Construyendo el futuro de México - Tecnológico de Monterrey

El reto del estado de derecho y la gobernanza nacional
La propuesta es que la cultura de la legalidad quede institucionalizada como parte de
la educación regular de los estudiantes. Lo anterior significa que las autoridades educativas
tendrían que apoyar los procesos necesarios para incluir este tema en los programas
de estudio en todos los niveles. Es importante destacar que diversos estudios
apoyan el argumento de que “mayores niveles de educación están correlacionados
positivamente con indicadores de cultura de la legalidad. 15
Por otra parte, un programa enfocado en los “centros de autoridad moral”, debe comenzar
por fortalecer a los organismos de la sociedad civil que, de un modo u otro,
hacen labores que contribuyen a fortalecer la cultura de la legalidad. En general, muchos
organismos de este tipo presentan debilidades institucionales básicas en el cumplimiento
de sus obligaciones más elementales, en su administración financiera o en la forma en
que atraen recursos. Con un enfoque de gobernanza, se puede propiciar que exista una
capacitación mínima para que estos organismos actúen y operen con eficiencia.
Desde la participación organizada y eficiente de la sociedad civil, se deben reforzar
los aprendizajes de la cultura de la legalidad logrados en la escuela, así como crear
conciencia sobre el papel y la responsabilidad de la ciudadanía. De esta manera, líderes
cívicos y religiosos acogen la cultura de la legalidad como parte integral de sus
enseñanzas y de su mensaje.
Proyecto 4: Implementar una reforma político-electoral
El régimen presidencial establecido en la Constitución de 1917 había funcionado
sin dificultades durante décadas, debido a la concentración del poder en el titular del
Ejecutivo y su control del régimen de partidos a través del PRI. La construcción de
mayorías legislativas no representaba ningún problema, y los otros actores políticos
se encontraban subordinados a la autoridad presidencial. Sin embargo, el nuevo contexto
de competencia democrática en el país, que alcanzó un punto decisivo en 1997,
cuando el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, convirtió en real
el riesgo de parálisis legislativa o gobierno dividido, propio del régimen presidencial.
El escenario indicaba ahora a que quien obtuviera la presidencia de la república (de
cualquier partido político), no necesariamente tendría mayoría suficiente en las cámaras
legislativas, para aprobar sus iniciativas. El Poder Legislativo, ahora más plural y
asertivo, asumiría un papel mucho más activo y relevante en la vida política nacional.
En un régimen presidencial esencialmente tripartidista (PAN-PRI-PRD), es difícil que
algún partido obtenga mayoría absoluta en el Congreso, y se puede complicar la construcción
de mayorías que apoyen al titular del Ejecutivo . La segunda vuelta presidencial
(que ha sido propuesta por el presidente Calderón), establecería el requisito de mayoría
absoluta (51% de los votos) para resultar electo, implicaría que los dos candidatos con el
mayor número de votos se enfrentarían en una elección posterior. Esta segunda jornada
electoral estaría empatada con las elecciones legislativas, lo cual incentivaría el voto a
favor de los partidos de los candidatos presidenciales restantes (y a los otros partidos a
concretar alianzas), mejorando las posibilidades de que uno de ellos obtenga mayoría.
Propuestas de políticas públicas
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