CNUDMI Anuario - uncitral

22 Anuario de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 2004, vol. XXXV
hecho de desacreditar a una persona o de perjudicar su reputación, así como las
lesiones corporales. El deudor conserva el derecho personal a querellarse y a retener
lo cobrado por estimarse que, de no ser así, se mermaría el incentivo para vindicar
las injusticias, pero el deudor no tiene derecho a querellarse por el lucro cesante
ocasionado por dichos recursos”;
j) Después del párrafo 181, a fin de regular la cuestión de cómo dar eficacia
a una garantía real frente a un tercero, inserción, sobre la base del párrafo 13 del
documento A/CN.9/550, de un texto del siguiente tenor: “Con respecto a las
demandas encaminadas a dar eficacia a una garantía real frente a terceros, algunas
disposiciones legales relativas a las garantías reales fijan plazos concretos antes de
cuyo vencimiento puede darse eficacia a dichas garantías reales frente a terceros,
por ejemplo, mediante su inscripción, su divulgación o por otros medios. Cuando la
ley de un Estado prevea tales plazos, el régimen de la insolvencia podrá
reconocerlos permitiendo que las garantías reales puedan hacerse valer frente al
deudor y frente a terceros después de la apertura de un procedimiento de
insolvencia, pero dentro del plazo especificado. Cuando la ley no prevea plazos a tal
efecto, con la paralización aplicable a la apertura de procedimientos de insolvencia
ya se impediría que la garantía real adquiriera eficacia. Habría que hacer una
distinción entre la cuestión de si en la insolvencia tal acto daría eficacia a la garantía
real frente a terceros y la cuestión de si tales actos deberían estar o no permitidos. El
efecto en la insolvencia dependerá del acto que se requiera para dar eficacia a la
garantía real. Cuando, por ejemplo, se exija la inscripción de la garantía en un
registro público, podría permitirse que se efectuara tal inscripción después de la
apertura del procedimiento; en cambio, cuando ese acto consista, por ejemplo, en
que el acreedor garantizado tome posesión de un bien, cabría adoptar un enfoque
distinto, pues con dicho acto se reducirían los bienes a la disposición de la masa de
la insolvencia”;
k) Al final del párrafo 196, a fin de reflejar los cambios introducidos en la
recomendación 33, inserción de una frase del siguiente tenor: “Las medidas
cautelares también podrían dejar de surtir efecto cuando se desestime una solicitud
de apertura de procedimiento o cuando la orden por la que se hayan impuesto dichas
medidas sea impugnada con éxito y, por tanto, anulada”;
l) Al final de la segunda frase del párrafo 213, supresión de la frase
“previéndose un examen continuo para hacer ajustes” y, respecto de la valoración de
los bienes, inserción, después de la frase suprimida, de un texto del siguiente tenor:
“teniendo presente la finalidad con que se haga la valoración. En algunos casos,
puede ocurrir que los bienes hayan sido valorados por las partes antes de la apertura
del procedimiento y que esa valoración aún sea válida en el momento de la apertura.
Puede ser necesario efectuar una valoración global poco después de la apertura con
miras a consignar en un registro todos los bienes y obligaciones y a preparar un
balance neto de la situación económica del deudor, a fin de dar al representante de
la insolvencia cierta orientación sobre el valor de la masa. Es posible que durante el
procedimiento sea preciso valorar los bienes, particularmente los bienes gravados, a
fin de determinar el valor de los correspondientes créditos garantizados (y de todo
otro crédito conexo que no esté garantizado) y a fin de estudiar medidas de
protección. También puede ser preciso valorar los bienes para una eventual
enajenación de partes de la empresa o de determinados bienes, que se efectúe al
margen del curso ordinario de los negocios, y también con miras a confirmar el