Martínez

76 domingos en nuestra querida, contaminada y única nave espacial
Doble rasero
Bush concedió un waiver –privilegio ejecutivo– para excluir de la
lista negra a 22 países que no aceptaron las exigencias de Washington.
El privilegio no incluye a Colombia pese a que Clinton había utilizado
el waiver para obviar las garantías sobre derechos humanos
que le exigía el Congreso para arrancar el “Plan Colombia”. Entre
las reacciones de pequeños países que se han dado su lugar, está
la de Uruguay. El Canciller Didier Opertti dijo: “Si se me permite la
expresión (Estados Unidos) tiene el ‘Síndrome Pinochet’; la preocupación
de que el mero pasaje por un Estado, parte de la Convención
de Roma, pueda habilitar un pedido de detención de una persona”
(AP). Por su parte, Venezuela, en vertical declaración del 3 de julio,
afirma: “Como quiera que el propósito del Tratado que crea la Corte
Penal Internacional es el de juzgar los crímenes de guerra, los
crímenes contra la humanidad y el genocidio, el Gobierno Nacional
considera que la propuesta de los Estados Unidos es contraria al
espíritu y letra del Estatuto de Roma, y es violatoria de varios instrumentos
que el derecho internacional ha consagrado en el marco del
elevado propósito de hacer respetar los derechos humanos, reconocidos
como un valor fundamental. También sostenemos que la
forma compulsiva con la que se ha pretendido imponer el acuerdo
atenta contra el Principio de la Igualdad Jurídica de los Estados y
del debido respeto, base fundamental para el relacionamiento sano
en la comunidad internacional. Por tales razones, el Gobierno de
Venezuela, en coherencia plena con el mandato constitucional, no
aceptó en ningún momento negociar un instrumento de tal naturaleza,
tanto por su contenido como por el método de negociación
pretendido. Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela ratifica su voluntad de mantener las relaciones
de cooperación entre las Fuerzas Armadas de ambos países”.
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