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34/35 torizados y uniformados identificados en los chalecos con los números 1682, 1672, 1686, 1379, 23975, y posteriormente llegó la patrulla No. 23113 que transportaba al Sr. Sargento Mayor Galeano identificado con la placa número 20195, entre otros, quienes nos solicitaron documentos de identificación, los cuales procedimos a entregar e indagamos qué procedimiento se disponían a realizar, a lo cual no respondieron. De manera sorprendente y extraña, dos señores de civil, eran quienes finalmente tenían en su poder los documentos de identidad y retirados de la parte posterior de la camioneta, al parecer intentaban buscar antecedentes, esta afirmación, en razón que la abogada Carmen Teresa, se acercó a ellos para auscultar qué hacían con nuestros documentos privados y quiénes eran dichos personajes, infortunadamente no pudo obtener información y dichas personas procedieron a alejarse del lugar, en ese momento pudimos observar, que se movilizaban en una moto con placas ilegibles a la distancia, pero se pudo leer la nomenclatura No. LAS 418 Bucaramanga (esta lectura es aproximada, dada la ilegibilidad y la distancia en que se encontraba), lo mayormente extraño es que el conductor de la moto, no portaba identificación en su chaleco y el parrillero, su número en el chaleco no era coincidente con la placa de dicha moto, desafortunadamente, presurosos se alejaron de la escena de los hechos. Cuando ya pudimos interlocutar con el Sr. Sargento Mayor Galeano identificado con número 20125, e igualmente, aunque de manera altanera y autoritaria con otro civil que por fortuna portaba en su cuello carné que lo identificaba como JIMÉNEZ PINZON EDGAR LI- BARDO y chaleco número FJU 174, quien posteriormente manifestó ser el director de la Sijín en Lebrija y quien además asumió con nosotros una actitud absolutamente intimidante e irrespetuosa de nuestra dignidad humana, ya que vociferaba que éramos ciudadanos cualquiera y no teníamos investidura de diplomáticos, a lo que le aclaramos que éramos parte del programa de protección de la Vicepresidencia y tenemos medidas cautelares. El Sr. Sargento Mayor Galeano, al conminarlo del espectáculo bochornoso y de riesgo a que estábamos siendo sometidos, manifestó que existía orden superior de requisar el vehículo y que era necesario que lo acompañáramos al comando de policía de Lebrija, a lo que nos negamos, exigiendo que quienes tuviesen que intervenir lo hicieran en el sitio del operativo y públicamente, efectivamente tras una llamada del señor sargento, acudió al lugar una camioneta doble cabina de color blanco, que transportaba tres civiles y quienes en la distancia 206 BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLITICA entablaron conversación con los uniformados, por un buen espacio de tiempo, sin podernos enterar de quiénes se trataba, seguidamente abordaron su vehículo y se marcharon. De otro lado, y teniendo en cuenta que contamos con medios de comunicación otorgados por el programa de protección como medida cautelar, los funcionarios del DAS, que nos acompañaban procedieron a comunicar a sus superiores, sobre la autorización de permitir una requisa del vehículo, ya que tenían orden desde Bucaramanga y de otro lado nosotros procedimos desde el celular de María P. Cardona M., nos comunicamos con El Dr. FERNANDO IBARRA, funcionario de la Vicepresidencia de la República para el programa, quien solicitó se le pasara a la autoridad que dirigía la acción, quienes se negaron a pasar al teléfono, igualmente del Avantel de Wilson Ferrer D., nos comunicamos con El Dr. ANCIZAR SALAZAR, de la Defensoría del Pueblo, quien realizó los contactos con autoridades según sus informaciones en el seguimiento de la acción; seguidamente, recibimos respuesta al celular de María, de la Sargento JAC- QUELINE DAZA HERNÁNDEZ, de la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional, quien ya había sido informada de los hechos, por parte de otros miembros del Comité, María entonces le amplió la información de lo que estaba ocurriendo y le hizo énfasis en el hecho de que nuestros documentos de identidad, en ese momento, llevan retenidos por más de 45 minutos y eran manipulados de forma irregular por personas de civil que no explicaban las razones, al indagar sobre la demora manifestándole que la verificación de datos de una cédula se realiza rutinariamente por radio el señor JIMÉNEZ PINZON EDGAR LIBARDO chaleco numero FJU 174, en forma altanera y de burla respondió “y si no tenemos radio?”