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de asilo, apátridas y otras que requieren protección
internacional, particularmente en personas
con mayor vulnerabilidad y con necesidades de
protección específicas como lo son niños, niñas y
adolescentes no acompañados o separados,
mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad,
de la diversidad sexual, con VIH/SIDA,
pueblos indígenas o afro hondureños y víctimas
de trata. 28 (Ver apartado “Migrantes” de este
documento)
Existe una enorme preocupación en Centroamérica
por los desplazamientos forzados en
la región, de forma particular en Guatemala,
Honduras y El Salvador, países donde es imperativa
la necesidad de mayor voluntad política para
atender integralmente a las víctimas de desplazamientos
forzados o que solicitan asilo o refugio
en otros países. 29
Como Presidente del Consejo Centroamericano
de Procuradores y Procuradoras de los
Derechos Humanos (CCPDH), el Titular del CO-
NADEH instó a los gobiernos de Centroamérica a
reconocer la existencia de desplazamientos forzados
por la violencia y la delincuencia como una
grave problemática de carácter regional. 30
2.1.2. DERECHO A LA SEGURIDAD PERSO-
NAL
La seguridad es un derecho fundamental
y una de las condiciones básicas para el ejercicio
de las libertades individuales y colectivas. El Estado
tiene el deber de garantizar la seguridad en
todo el territorio de la República para la protección
de las personas y los bienes, defender las
instituciones y los intereses nacionales, el respe-
to a las leyes, el mantenimiento de la paz y el
orden público.
La seguridad personal está consagrada
como derecho en varios tratados internacionales,
especialmente en el artículo 3 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos: “Todo
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a
la seguridad de su persona”. La Convención
Americana sobre Derechos Humanos afirma que
“Toda persona tiene el derecho a la libertad y a
la seguridad personales”. La Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre 31 y
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
32 , entre otros, también contienen el derecho
a la seguridad.
La inseguridad personal es una limitante
al desarrollo de las personas y la sociedad. El
Informe Sobre Desarrollo Humano afirma que “el
conflicto y el sentimiento de inseguridad personal
tienen repercusiones negativas en el desarrollo
humano y obligan a miles de millones de personas
a vivir en condiciones precarias.” 33
Las principales obligaciones del Estado
con respecto a la seguridad que pueden generar
responsabilidad, según las normas y estándares
internacionales, pueden ser clasificadas en cuatro
grupos:
Adoptar medidas para prevenir la vulneración
de derechos vinculados a la seguridad
ciudadana (prevención del daño).
La responsabilidad del Estado por conductas
de sus agentes y de terceros.
El derecho a la protección judicial y la
obligación de investigar.
La obligación de adoptar medidas para la
seguridad de los colectivos en situación
28
CONADEH, Boletín “CONADEH y ACNUR firman carta de entendimiento
para proteger desplazados por causas del crimen organizado
y las maras”, septiembre 2015.
29
Para más información, ver Capítulo “Migrantes” de este documento.
30
CONADEH, Boletín “Piden a gobiernos del istmo reconocer que
hay desplazados por la violencia”, marzo 2015.
31
Artículo 1: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de su persona”
32
Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad
personales”
33
PNUD, Informe Resumen sobre Desarrollo Humano 2014,
“Violencia de Grupos e Inseguridad”, Pg. 7
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