Edición 68

COLUMNISTA INVITADO
FALLO DEL CONSEJO DE ESTADO EN
MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS
PONE EN RIESGO SU ADECUADA GESTIÓN
Por Carolina Montes Cortés
Docente, abogada especialista en Derecho del Medio Ambiente y
Doctora en Derecho de la Universidad Externado de Colombia.
En el año 2008 el Área Metropolitana
del Valle de Aburra demandó, ante el
Consejo de Estado, la nulidad de la Resolución
SSPD- 20081300053645 con la
cual se autorizaba excluir de oficio del
Registro Único de Prestadores de Servicios
Públicos – RUPS a personas que
realizaran actividades relacionadas con
residuos peligrosos, infecciosos, hospitalarios
y similares, por considerar que
violaba disposiciones constitucionales y
legales sobre la materia, afirmando que
era la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios – SSPD la encargada
de llevar el registro de gestores de residuos
peligrosos y no las Autoridades
Ambientales, por tratarse de un servicio
especial de aseo.
Analizado el asunto, el Consejo de Estado
concluyó que la actividad de recolección,
transporte, almacenamiento, desactivación,
incineración, tratamiento y disposición
final de residuos peligrosos y hospitalarios
era, efectivamente, un servicio
público domiciliario 1 enmarcado en el servicio
especial de aseo; lo que, en mi sentir,
es una equivocación que pone en riesgo
la gestión de los residuos peligrosos.
Así las cosas, la decisión debe ser leída
con beneficio de inventario pues el
análisis de la Sala es errático en materia
de residuos peligros. Primero: tuvo en
cuenta normas derogadas para el análisis
de la materia. La ley 430 de 1998 fue
derogada tácitamente por la ley 1252
de 2008. El servicio de aseo ha tenido
cambios desde el decreto 1713 de 2002
y desconoció un pronunciamiento anterior
de la Sección Tercera (11001-03-26-
000-2002-0045-01) del año 2003 que
tumbó la diferenciación entre el servicio
ordinario y el servicio especial. Segundo:
desconocer las competencias asignadas
a las autoridades ambientales tanto en la
ley 99 de 1993 como en el decreto 4741
de 2005, en torno a los residuos peligrosos.
Tercero: hacer caso omiso en el análisis
del servicio de aseo a la excepción
incluida en la norma reglamentaria del
servicio público de aseo (DUR. 1077/15
artículo 2.3.2.2.1) que expresamente
señala: “Este decreto no aplica… a la
gestión de residuos peligrosos, la cual
se rige por lo dispuesto en las normas
ambientales”.
Así, se considera que el fallo inaplica el
derecho ambiental y desconoce los avances
que, desde el MADS, se han realizado
en busca de gestionar adecuadamente
los residuos peligrosos; tampoco tiene
en cuenta tratados internacionales sobre
la materia como el Convenio de Basilea
sobre movimientos transfronterizos de
desechos peligrosos y su eliminación.
Además, admitir que la gestión de los
residuos peligrosos está enmarcada en
la prestación del servicio público domiciliario
de aseo genera gran confusión
porque:
a. Solo un gestor especializado que
cuente con la tecnología, las instalaciones
y haya adelantado el trámite correspondiente
de la licencia ambiental podrá
aprovechar y/o eliminar, de manera
ambientalmente adecuada, los residuos
peligrosos que le han sido entregados.
b. Existen importantes diferencias entre
los residuos ordinarios y los peligrosos
como son: (1) políticas públicas; (2)
normatividad aplicable; (3) autoridades
encargadas de su reglamentación, vigilancia
y control y; (4) tipos de responsabilidades
que se derivan de su gestión.
c. El servicio especial de aseo no ha sido
aún reglamentado por la normatividad
colombiana. De hecho, la misma Corporación
dejó sin piso jurídico un intento
del Gobierno (D. 891/02) para dividir y
clasificar el servicio de aseo en “ordinario
y especial”.
En fin, quedan muchos cuestionamientos,
pero el más importante es: ¿Que
están haciendo los involucrados en el
cumplimiento del fallo (generadores,
gestores, autoridades ambientales y sanitarias)
para avanzar en lo que implica
la orden?
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Abril - junio 2019
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CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA. CP: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ.
Rad.: 11001-03-24-000-2009-00113-00. Bogotá DC, marzo 8 de 2018.