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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La institución del Comisionado Nacional
de los Derechos Humanos está cumpliendo con
sus responsabilidades constitucionales y legales,
acompañando la unión de voluntades y esfuerzos
del Gobierno y del pueblo para eliminar las
causas estructurales de la pobreza y las desigualdades;
asegurar vida saludable; desarrollar
una economía sólida, inclusiva y transformadora;
proteger nuestro medio ambiente; promover
una sociedad segura y pacífica con instituciones
sólidas y confiables; y fomentar la solidaridad
nacional e internacional para el desarrollo sostenible
integral, local y nacional en Honduras.
El papel del Estado debe ser el de garantizar,
no solo el acto de existir o el hecho de tener
vida, sino que, todas y todos los habitantes,
dispongan, como mínimo, del conjunto de medios
necesarios para el sustento de la vida con
dignidad. La pobreza es la mayor amenaza al
derecho a la vida que incluye la no violencia y el
respeto irrestricto a la dignidad humana, sin
discriminación alguna.
El Estado debe tomar medidas integrales
encaminadas a garantizar la seguridad ciudadana
de las y los hondureños, a fin de evitar amenazas
a la vida, a la integridad, a la propiedad y, en
general, al goce efectivo de los derechos humanos
por las y los habitantes. Por lo que se debe
implementar las medidas urgentes de seguridad
democrática para atacar las causas estructurales
de esta violencia y de la impunidad, así como
proteger a la población ante esta situación.
La deuda de la justicia con el pueblo sigue
siendo grande y pareciera haber una lucha
abierta entre quienes se encargan de capturar y
llevar a los supuestos delincuentes ante los tribunales
y los encargados de impartir justicia. El
sistema de justicia ha sido afectado también por
algunos de sus operadores que se han confabulado
con el crimen organizado y el narcotráfico,
prueba de ello es que se han dictado tres sentencias
condenatorias a Jueces, por ese tipo de
relaciones ilícitas.
La falta de confianza de las personas en
el sistema de justicia es también una barrera
para el acceso a la misma. Esta inclinación tiende
a ser ligeramente más alta entre los que residen
en el ámbito rural y pertenecen a estratos de
menor nivel socio-económico. Se puede visualizar
otra barrera institucional en la dificultad del
sistema judicial de atender a los habitantes en
todo el territorio con defensores públicos; la
poca disponibilidad de información que oriente a
las personas sobre cómo obtener los servicios
jurídicos gratuitos proporcionados por institu-
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