Nassau Ed. 15, Año12

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Laboral • NASSAU-NYC
Junio 27 - Julio 3, 2019 • La Tribuna Hispana USA
Aprueba reformas a la ley de protecciones laborales de NY
Los patrones que amenacen a
los trabajadores inmigrante con
llamar a ICE o no les paguen
sus salarios debidos, enfrentarán
nuevas penas y castigos por la
violación a las leyes laborales.
La Tribuna Hispana USA
30 casos de amenazas a trabajadores por
su estatus inmigratorio. Sin embargo, el
número de casos podría ser más alto, pues
muchos trabajadores sin estatus migratorio
legal temen denunciar.
La medida amplía la definición de represalia
para incluir las amenazas al estatus inmigratorio
de un trabajador, lo que también
se clasificaría como discriminación.
Dentro del grupo de propuestas de
ley que fueron aprobadas al cierre
de la sesión legislativa de mitad de
año en la Asamblea y el Senado de Nueva
York, en Albany, estuvieron varias legislaciones
a favor de los trabajadores y empleados
neoyorquinos, sin importar su estatus
legal de residencia.
Una de ellas fue la primera propuesta de
ley de la Fiscal General del estado de Nueva
York, Letitia James, destinada a proteger a
los inmigrantes, la cual penaliza la discriminación
o toma de represalias contra empleados
inmigrantes.
La ley, que fue impulsada por la Senadora
Jessica Ramos y el Asambleísta Marcos Crespo,
aplica penalidades a los empleadores
por amenazar, castigar o en cualquier otra
manera de discriminar o tomar represalias
contra un empleado, incluyendo la amenaza
con reportar a un empleado o a uno de sus
familiares a las autoridades de inmigración.
La Fiscal James aplaudió la aprobación de
las provisiones antirepresalias en las leyes
laborales del estado. En un comunicado,
ella dijo que desafortunadamente no todos
Foto: AFL CIO NYC
los trabajadores desempeñan su labor en un
lugar libre de acoso e intimidación, “por ello
debemos hacer todo lo que podamos para
asegurarnos que los trabajadores vulnerables
puedan exigir y defender sus derechos
sin temor a ser castigados.
A continuación las reformas a las leyes
laborales de Nueva York:
Penas a patrones que llamen a ICE
Se trata de una enmienda a la Ley Laboral
del Estado de Nueva York, para penalizar
las amenazas de deportación de los
empleadores en contra de trabajadores inmigrantes
indocumentados que demanden
mejoras laborales, el pago de su salario y su
derecho a organizarse.
El Departamento de Trabajo de Nueva
York informó que, en los últimos tres años,
sus investigadores han procesado al menos
Protección contra el robo salarial
Los legisladores también aprobaron la
Ley de Protección contra el Robo de Salarios
Ganados (SWEAT, sus siglas en inglés),
que ayuda a los empleados a recuperar los
salarios que les han sido robados por sus
empleadores.
La legislación permitirá a las víctimas cobrar
sus salarios robados, al cerrar las lagunas
legales en la ley estatal que les permite
a los patronos evitar su obligación legal al
ocultar o transferir sus bienes.
El proyecto de ley SWEAT, “sudor” en
español, crea un “gravamen en beneficio del
empleado” para todos los trabajadores, ampliando
las disposiciones de gravamen existentes.
Esto permitirá a las víctimas a poner
un embargo temporal sobre las propiedades
de un empleador que no les ha pagado su
salario. La legislación también facilitaría a
las víctimas de robo de salarios a solicitar la
anexión de los activos del patrono durante
un juicio pendiente, antes de que se puedan
vender o transferir las propiedades o los
bienes.
En el 2018, las autoridades lograron la
devolución de $35 millones a más de 35,000
víctimas de robo de salarios en el estado
de Nueva York. Desde el 2011, el estado
ha recuperado y devuelto más de $285 millones
en salarios robados a más de 250,000
trabajadores.
Justicia por abuso sexual
Los legisladores también aprobaron
un proyecto de ley que
ayudará a garantizar que
los sobrevivientes de agresión
sexual puedan obtener justicia
y responsabilizar a sus
agresores.
Actualmente, el sistema
penal exige que los casos de
violación en segundo o tercer
grado se denuncien dentro de los
cinco años en los que ocurrió el
ataque, con limitadas excepciones.
La nueva legislación extendería ese estatuto
de limitación a 20 años por violación
en segundo grado y a 10 años por
violación en tercer grado.
Además, la ley aumentaría
el período de tiempo para
que una víctima presente
una demanda civil dentro
los 20 años en los que
ocurrió el ataque. Estas disposiciones
darán a las víctimas
tiempo para recuperarse de su
trauma, sin perder la capacidad
de buscar un recurso legal, según la nueva
legislación.