. También, es necesario resaltar que de manera irregular el Sargento Segundo BECERRA CASTELLANOS JOSE MANUEL, subcomandante de Lebrija identificado con placa 56894 y chaleco 23475, anotó en una libreta pequeña de uso personal nuestros nombres y números de cédulas y nos las regresó cuando le hicimos ver que nos habíamos dado cuenta de su proceder exigiendo la devolución de los documentos. Con todas estas comunicaciones que enumeramos anteriormente y las respectivas llamadas que recibieron quienes realizaban el operativo, se vieron obligados a manifestarnos que los civiles eran miembros de la Sijín y de la Sipol y que el operativo era producto de una comunicación telefónica que habían recibido de la Red de Cooperantes en Barrancabermeja en la que les informaban que en ese vehículo se transportaba “base de coca” y que supuestamente, nos venían siguiendo desde Barrancabermeja, ante esta información, se permitió el desmonte de la llanta de repuesto y someterla a rigurosa requisa, corroborando que no era cierta la supuesta información, renglón seguido el Sr. Sargento Mayor Galeano ordenó al sargento segundo, José Manuel Becerra, quien procedió a levantar un acta manuscrita, sobre los hechos y nos invitó a participar de ella a lo que manifestamos que lo haríamos solo si se nos permitía inscribir lo que vimos y que se constituía en violación a nuestros derechos, además por la actitud asumida de irrespeto y autoritarismo por parte de representantes de organismos de seguridad del estado; la respuesta que obtuvimos fue que por ser una acción de rigor solo quedarían los hechos que ellos enumeraran, razón por la cual nos negamos y manifestamos que de nuestra parte efectuaríamos nuestra propia versión y acudiríamos a la autoridad y organismos de control que fuese necesario. La citada acta, fue suscrita por parte de los funcionarios del DAS que nos acompañaban, junto a las autoridades en ese lugar. Al respecto de la afirmación que los motorizados de la policía de carreteras nos venían siguiendo desde Barrancabermeja y que ellos eran los del operativo, nos preocupa, que en el trayecto, específicamente en el sitio conocido como ”Tienda Nueva, del municipio de Betulia”, nos detuvimos por espacio cercano a una (1) hora y además que ese lugar tiene amplia visibilidad, extrañamente no advertimos la presencia de ese seguimiento y por el tiempo transcurrido sería imposible no alcanzarnos, este hecho nos permite inferir que se trata de una excusa, ya que el operativo estaba montado en Lebrija con una clara intención de intimidación o de montaje para llevar a una judicialización arbitraria, si bien luego de rehacer la marcha, a la altura del acceso al municipio de Girón, un nuevo grupo de Policía, nos obligó a detenernos, en una actitud amenazante y de riesgo, ya que la sorpresa de ver el vehículo los hizo actuar presurosos y hasta esgrimir arma de fuego, como efectivamente hizo el uniformado identificado en el chaleco con el numero 2016, coincidencialmente en ese preciso momento el Dr. Ancizar Salazar de la Defensoría regional se comunica al avantel de Wilson y se le informa lo que nuevamente está ocurriendo. Pasados cinco minutos y surtidas las comunicaciones internas nos permitieron retomar nuevamente la marcha. Los miembros de la fuerza pública, especialmente los que vestían de civil asumieron durante todo el tiempo una actitud intimidatoria, irrespetuosa y de burla con nosotros, lo que nos hace preguntarnos: ¿Se montó todo este
operativo para fraguar lo que dolorosamente se ha hecho común en los últimos días, un “falso positivo”?. Ante los hechos relacionados y haciendo uso del Derecho de Petición consagrado en el Articulo 23 de la Constitución Nacional, respetuosamente solicitamos a la Procuraduría Provincial iniciar la respetiva investigación contra los miembros de la fuerza pública referenciados, además verificar sus vinculaciones con fuerzas del Estado y las razones de su presencia de aquellos civiles que actuaron en el operativo y nunca se identificaron”. Presunto Responsable: POLICÍA VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Detención Arbitraria por Persecución Política MARIA CARDONA MEJIA WILSON FERRER DIAZ CARMEN TERESA PALMARROSA BRUGES - ABOGADO JEFFERSON ORLANDO CORREDOR UYABAN Febrero 15/2007 DEPARTAMENTO: CORDOBA MUNICIPIO: TIERRALTA Neder Enrique Castellanos Vidal de 45 años, sobrino del obispo de Montería, Julio César Vidal Ortiz, persona vinculada con el proceso de paz entre las autodefensas y el Gobierno Nacional, estaba en su casa, en el barrio Alfonso López, allí recibió una llamada a su celular y a los pocos minutos fueron a buscarlo dos hombres en una motocicleta. Tras una corta conversación con ellos subió a la moto, pero Castellanos vio que las intenciones de estos hombres era matarlo y se lanzó de la moto en marcha, en ese momento le dispararon cuatro veces, asesinándolo. El ex alcalde de Tierralta Aníbal Ortiz, manifestó que el crimen pudo haber sido cometido por desmovilizados de las autodefensas. El día 24 de febrero fueron capturados tres presuntos responsables de este crimen. VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL