Listín Diario 05-04-2023

8 SANTO DOMINGO, RD. MIÉRCOLES, 5 DE ABRIL DE 2023 10 cm
La República
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“OPERACIÓN CALAMAR”. Medidas de coerción
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Gobierno de Danilo está en
el banquillo de la justicia
La cúpula. Los de mayor
relevancia son los exministros José
Ramón Peralta, Donald Guerrero y
Gonzalo Castillo.
RAMÓN CRUZ BENZÁN
ramón.benzan@gmail.com
Santo Domingo, RD
Las figuras más
notables en la
composición
de mando a
su máximo
nivel, durante los gobiernos
del expresidente Danilo
Medina, han terminado
en el banquillo de los tribunales
bajo graves cargos
de corrupción administrativa.
El exministro de Hacienda
Donald Guerrero, y el
ex ministro Administrativo
de la Presidencia, José
Ramón Peralta, a quienes
les fueron impuestos
18 meses de prisión preventiva,
al ser vinculados
en el caso de la Operación
Calamar, les será conocida
la revisión obligatoria de
la medida de coerción el 4
de julio próximo.
La jueza Kenya Romero,
del Juzgado de Atención
Permanente del Distrito
Nacional, tras dictar medida
de coerción en su contra,
para ser cumplida en
el Centro de Corrección y
Rehabilitación de Najayo-
Hombres, le dio calificación
de complejo al caso.
La magistrada dispuso
que la jueza Patricia Padilla,
del Segundo Juzgado
de la Instrucción de esta
jurisdicción, conozca la
revisión obligatoria de la
medida de coerción dictada
a los ex funcionarios
del pasado gobierno de
Danilo Medina, cuya jueza
tendrá el control de las investigaciones.
De su lado, la procuradora
adjunta, Yeni Berenice
Reynoso, dijo que la
decisión de la jueza corrobora
lo que ha dicho el
Ministerio Público sobre la
seriedad y la contundencia
de la investigación en
contra de los encartados
en acto de corrupción.
“El tribunal rechazó todos
los incidentes que habían
planteado la barra de
la defensa, los pedimentos
de nulidades, de exclusión,
de no valoración de los testigos;
todos esos pedimentos
fueron rechazados por
el tribunal”, expresó la directora
de Persecución.
Asimismo, la jueza Kenya
Romero, dispuso el arresto
domiciliario del excandidato
presidencial del Partido
de la Liberación Dominicana
(PLD), Gonzalo Castillo,
y el pago de una garantía
económica de 20 millones
de pesos, bajo la modalidad
de contrato e impedimento
de salida, sin autorización
judicial.
Mientras tanto, al ex ontralor
general de la República,
Daniel Omar Caamaño,
que tiene en su defensa
al abogado Carlos Olivares,
tendrá impedimento de salida
del país y el pago de garantía
económica de cuatro
millones de pesos, bajo la
modalidad contrato.
Al exdirector del Consejo
Estatal del Azúcar (CEA),
Luis Miguel Piccirilo, le fue
impuesto arresto domiciliario
e impedimento de salida
del país.
Al imputado Aldo Antonio
Gerbasi Fernández se
le impuso el pago de una
garantía económica de 5
millones de pesos, bajo la
modalidad de contrato e
impedimento de salida del
país, sin autorización.
De su lado, al abogado
Ángel Lockward se le
impuso arresto domiciliario,
presentación periódica,
prohibición de salida del
país y el pago de una garantía
económica de 7 millones
de pesos, en efectivo.
En el caso de Claudio Silver
Peña, éste deberá cumplir
arresto domiciliario,
pago de una garantía económica
y prohibición de salida
del país.
Los más cércanos e influyentes funcionarios durante los pasados gobiernos del expresidente Danilo Medina
enfrentan cargos penales por corrupción ante la justicia. / LISTIN DIARIO
SEPA MÁS
Danilo en Miami
El expresidente Danilo
Medina viajó ayer a
la ciudad de Miami, su
segundo viaje en menos
de 15 días, donde
se trata de un cáncer de
próstata que reveló al
país a su retorno la primera
vez.
El aeronave que transportó
al exmandatario
partió a las 9:55 de la
mañana desde el Aeropuerto
Internacional
Joaquín Balaguer (La
Isabela).
Fue el pasado 22 de
marzo cuando el exjefe
de Estado reveló que
padecía de un cáncer
de próstata.
Alejandro Antonio Constanzo
Sosa tiene aplicado
arresto domiciliario, pago
de una garantía económica
de 1 millón de pesos en
efectivo e impedimento de
salida.
Roberto Santiago Moquete
Ortiz: arresto domiciliario
e impedimento de
salida, y Ana Linda Fernández
Paola, arresto domiciliario,
con autorización de
ir a todos los chequeos médico,
debido a su estado de
salud.
Mientras que a Ramón
David Hernández se le impuso
presentación periódica
los días 30 de cada mes,
prohibición de salida del
país y pago de una garantía
económica de un millón de
pesos. A su esposa, Yahaira
Brito Encarnación, tiene
prohibición de salida del
país y pago de una garantía
económica. A Marcial
Reyes, arresto domiciliario,
prohibición de salida,
y a Emir José Fernández de
Paola, arresto domiciliario
e impedimento de salida y
pago de garantía económica
de dos millones de pesos,
bajo la modalidad de
contrato.
A Oscar Arturo Chalas
Guerrero, presentación periódica,
prohibición de salida,
detención en su domicilio
y la garantía de un
millón de pesos.
Julian Omar Fernández
Figueroa, impedimento de
salida y arresto domiciliario.
Rafael Parmenio Rodríguez
Bisonó, presentación
periódica los días 30 de cada
mes y prohibición de salida.
Agustín Mejía Ávila, el
pago de una garantía económica
de RD$500,000,
impedimento de salida y
arresto domiciliario. A Víctor
Matías Encarnación
Montero, el pago de una
garantía económica de
RD$3 millones, impedimento
de salida y arresto
domiciliario.
Ataque al tribunal
A la salida del tribunal, la
defensa del imputado José
Ramón Peralta, Santiago
Rodríguez y Emery
Rodríguez, calificaron de
“atropello” la decisión del
tribunal de imponer prisión
preventiva a su cliente.
Informaron que interpondrán
un recurso de apelación.
Consideraron que, aunque
no cuentan con la sentencia
íntegra y motivada,
ésta constituye “la consumación
de un atropello”.
Alegan que la solicitud de
medida de coerción en contra
de Gonzalo Castillo “estaba
sustentada únicamente
en delaciones premiadas
que en esta fase no debe tener
ningún impacto en términos
de prueba”.
Coerción a Gonzalo
De su lado, los abogados de
Gonzalo Castillo, Luis Rivas
y Lauta Acosta, consideraron
que el arresto domiciliario y
el pago de una garantía económica
“no cambian la vida
de su cliente”.
Sostienen que el Ministerio
Público basó su pedido
de solicitud de prisión preventiva
en el supuesto riesgo
de obstaculización de la
investigación y amedrentar
testigos.