LUCHAS POR EL BIENESTAR

modelo de desarrollo coherente es evidente,
por lo que mientras las instituciones medias
actúan intentando contener la conflictividad,
desde otras instancias se impulsan políticas
que impactan localmente y generan nuevas
tensiones que dan pie a nuevas dinámicas
conflictivas en los distintos espacios geográficos.
4.1. Mecanismos comunitarios
En Guatemala, los pueblos indígenas han
funcionado por siglos alrededor de sus organizaciones
políticas locales, que tienen
alta legitimidad en las comunidades. Con
frecuencia, las instituciones públicas y otros
agentes de desarrollo no les han tomado en
cuenta antes de intervenir en sus territorios,
sin comprender que su alteración sin
duda traerá conflicto y consecuencias para
el bienestar de la gente. Estas organizaciones
comunitarias son altamente complejas en su
toma de decisiones: incluyen diálogos, cabildos
abiertos o asambleas comunitarias, la
mediación entre los involucrados, la búsqueda
de mecanismos judiciales y las consultas
comunitarias, entre muchas otras.
Las consultas comunitarias son probablemente
los mecanismos más conocidos en
estos momentos. En la Defensoría de los Pueblos
Indígenas puede identificarse el acompañamiento
de la PDH desde las primeras
consultas comunitarias en 2004. A pesar de
ello, prácticamente ninguna de las otras instancias
del gobierno ha reconocido medios
de resolución comunitarios como posibles
salidas a los conflictos.
La mayoría de las consultas comunitarias
se han llevado a cabo amparadas en el Código
Municipal, y el 70% de ellas han girado en
torno al tema de la minería. Los resultados de
todas las consultas han sido negativas; es decir,
de rechazo a estos proyectos. A pesar de
estos contundentes resultados, los proyectos
han continuado, evidencia de la desigualdad
entre los actores en contienda.
Recuadro 7. Las consultas comunitarias en Guatemala
Las consultas comunitarias se han llevado a cabo en el país de manera sistematizada desde
2004. Su registro inició con la llegada de grandes proyectos de corte extractivo a los territorios
indígenas. La validez y necesidad de las consultas comunitarias genera múltiples reacciones
y opiniones encontradas en el plano nacional. Dos visiones antagónicas pueden rastrearse
en un contínuum que ilustra la tensión resultante entre distintas ideas sobre bienestar y desarrollo.
En la práctica, cómo se resuelven esas tensiones, pueden ilustrar también la visión
predominante, la desigualdad de poder entre grupos sociales y empresas, y los múltiples
roles que juega el Estado en los conflictos.
Por lo general, quienes cuestionan la necesidad de llevar a cabo consultas comunitarias
previo al otorgamiento de permisos, argumentan que para la aprobación de los proyectos
las empresas se rigen por procedimientos legales que no incluyen los derechos de los pueblos
indígenas en el país. En efecto, todo parece estar legal y en orden. Sin embargo, usualmente
esta visión está lejos de comprender las diferentes visiones del mundo que conviven en el país
y las grandes contiendas territoriales que ya están en marcha en los lugares de intervención.
Pese a no estar articuladas en la legislación nacional, las consultas comunitarias están
amparadas en múltiples instrumentos internacionales, entre los que destacan la Convención
americana sobre derechos humanos, ratificada por Guatemala en 1978; la Convención internacional
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, ratificada por
Guatemala en 1983; el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, con la adhesión
de Guatemala en 1992; el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Guatemala en 1996; y la
Resumen ejecutivo |
35