
cambios en sí mismos no son
malos, aunque en algunos casos
sí han generado cierto “entorpecimiento”
del trabajo, como
en el caso de la subsecretaría
de Prevención.
“Más allá del tema de Escobar,
ha vivido momentos complicados,
desde que salió Roberto
campa cuánto tiempo estuvo
acéfala, y ahorita otra vez está
en situación incierta”, apuntó.
La subsecretaría de Normatividad
de Medios es actualmente
ocupada por Andrés
Chao, aunque al inicio del
sexenio estuvo encabezada por
Eduardo Sánchez, actual vocero
de la Presidencia.
...Y EN SEGURIDAD
Otra posición relevante con varios
cambios en el sexenio es la
de Comisionado Nacional de
Seguridad, que arrancó con el
ex Jefe de la Policía del Distrito
Federal, Manuel Mondragón.
Luego fue nombrado —y ratificado
por el Senado— Monte
Alejandro Rubido, quien salió
tras la fuga del penal del Altiplano
del capo Joaquín “El Chapo”
Guzmán. El 28 de agosto llegó
Renato Sales.
El área con más cambios
es el secretariado ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), órgano que
Piden a SFP exhibir a burócratas corruptos
REFORMA / StAFF
Más de 15 movimientos de funcionarios de alto nivel
ha sufrido la que fue llamada la “supersecretaría”
en lo que va de la presente Administración
Altas
y bajas
Los quE sE fuEroN
MANDo
Lía Limón García
le da a estados y municipios recursos
federales de seguridad.
Desde el arranque del sexenio,
han pasado por ahí José
Ramón Martel, Monte Alejandro
Rubido, el ex Gobernador
Jorge Carlos Hurtado y el ex
subprocurador de la PGR, Felipe
Muñoz.
Este último dejó el cargo
hace unas semanas y se prevé
que su lugar sea tomado por
Álvaro Vizcaíno, Coordinador
La Secretaría de la Función
Pública (SFP) deberá entregar
los nombres de los servidores
públicos contra los que interpuso
denuncia penal ante la
PGR y de los cuales exista sentencia
firme condenatoria.
El Pleno del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección
de Datos Personales
(INAI) adoptó este fallo luego
que un particular solicitó
a la SFP esa información además
del número, fecha y motivo
de las denuncias; si se implementaron
sanciones administrativas,
el daño ocasionado
al erario y cargo de los servidores
tanto sentenciados como
absueltos.
En principio, la SFP sólo
En la Secretaría de Gobernación los ajustes en puestos de alto nivel han sido
constantes en la primera mitad de este sexenio.
CArGo
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos
María del Carmen Guillén Vicente Subsecretaría de Población Migración y Asuntos Religiosos
Eduardo Sánchez Hernández
Monte Alejandro Rubido
Marcela González
Ricardo Bucio
Xiuh Tenorio
Juan Ignacio Hernández Mora
José Ramón Martel
Monte Alejandro Rubido
Jorge Carlos Hurtado
Felipe Muñoz
Los quE LLEGAroN
MANDo
Humberto Roque
Renato Sales
Andrés Chao
Alexandra Haas
Patricia Bugarín
Eduardo Guerrero
Jorge Rojo García de Alba
Alejandra Negrete
Luis Felipe Cangas
Ruth Zavaleta
José Luis Calderón
Subsecretaría de Normatividad de Medios
Comisión Nacional de Seguridad
Directora de Juegos y Sorteos
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Director General de Participación Ciudadana
Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
SESNSP
SESNSP
SESNSP
CArGo
Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos
Comisión Nacional de Seguridad
Subsecretaría de Normatividad de Medios
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Coordinación Nacional Antisecuestro
Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social
El Registro Nacional de Población e Identificación Personal
Comisión nacional para prevenir la Violencia contra las Mujeres
Dirección General de Juegos y Sorteos
Dirección General de Participación Ciudadana
Centro Nacional de Acreditación y Certificación
Los quE CAMbIAroN DE árEA
MANDo ANTEs AHorA
Roberto Campa Subsecretaría de Prevención Subsecretaría de Derechos
Cifrián y Participación Ciudadana Humanos
Ricardo Bucio Conapred Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
Los quE LLEGAroN y sE fuEroN
MANDo
CArGo
Arturo Escobar
Humberto Mayans
Alfredo Castillo
Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana
Coordinación para la Frontera Sur
Comisión para Michoacán
del Sistema de Desarrollo Policial
de la Policía Federal.
“El hecho de no tener la
certeza de que un funcionario
cuando entra se va dedicar a ser
servidor público y no va perseguir
otras cosas, indudablemente
nos afecta.
“Porque habría qué pensar
si cuando estaban haciendo
su trabajo lo estaban haciendo
pensando en hacerlo bien
o pensando en lo que seguía”,
entregó la dependencia, fecha
de denuncia, monto del daño
al erario y cargo del funcionario,
por lo que el solicitante interpuso
recurso de revisión ante
el INAI.
La dependencia expuso
que desconocía el estatus de
los servidores sujetos a proceso,
por ser competencia de
la PGR, y entregó datos de los
procesos penales localizados
abundó Rivas.
