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Contralínea 453

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OPINIÓN AGENDA DE LA

OPINIÓN AGENDA DE LA CORRUPCIÓN disminuir, el gasto corriente (sueldos, prestaciones y gastos de operación de los funcionarios) se incrementa año con año. Tan sólo para 2015, el aumento fue del 8.9 por ciento con respecto del año anterior. Hoy, mantener a la burocracia cuesta a los mexicanos cada año más de 1 billón 150 mil 536 millones de pesos. La “austeridad” debería empezar por ahí. Seguridad En materia de seguridad, indicó que en su gobierno “estamos desarticulando sus estructuras operativas y capacidades financieras y hemos emprendido modificaciones de fondo para prevenir la incidencia delictiva y fortalecer las instituciones de seguridad y justicia”. Nada más alejado de la realidad: la fuga del principal capo del narcotráfico, Joaquín Guzmán Loera, es ejemplo de ello. Pero no sólo eso: en el país operan al menos 52 organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de drogas, de las cuales nueve son consideradas “grandes” por su estructura y capacidad de acción: el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación –escindido del de Sinaloa–, Los Arellano Félix, La Familia Michoacana, Los Carrillo Fuentes, Los Beltrán Leyva, Los Zetas y Los Caballeros Templarios. Respecto de las capacidades financieras del crimen organizado, del propio Tercer informe se desprende que poco se ha hecho: mientras el gobierno de Estados Unidos calcula que en México se lavan entre 19 mil millones y 29 mil millones de dólares anuales (unos 330 mil 600 millones y 504 mil 600 millones de pesos respectivamente, a un tipo de cambio de 17.4 pesos por dólar), el gobierno de Peña Nieto indica como “logros” en el combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita el aseguramiento de apenas 167.6 millones de pesos más 14 millones de dólares (unos 411 millones de pesos en total). La cifra decomisada equivale al 0.05 por ciento de los 330 mil 600 millones o al 0.03 por ciento de los 504 mil millones de pesos que conservadoramente se calcula habrían lavado los criminales. Más ridículo aún resulta el monto correspondiente a la banca, acusada de lavar dinero como quien cumple un servicio más, mientras sus accionistas y directivos son reconocidos por el propio presidente como filántropos, benefactores de la sociedad. Corrupción Aunque el presidente aseguró que se combate al crimen organizado, en el país operan al menos 52 organiza- ciones dedicadas al narcotráfico Como parte “del año difícil”, de los “casos y sucesos lamentables” que molestan y perturban a los mexicanos, apuntó la corrupción de funcionarios públicos y empresarios, pero no la previsible impunidad en la mayoría de ellos, garantizada a tal grado que el propio presidente la ejemplifica: “Señalamientos de confl ictos de interés –que incluso involucraron al titular del Ejecutivo–; así como denuncias de corrupción en los órdenes municipal, estatal y federal –y en algunos casos en el ámbito privado–, han generado molestia e indignación en la sociedad mexicana”. Como respuesta, dijo, “vamos a enfrentar los desafíos, con claridad de rumbo y absoluta determinación”. Quizá se refería a la “claridad” y “absoluta determinación” con las que la Secretaría de la Función Pública le dio carpetazo al caso de la compra de la llamada casa blanca, en la que estuvieron involucrados el presidente, su esposa, Angélica Rivera, y el Grupo Higa, empresa contratista del gobierno federal. Otro caso emblemático de la corrupción –que alcanzó incluso al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, a quien por supuesto nada le ocurrió– son los sobornos de 8 7 de septiembre de 2015

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN OHL México, filial de la compañía española, en las contrataciones con los gobiernos federal y del Estado de México. Justicia En materia de justicia, el Ejecutivo hizo suyas las promesas del Consejo de la Judicatura Federal –que suelen gestar retrasos contados por meses o años– y aseguró que se han “sumado esfuerzos con las entidades federativas para concretar la transformación del Sistema de Justicia Penal en tiempo y forma, como lo mandata la Constitución [Política de los Estados Unidos Mexicanos]”. Pero admitió que a menos de 10 meses de que se cumpla el plazo (18 de junio de 2016), en sólo seis estados operan “de forma total” los juicios orales, mecanismo clave, según sus impulsores, para combatir la impunidad y acercar el derecho a la justicia a todos. También resaltó la aprobación de la nueva Ley de Amparo y del Código Nacional de Procedimientos Penales, legislaciones que no han evitado que casi la mitad de los encarcelados en el país permanezcan en tal condición sin haber recibido sentencia o a pesar de violaciones sistemáticas al debido proceso. Nada dijo de los alcances de dichas “reformas que amplían los derechos de las personas”; tampoco especifica qué personas son las beneficiadas, físicas o morales. Los 10 mil indígenas encarcelados que jamás vieron a un intérprete siguen sin saber de qué se les acusa, y mucho menos que existe el juicio de amparo; para ellos ni una palabra. Tampoco para los del polo opuesto: mineras y corporativos que logran ampararse hasta contra el pago de regalías al Estado o reducir su contribución impositiva por gracia de la creatividad tributaria. Educación El presidente aseguró que “en Oaxaca y en todo México se aplicará la ley”. Peña Nieto se refirió, por supuesto, al conflicto magisterial con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero, en sus 3 años de gobierno, esa ley que invocó el habitante de Los Pinos no ha alcanzado a los 7.5 millones de analfabetas, quienes fueron borrados del informe presidencial y tampoco están en la lista de prioridades –decálogo– de la “reforma educativa”, que según el presidente es “la más trascendente que hemos concretado”. Será porque busca con ella aplastar a los maestros disidentes de la Sección 22. La prioridad peñista en el sector educativo la ha centrado en que los niños aprendan inglés; en la “evaluación educativa” como punto toral de su reforma, y en la emisión de bonos a través de la Bolsa Mexicana de Valores por 50 mil millones de pesos para crear infraestructura escolar, que sin duda hace falta en todo el país, pero que no resuelve el problema, como explicó a El Universal el especialista Manuel Gil Antón, profesor e investigador del Colegio de México. “Sólo seis de cada 10 estudiantes dominan el pensamiento lógico matemático y 20 de cada 100 tienen la capacidad de comprensión de lectura y de escritura”. Peña Nieto criticó a populistas y demagogos surgidos de crisis internas que, según él, alientan el encono, la desconfianza, el retroceso y la división social, al mismo tiempo que anunciaba los tres ejes de su gobierno para “resolver” el problema educativo: aprender inglés, evaluar a maestros y más endeudamiento por 50 mil millones de pesos que, dijo, es para las escuelas. ¿Quién es el demagogo y populista? También anunció la creación de una Secretaría de Cultura, como si por el solo nombre este país pudiera elevar sus bajos índices culturales, cuando lo único que hace es crear más burocracia y más gasto público en momentos en que hay recorte presupuestal. Para qué queremos una Secretaría de Cultura si millones de mexicanos no saben leer ni escribir. Son las ocurrencias finales del tercer año de gobierno y aún faltan 3 más. www.contralinea.com.mx 9

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