EPC 1402

© El Periódico de Catalunya. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.
VIERNES
24 Conexión a internet: http://www.elperiodico.com
14 DE FEBRERO DEL 2014
Panorama economía
La situación del mercado de trabajo
El Constitucional
avala tres puntos de
la reforma laboral
El alto tribunal respalda que
el Gobierno español utilizara
la fórmula del decreto ley
Los sindicatos protestan
en el segundo aniversario de
la aprobación de la norma
OLGA GRAU
BARCELONA
El Tribunal Constitucional
eligió precisamente el día
de ayer, segundo aniversario
de la entrada en vigor
de la reforma laboral, para avalar la
constitucionalidad del texto aprobado
por el Gobierno del PP el 12 de
febrero del 2012. Mientras trascurrían
una cincuentena de movilizaciones
sindicales por toda España en
protesta por el recorte de los derechos
laborales, el alto tribunal difundió
ayer un auto en el que respalda
tres aspectos fundamentales de la
ley: la fórmula usada de decreto ley
y aspectos relativos a los despidos
improcedentes y a los salarios de tramitación.
Este fallo supone el rechazo de
la cuestión de inconstitucionalidad
que planteó el Juzgado de lo Social
34 de Madrid contra la reforma laboral.
Esta es la primera vez que el
Constitucional se pronuncia sobre
el fondo de la reforma laboral, porque
previamente había rechazado
otras 16 cuestiones de inconstitucionalidad
procedentes la mayoría
del mismo juzgado porque no cumplían
con los requisitos formales. El
TC no se pronunció ayer por unanimidad
y lo hizo con un auto, no con
una sentencia. Fueron siete votos a
favor, entre ellos el del presidente,
Francisco Pérez de los Cobos, y cuatro
en contra. El texto, que cuenta
con dos votos particulares, no se pronuncia
sobre el recurso que presentó
el PSOE.
DECRETO LEY/ En primer lugar, el auto
del TC difundido ayer considera
que, en el caso de la reforma laboral,
el Gobierno ha cumplido con los requisitos
que la ley exige para legislar
por decreto-ley. El auto parte de la
premisa de que «la apreciación de la
concurrencia de circunstancias de
extraordinaria y urgente necesidad
constituye un juicio político o de
oportunidad» que corresponde en
primer lugar al Gobierno y, en segundo,
al Congreso de los Diputados.
Concluye que la decisión no fue
ni «abusiva» ni «arbitraria» porque
estaba basada en «datos constatables
relativos a la situación de crisis
económica y desempleo» para justificar
el uso del decreto ley.
el auto
1
MÚLTIPLES
2
3
RECURSOS
Desde la aprobación del
real decreto ley, el TC ha
rechazado hasta 16
cuestiones de
inconstitucionalidad, la
mayor parte de ellas
procedentes del Juzgado
de lo Social número 34 de
Madrid.
DISCREPANCIAS
El auto cuenta con los
votos particulares de los
magistrados Fernando
Valdés, Luis Ignacio
Ortega, Adela Asua y Juan
Antonio Xiol. En su voto
particular discrepante,
Valdés, Ortega y Asua se
oponen al decreto-ley.
CUESTIÓN PARCIAL
Valdés, Ortega y Asua
también sostienen que la
cuestión de
inconstitucionalidad no
debía resolverse hasta que
el pleno no dictara
sentencia sobre el recurso
de inconstitucionalidad
presentado por el PSOE.
En segundo lugar, el alto tribunal
avala que en el caso de despido improcedente
al trabajador se le pueda
indemnizar con una cálculo dual. El
tiempo de servicios anterior a la fecha
en vigor de la reforma laboral
se pagará a razón de 45 días por año
trabajado, que es lo que estipulaba
la norma antes de la reforma, mientras
que el tiempo posterior al 12 de
febrero del 2012 se pagará a 33 días
por año trabajado. El TC niega que
establezca medidas arbitrarias y que
provoque una discriminación «de
origen clasista», como alega el órgano
judicial.