Entre quienes se mantienen
desde que inició el sexenio
están los subsecretarios de
Gobierno y de Enlace Legislativo,
Luis Miranda y Felipe Solís
Acero, respectivamente.
También Jorge Márquez,
Oficial Mayor; Enrique Galindo,
Comisionado de la Policía
Federal; y María de los Ángeles
Fromow, encargada de implementar
la reforma penal.
en los Órganos Internos de
Control (OIC) y en las Unidades
de Responsabilidades de
las empresas productivas.
En la información complementaria
que envió al INAI, la
SFP clasificó el nombre de los
servidores públicos.
El INAI estableció que
existe un interés por identificar
a los servidores que cometieron
un delito.
Despilfarros
El INAI ha realizado diversos contratos de servicios durante el
año que le han costado al erario poco más de dos millones y
medio de pesos.
n Pagó un servicio de asesoría jurídica
externa para litigar demandas
de trabajo por un monto
máximo de 305 mil pesos.
n El organismo cuenta con una
área jurídica que gasta
703 mil pesos al mes en pago
de nóminas.
Reprochan poca austeridad
Critican
diputados
derroche
del INAI
Solicitan instaurar
Consejo Consultivo
para revisar finanzas
y evitar excesos
ROLAnDO HERRERA
Rogerio Castro
De la Comisión
de Transparencia
Considero que
es una cuestión de
un sistema político
acostumbrado a los
privilegios y a los
gastos excesivos,
el INAI no es la
excepción, muchas
de las dependencias
están en la misma
dinámica”.
Solicitan explicación
de gastos excesivos
DiAnA LAStiRi
n Durante el 2015 gastó 2 millones
de pesos para tener
servicios de cafetería.
n Además contrató un servicio
de jardinería en las instalaciones
de la dependencia por 331 mil
pesos, con cargo
al erario.
Diputados federales criticaron
los gastos excesivos en los que
ha incurrido el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de
Datos Personales (INAI).
Pese a tener un área jurídica
en la que se gastan 703 mil
pesos mensuales en salarios, el
INAI, contrató un despacho de
abogados externos para litigar
demandas laborales.
El presidente de la Comisión
de Transparencia y Anticorrupción
de la Cámara de Diputados,
Rogerio Castro, consideró
que el INAI, rápidamente ha
asimilado uno de los vicios del
sector público, que es el derroche
de recursos y no se ha ajustado
a los criterios de austeridad,
a los que está obligado.
“Considero que es una cuestión
de un sistema político acostumbrado
a los privilegios y a
los gastos excesivos, el INAI no
es la excepción, muchas de las
dependencias y organismos autónomos
están en la misma dinámica
de autorizarse privilegios
y derrochar el dinero”, indicó
el legislador de Morena.
REFORMA publicó en la
víspera que el INAI contrató
un despacho externo para litigar
las demandas laborales por
un monto máximo de 305 mil
pesos, no obstante que cuenta
con una Dirección General de
Asuntos Jurídicos, que cuenta
con una plantilla de 20 personas,
a las cuales se les pagan
703 mil pesos mensualmente
en salarios.
Además, durante 2015, el
Instituto, que goza de autonomía
constitucional desde mayo
de 2014, gastó alrededor de
2 millones de pesos en servicios
de café y galletas, así como 331
mil pesos en jardinería.
El diputado panista, Jorge
López, quien es el vocero
de su bancada en San Lázaro,
consideró preocupante el que
el INAI incurra en este tipo
de gastos, por lo que es urgente
que se conforme el Consejo
Consultivo que prevé la Ley
General de Transparencia, el
cual deberá ser integrado por
personas de la sociedad civil y
quienes podrán revisar este tipo
de gastos.
“Creo que lo que se merece
de manera inmediata es una revisión
a los mecanismos de fiscalización
de todos los organismos,
tenemos que estar en una
constante y permanente estrategia
de revisión para que los recursos
que son de la población
puedan ser ejecutados de manera
eficiente”, señaló.
Consideró que la fiscalización
ciudadana es una medida
de control que puede ayudar a
evitar que los órganos autónomo
incurran en derroches en el
ejercicio del gasto público.
La Dirección de Asuntos Jurídicos
del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales (INAI) debe
informar qué labores está realizando
para que el organismo
gaste en asesorías externas,
consideraron especialistas.
REFORMA informó que
la dependencia INAI contrató
un despacho externo para litigar
demandas laborales por un
monto máximo de 305 mil pesos,
a pesar de que eroga 703
mil pesos mensuales en salarios
en la Dirección General de
Asuntos Jurídicos.
Al respecto, Marco Fernández,
profesor de la Escuela de
Gobierno del Tec de Monterrey,
afirmó que es comprensible que
el INAI realizara esta contratación
tal como hacen muchas
otras dependencias mexicanas,
sin embargo, consideró necesario
que la Dirección informe
por qué no pueden ellos hacerse
cargo de las demandas laborales
que enfrenta el Instituto.
Ana Cristina Ruelas, Oficial
del Programa de Derecho
a la Información de Artículo 19,
consideró que si el INAI requirió
la contratación externa de
un despacho jurídico, es necesario
que la Dirección General
de Asuntos Jurídicos justifique
su existencia dentro de la
institución.