Periodico Amagi Noviembre 2016

SEGURIDAD CIUDADANA . 4
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SEGURIDAD CIUDADANA
La región de América Latina y el Caribe presenta uno de los mayores índices de
delincuencia del mundo (BID, 2015, p. 97). Las condiciones de inseguridad, el crimen
y la violencia son importantes factores de preocupación en la zona que conllevan
graves vulneraciones a los derechos humanos de las
personas. Las consecuencias del crimen y la violencia
son graves y duraderas. El crimen y el temor al
crimen influyen en la conducta de las personas,
limitan las decisiones de inversión de las empresas
y socavan la confianza en las instituciones responsables
de garantizar la seguridad. Además,
el crimen afecta a las relaciones
en todos los niveles, desde la
relación de los ciudadanos con sus
comunidades hasta las relaciones
exteriores de los países, dado que
a menudo ocurre que los delitos
cruzan las fronteras nacionales.
Diversos estudios nos muestran
que los niveles más altos de delitos
violentos se encuentran usualmente
en las grandes ciudades.
Las zonas especialmente afectadas
por la inseguridad y la violencia
son los barrios periféricos, pobres, con
acceso limitado a servicios básicos, y
con una escasa presencia del Estado. Son zonas con población en situación de vulnerabilidad
que no tienen garantizados sus derechos y que integran grupos sociales
tradicionalmente excluidos y discriminados. Los bajos niveles de desarrollo, la falta de
oportunidades y la escasa presencia institucional en estas zonas facilitan el surgimiento
y la expansión de grupos que se dedican a cometer delitos y de organizaciones criminales.
El actuar de estos grupos criminales armados precariza aún más la situación de
los habitantes de estos barrios y los exponen a constantes violaciones a sus derechos.
profesional y acceso al empleo; cultura, deporte y recreación; urbanismo; y, finanzas,
entre otros.
Es importante generar respuestas creativas e innovadoras, aprendiendo de los
aciertos y las fallas. No hay una fórmula mágica y única para resolver el problema, pero
la inseguridad sí tiene remedio. Existen factores que parecen afectar de manera
positiva la probabilidad de éxito. A modo de ejemplo, podemos mencionar algunas
ciudades de América Latina que ofrecen modelos positivos de transformación. Ciudades
que alguna vez fueron sumamente peligrosas como Belo Horizonte, Bogotá, Ciudad
Juárez, Kingstony Medellín, han revertido la situación de manera drástica. En efecto, la
caída en el número de homicidios ha sido realmente impresionante. A su vez, ciudades
como Medellín experimentaron una abrupta caída del 85% en su tasa de homicidios
entre 2002 y 2014. Ciudad Juárez, considerada alguna vezla ciudad más violenta del
mundo, también registró una reducción del 93,6% entre 2010 y 2015. (Muggah, 2016, p. 1)
Fuentes:
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (2015), Violencia, niñez y crimen organizado,
CIDH – OEA.
Jaitman Laura, editora, (2015), Los costos del crimen y la violencia en el bienestar en América Latina
y el Caribe, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Washington, Estados Unidos.
Muggah y otros, (2016), Haciendo de las ciudades lugares más seguros: Innovaciones sobre seguridad
ciudadana en América Latina, Instituto Igarapé, Banco Interamericano de Desarrollo y
Consejo sobre Fragilidad, Conflicto y Violencia de la Agenda Global del Foro Económico Mundial.
PNUD,(2013), Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 SEGURIDAD CIUDADANA CON
ROSTRO HUMANO: diagnóstico y propuestas para América Latina, New York Estados Unidos.
Las niñas, niños y adolescentes son los grupos más afectados. Muchos de ellos sufren
situaciones de violencia, abuso y negligencia en sus hogares, comunidades y escuela,
por parte de adultos, de sus pares e incluso de la policía. La ausencia de oportunidades
reales para los adolescentes para desarrollar un proyecto de vida autónomo y los desafíos
para el disfrute efectivo de sus derechos se derivan de situaciones de exclusión
socio-económica, reproduciéndose así los contextos de desigualdad, vulneración de
derechos, deslegitimación de las instituciones estatales, delito y violencia.
Los Estados de la región Latinoamericana en general muestran grandes déficits de capacidades
en materia de justicia y seguridad. Esto se refleja en índices de impunidad
alarmantes, la crisis que atraviesan sus sistemas carcelarios y en la desconfianza de
la ciudadanía hacia las instituciones de justicia y policía. A la luz de estos déficits, la
privatización de la seguridad ha ido ganando fuerza, lo cual tiende a profundizar la
desigualdad en el acceso a la seguridad y deja sin resolver los retos que atraviesa el
Estado como principal garante de la seguridad ciudadana. Paralelamente, los vínculos
comunitarios como la familia, la escuela y la comunidad han perdido fuerza en algunos
contextos como tensores sociales que permiten cooperación y convivencia positiva,
propiciando, en algunos casos, formas de organización distorsionadas por el temor y
la desconfianza como la llamada “justicia por mano propia”, así como el apoyo a las
políticas de “mano dura”.
El escenario es complejo debido a los múltiples factores causales y a la interrelación de
diversas formas de violencia y otras vulneraciones a los derechos humanos. Por ello,
diversos organismos internacionales recomiendan que la mejor manera de hacer frente
a la violencia, la inseguridad y el crimen es a través de políticas públicas que tengan
un carácter integral, holístico y multisectorial y que tomen en consideración las diversas
causas estructurales, trabaje sobre los factores de riesgo y refuerce los factores protectores
que existen, desde un enfoque que considere la centralidad de los derechos
humanos. Ello implica que diversos sectores colaboren y coordinen su accionar, entre
ellos: seguridad; justicia; salud; educación; servicios sociales; servicios de formación