Para formular esta crítica, el Juzgado
de lo Social de Madrid compara
en su cuestión de inconstitucionalidad
el régimen indemnizatorio civil
con el laboral, una comparación
que, según explica el TC, no es válida
al tratarse de realidades diferentes
reguladas en regímenes jurídicos
distintos. La reforma, por el contrario,
«no prevé diferencias entre
los trabajadores comprendidos en
el supuesto regulado».
El tercer aspecto que el TC avala
es que el trabajador al que se haya
despedido de manera improcedente
no cobre el salario de tramitación
si no es readmitido. Desde la aprobación
de la nueva reforma laboral
el trabajador solo los cobra si el empresario,
cuando el juez dicta que
un despido es improcedente, decide
reincorporar al despedido. La realidad
es que los salarios de tramitación
han desaparecido puesto que
no hay incentivo para que el trabajador
sea readmitido.
El TC vuelve a rechazar que se trate
de una decisión arbitraria pues la
exposición de motivos «explica las
razones por las que el legislador justifica
la supresión de los salarios de
tramitación» cuando se opta por la
indemnización y no por la readmisión
del trabajador. Finalmente, el
TC niega, como alega el Juzgado,
que la norma viole el derecho al trabajo
por suponer un incentivo a la
rescisión indemnizada del contrato.
El auto sostiene que ese supuesto
efecto incentivador es «una presunción»
del órgano promotor de la
cuestión de inconstitucionalidad.
MOVILIZACIONES/ La realidad es que, a
pesar del aval del TC, la reforma laboral
levanta ampollas en la sociedad.
Ayer, hubo protestas en medio
centenar de ciudades españolas. En
Barcelona, un millar de personas, según
la Guardia Urbana, se manifestaron
por el centro de la ciudad contra
los «terribles efectos» que ha tenido
para el mercado. La protesta,
convocada por CCOO, USOC y UGT,
discurrió sin incidentes desde la plaza
Urquinaona hasta la de Sant Jaume
bajo el lema Contra la reforma laboral,
el paro y la precariedad.
Los sindicatos denunciaron que
dos años después de la entrada en
vigor de la ley, el paro y los ERE siguen
creciendo, el poco empleo que
se crea es temporal y precario y muchos
convenios colectivos están bloqueados
o han quedado sin efecto.
Al acabar la manifestación, los líderes
sindicales leyeron un manifiesto
en el que denunciaron que la reforma
laboral ha traído más crisis en lugar
de recuperación económica. H
CONFLICTO EN UNA COMPAÑÍA
De la huelga
al juzgado
El comité de paros de Panrico se sienta en el
banquillo por la supuesta ilegalidad de la acción
ALBERT SEGURA
SABADELL
El caso de Panrico ha tomado dimensión
de gran lucha social. Cada
vez son más las asociaciones, entidades
o partidos políticos que han
decidido apoyar la causa de los trabajadores,
que ayer cumplían cuatro
meses de huelga en la planta de
Santa Perpètua de Mogoda (Vallès
Occidental). No fue un aniversario
feliz. Lo pasaron en los juzgados de
Sabadell, donde testificaron tras la
denuncia de la dirección.
Pasaban pocos minutos de las
8.00 horas cuando las primeras
personas se empezaban a concentrar
frente a los juzgados de la capital
vallesana. Muchas de ellas eran
trabajadores, amigos, familiares o
vecinos que querían dar su apoyo
a los 10 representantes del colectivo
que tenían que responder a la denuncia
de la firma, que no comparte
el sentido de la huelga.
El parón, que ayer cumplía 120
días, ha detenido por completo la
planta vallesana. La protesta arrancó
tras el retraso en el pago de las nóminas
de septiembre, pero se alargó
tras no reconocer el acuerdo al que
la dirección llegó con los representantes
de los trabajadores de todo el
Estado. La planta catalana era la más