SALVADOR agosto

gó a cobrar la ayuda de emergencia.
Ni siquiera había finalizado el trámite
en la página del ANSES.
Dávalos reconoció que los casos son
muy diferentes y que a Reynaga se
le podría haber impuesto otra sanción,
pero dijo que consideraron que
la expulsión de ambos “era lo mejor
porque en este momento de crisis, el
presidente Fernández lanzó un plan
noble y no se puede jugar con la necesidad
de la gente cuando todos estamos
con el sueldo al día”, y afirmó que
el caso “entra dentro del cuadro inmoral
para nuestra Carta Orgánica”.
El presidente del cuerpo enfatizó que
a Reynaga “Se le dio derecho a defensa
y no pudo demostrar su inocencia,
siguió argumentando que lo hizo
para enseñarle a otros cómo inscribirse”.
En tanto, el fiscal federal a cargo de
la investigación, Ricardo Toranzos,
confirmó el mismo viernes 14 de
agosto que ya había elevó el pedido de
imputación para los 19 concejales que
efectivamente cobraron el ingreso,
aunque aún no se definió la fecha de
audiencia, “ya que hay que decidir si
será virtual o presencial”.
Si bien Toranzo no dio detalles sobre
los otros 30 denunciados que figuraban
en el registro de ANSeS aunque
no habían accedido a ese beneficio,
indicó que la investigación continúa y
es posible que surjan más imputados.
Tres Deliberantes trataron de hacer
lo mismo, General Güemes, San Ramón
de la Nueva Orán y La Caldera,
en los dos primeros lo cuerpos se negaron
a tratarlo, en el caso de La Caldera,
fue el intendente quien nunca
respondió a la iniciativa de la oposición.
La Unión Cívica Radical, fue el único
partido que solicitó que se investigue
los casos en cada uno de los concejos,
pero en todos cuerpos deliberativos
sus pedidos fueron rechazados.
Es el Foro de Intendentes el que debiera
obrar como garante de la calidad
institucional de los municipios y
un ente de contralor de la ética política,
pero jamás se pronunció cate-
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