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Figura 5.<br />
Guatemala: impacto de los agronegocios.<br />
Caña de azúcar<br />
Agronegocios<br />
Palma aceitera<br />
Consumo excesivo de agua<br />
Acaparamiento y desvío de ríos.<br />
Comunidades sin acceso a agua para<br />
consumo y uso diario, pérdidas en<br />
cosechas y limitación en la actividad<br />
pesquera artesanal de las y los<br />
comunitarios.<br />
Contaminación de fuentes de agua<br />
Agroquímicos.<br />
Residuos orgánicos.<br />
Muerte masiva de peces y daño a<br />
especies de flora y fauna que habitan<br />
en los alrededores de los ríos afectados.<br />
Contaminación producida por<br />
fumigación aérea.<br />
Acaparamiento de tierras<br />
Cercamiento de comunidades y familias<br />
que se rehúsan a vender.<br />
Mecanismos legales e ilegales de<br />
despojo de tierras.<br />
Condiciones laborales<br />
Sin contrato.<br />
Trabajo infantil.<br />
Sin prestaciones ni afiliación<br />
al IGSS.<br />
Pago por productividad.<br />
Exposición a sustancias tóxicas<br />
sin protección.<br />
Salarios por debajo del salario<br />
mínimo.<br />
Trabajadores temporales<br />
«reclutados» por intermediarios.<br />
Trabajadores: a. permanentes<br />
con contrato; b. permanentes<br />
sin contrato; c. temporales<br />
«locales»; d. temporales «de<br />
lejos», según Hurtado, L. (2011).<br />
Cierre de espacios organizativos<br />
Despidos masivos<br />
Poca inspección laboral<br />
por parte del Estado.<br />
Fuente: INDH-PNUD Guatemala.<br />
En términos generales, el cultivo de la<br />
caña de azúcar y la palma aceitera presentan<br />
continuidades y rupturas con el modelo cafetalero,<br />
entre las que pueden mencionarse<br />
las dinámicas de concentración de tierras,<br />
con una nueva oleada iniciada alrededor de<br />
2004, estimulada por los mercados globales,<br />
apoyada por el Estado a través de sus políticas<br />
públicas y los convenios comerciales<br />
internacionales suscritos por éste, así como<br />
favorecida por el sistema financiero internacional.<br />
El rápido crecimiento de ambos cultivos<br />
se ha dado en un contexto de escasez y<br />
demanda de tierras por parte de los pueblos<br />
que habitan y han habitado históricamente<br />
en los territorios en donde se ha centrado<br />
su expansión.<br />
Lo anterior enmarca lo que en la historia<br />
se ha consumado en el despojo –a veces a<br />
repetición– de muchas poblaciones. No es<br />
casual entonces encontrar que la gran «conflictividad»<br />
se dé alrededor de la tierra, como<br />
bien natural, recurso económico o espacio<br />
existencial simbólico-geográfico. Actualmente<br />
la CONTIERRA-SAA registra alrededor<br />
de 6,482 casos de conflictividad agraria, entre<br />
1997 y 2013. Para diciembre de 2015 se<br />
registran, además, 1,476 casos de conflictos<br />
agrarios en proceso, ubicados prácticamente<br />
en todo el país, pero principalmente en<br />
Petén, Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz,<br />
siendo estos la expresión registrada por<br />
la institucionalidad estatal.<br />
Resumen ejecutivo |<br />
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