LUCHAS POR EL BIENESTAR

de conflictos económicos, territoriales e interétnicos
reforzados por el contexto de la Guerra
Fría. La represión física y psicológica, la
ruptura de lazos comunitarios y el asesinato o
desaparición de millares de personas, produjeron
la más grave de las tragedias ocurridas
en este país. No hubo en América Latina una
tragedia similar, por la profundidad de sus
efectos y la complejidad de sus causas. El CAI
constituyó una fractura de los vínculos profundos
que atan la solidaridad y la confianza
comunitarias.
La Constitución de 1985 surgió como
una esperanza y se convirtió en el instrumento
de legalidad superior: se inspira en la
soberanía popular, en la primacía de la persona
humana frente al Estado y en un régimen
basado en la legitimidad. Después de 1986,
quedaron planteadas en Guatemala las condiciones
de la transición a la paz, la democracia
y el desarrollo. La Constitución resultó
un pacto jurídico aceptable dadas las condiciones
extraordinarias en que se produjo: un
clima de violencia y guerra, desarticulación
de las organizaciones civiles y políticas, aguda
crisis por el estancamiento económico y
desconcierto intelectual.
La Constitución es un cuerpo de ley moderno
en su dimensión técnica y conservador
en su parte orgánica. Define un Estado libre,
independiente y soberano, y un gobierno republicano,
democrático y representativo. Lo
nuevo es que el texto está atravesado por el espíritu
de la filosofía de los derechos humanos
y que reconoce la diversidad de la población.
En el Artículo 66 se dice que «Guatemala está
formada también por diversos grupos étnicos
especialmente los de ascendencia maya y
que el Estado reconoce, promueve y respeta
sus formas de vida, costumbres, tradiciones
y formas de organización social».
No obstante, la nueva democracia guatemalteca
se fue estructurando con votantes
–más que ciudadanos– con recuerdos
recientes de la represión. Después de tres
décadas de enfrentamiento, un proyecto de
sociedad que abordara las soluciones sobre
la tierra, la diversidad étnica, la pobreza, el
rol del ejército, las desigualdades, el Estado
y otros aspectos, debió esperar poco más de
una década.
En 1991 se suscribió el Acuerdo Marco
sobre Democratización para la búsqueda de
la Paz por medios políticos, en donde se pacta
desarrollar un proceso de negociaciones
cuyo objetivo final era la «búsqueda de la Paz
por medios políticos, el perfeccionamiento
de la democracia funcional y participativa
y acordar las bases del desarrollo y progreso
del país para asegurar así la convivencia democrática
y la consecución del bien común».
Este acuerdo es el primero de una serie
de siete acuerdos «sustantivos» y cinco
«operativos». Los acuerdos reconocen como
imprescindibles el respeto irrestricto de los
derechos humanos, la subordinación de la
función de las fuerzas armadas al poder civil,
el reconocimiento y respeto a la identidad y
derechos de los pueblos indígenas, el acceso
y goce de todos los guatemaltecos a los beneficios
de la producción nacional y recursos
de la naturaleza –que deben basarse en principios
de justicia social–, así como el efectivo
reasentamiento de las poblaciones desarraigadas
por el enfrentamiento armado interno.
Estos principios iniciales sirvieron de marco
para un proceso de poco más de cinco años,
hasta la suscripción del Acuerdo de Paz Firme
y Duradera, en diciembre de 1996.
Casi 10 años después, en septiembre de
2005, se decretó la Ley Marco, que le dio reconocimiento
jurídico a los Acuerdos como
«compromisos de Estado» y creó la institucionalidad
para monitorear y promover su
cumplimiento. En 2016, los Acuerdos de Paz
cumplen veinte años experimentando la paradoja
de que a medida que pasa el tiempo
incrementan su vigencia, porque abordan
problemas estructurales cuyas consecuencias
se renuevan, resultado de nuevas dinámicas
políticas y económicas.
2.1. Estabilidad macroeconómica,
pero...
En paralelo al proceso democratizador, y con
los efectos del periodo de mayor represión
estatal aún recientes, se produjo la ruptura
del modelo de sustitución de importaciones
6 | Informe Nacional de Desarrollo Humano 2015/2016