Asesinato por Persecución Política NEDER ENRIQUE CASTELLANOS VIDAL Febrero 15/2007 DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: LA CEJA Tropas del Ejército Nacional, paramilitares autodenominados “Águilas Negras”, el Gerente de la empresa Exportaciones Bochica S,A. C.I.Hugo Cifuentes y la Inspección del Trabajo del municipio de Rionegro, oficina del Ministerio del Trabajo vienen violando sistemáticamente el derecho de libre asociación de los trabajadores de la empresa en cuestión. Por una parte, tropas del Ejército Nacional y paramilitares autodenominados “Águilas Negras” vienen amenazando de muerte a los trabajadores de Exportaciones Bochica S.A. Por otro lado, el Gerente y la Oficina del Trabajo viene desarrollando acciones dilatorias retrasando la formalización del sindicato. Señala la fuente que “el 28 de enero un grupo de empleados de la empresa Exportaciones Bochica S.A. CI. ubicada en el municipio de La Ceja, Antioquia constituyeron un sindicato de empresa denominado Unión de Trabajadores de Exportaciones Bochica S,A. C.I” Continúa la denuncia que al día siguiente hicieron los procedimientos de rigor para su formalización ante la Inspección del Trabajo del municipio de Rionegro, Antioquia. Días después el Gerente de la Empresa Hugo Cifuentes, realizó una reunión con los trabajadores donde los incitaba a desafiliarse del sindicato. Por esos días la empresa citó a los trabajadores con la presencia de algunos militares, los que le recordaron que en Colombia era muy peligrosa la labor sindical. Dos días después de esta última reunión, llegaron cartas de amenazas al Presidente, Revisor Fiscal y Tesorero del sindicato a nombre del grupo paramilitar “Águilas Negras” en donde los invitan a renunciar a su legítimo derecho de asociación so pena de ser declarados objetivos militares. Así mismo, personas desconocidas han abordado en la calle a las esposas de los integrantes de la junta directiva manifestándoles el riesgo que corren por ser parte del sindicato e incitándoles para que convenzan a sus esposos de renunciar. Finaliza la denuncia que el día 1 de febrero la Inspección del Trabajo de Rionegro, profiere un auto donde solicita nuevamente los documentos, el día 14 de febrero luego de realizar los arreglos de forma son entregados nuevamente y de nuevo es negada la inscripción sindical, desconociendo el derecho constitucional y vinculante con los convenios de la OIT. Presuntos Responsables: EJERCITO Y PARAMILITARES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Colectivo Amenazado por Persecución Política INFRACCIONES AL DIH Colectivo Amenazado ASOCIADOS AL SINDICATO EXPORTACIONES BOCHICA S.A. Febrero • 2007 Febrero 15/2007 DEPARTAMENTO: CORDOBA MUNICIPIO: SAHAGUN Paramilitares autodenominados Águilas Negras entre los que se encuentra el “desmovilizado” Humberto Alonso Márquez del Bloque Catatumbo de las AUC contrataron a siete personas entre los que se encontraban los tres citados, todos ellos habitantes de barrios populares del oriente de Barranquilla, para trabajar en una finca en Sahagún, Córdoba, sin embargo su destino real era una escuela de capacitación paramilitar en esta población. Según una fuente, la escuela hace parte de la Brigada 11 del Ejército Nacional con sede en Montería. Las razones de la ejecución que se desconocen abre dos opciones. La primera, las víctimas se negaron a hacer parte de los paramilitares o a realizar acciones atroces como ha ocurrido en otras ocasiones y por ello fueron ejecutados. La segunda, de antemano hacían parte de un plan de falsos positivos que se viene implementando en todo el país para mostrar una falsa eficacia del Ejército Nacional. Las siete personas salieron de Barranquilla en las horas de la terde y al día siguiente a las 5:00 a.m. los tres en mención fueron reportados como guerrilleros muertos en combate, dados de baja por tropas adscritas al Gaula de la Brigada 11, Ejército nacional. Al no tener claras las motivaciones que llevaron a las siete personas el Banco de Datos se abstiene de reportar a las otras cuatro personas como desaparecidos. Presuntos Responsables: EJERCITO Y PARAMILITARES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Ejecución Extrajudicial por Persecución Política INFRACCIONES AL DIH Homicidio Intencional Persona Protegida JUAN CARLOS MAESTRE DÁVILA HUMBERTO ALONSO MÁRQUEZ JUAN DIEGO VERGARA DE ÁVILA Febrero 15/2007 DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: MEDELLIN Paramilitares torturaron y ejecutaron a un hombre cuya cabeza fue encontrada el pasado 15 de febrero al interior de una bolsa negra, la que se encontraba en una arenera del barrio La Loma, de la Comuna 13 de Medellín. Nueve días despúes fue encontrado decapitado en la parte alta de esta misma comuna un tronco CINEP 207
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