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cultural nacional a su legítimo dueño o que se impida el derecho de goce
sobre la misma por parte de su propietario. Lo que finalmente deben
perseguir estas medidas, es la conservación del bien y no la violación del
derecho de propiedad de manera injustificada. Sobre este tópico puede
considerarse que la Constitución Nacional en sus artículos 63 y 72 se
excedió, por cuanto, considera a todos los bienes que hacen parte del
Patrimonio Cultural de la Nación inalienables, imprescriptibles e
inembargables, característica que solo cobija a los bienes culturales
propiedad del Estado o de sus entidades territoriales y no a los bienes de
los particulares, pues como ya se explicó, a ellos solo se les puede limitar
la propiedad y no prohibírseles facultades que son inherentes a la
naturaleza de este derecho. Tal vez con el objeto de corregir esta
extralimitación de la Constitución de 1991, y aunque podría tacharse de
inconstitucional, la ley 397 de 1997 en su art. 10 al establecer “Los bienes
de interés cultural que conforman el patrimonio cultural de la Nación que
sean propiedad de entidades públicas son inembargables, imprescriptibles
e inalienables”, delimitó de forma aceptada el concepto.
Otro de los temas que preocupa determinar en el desarrollo de esta
investigación, es el referente a los bienes culturales que pertenecen a las
entidades públicas. En Colombia el patrimonio público está formado por
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