RENOVABLES

El jugoso potencial de crecimiento
de la energía eólica en
Europa y en España tiene una
cara B que la Comisión Europea
ha decidido hacer escuchar
a sus 27 países miembros. Se trata de atajar
la creciente mortalidad de aves que el
aprovechamiento del viento está provocando
en los espacios de la Red Natura
2000, una red de casi 26.000 espacios en
los 27 países miembros, creada precisamente
para proteger las especies y los hábitats
más valiosos y amenazados de Europa.
El problema es que el hecho de que
un espacio sea incluido en la Red Natura
2000 no implica que sea prohibido ipso
facto cualquier desarrollo de actividad
económica en ese espacio. Por ello, el ejecutivo
comunitario publicó en noviembre
de 2010 una serie de directrices para conciliar
el despliegue de la eólica y el respeto
de la biodiversidad en estos 26.000 espacios
repartidos por el mapa europeo, en
un contexto que concede a la energía del
viento una importancia vital para alcanzar
el objetivo del 20% de energías renovables
en la Unión Europea en el horizonte de
2020.
■ Más de 20.000 megavatios
En España, la potencia instalada hasta la
fecha supera los 20.600 megavatios, según
la Asociación Empresarial Eólica
(AEE), patronal del sector. AEE calcula
que entre 2012 y 2013 el parque eólico
nacional podría sumar 3.000 MW más, y
que, para el año 2016, los concursos autonómicos
en curso añadirían otros
7.000. Estos cálculos de potencia se traducirían
en 300 parques más de los actuales.
A lo largo de los últimos diez años, la
industria eólica ha puesto en funcionamiento
889 parques eólicos, donde cada
año se registra la muerte de 25 millones
de aves, según cálculos de la organización
ecologista SEO/BirdLife, que sigue desde
hace años el impacto de este sector en
la avifauna.
El principal problema para conciliar la
industria eólica y la conservación de la naturaleza
es que las zonas de mejor viento
suelen coincidir con los espacios donde
las aves se instalan o transitan. Galicia, el
valle del Ebro (Castilla y León), Navarra,
Aragón, el extremo noreste de Cataluña,
Menorca, el oeste de la provincia de Albacete
(Castilla-La Mancha), las islas orientales
del archipiélago canario y el estrecho
de Gibraltar (Andalucía) son los espacios
con mayor potencial de viento identificados
por el Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía (IDAE) para el
Foto de Alan_Gilbertson /www.iberica2000.org
Plan de Energías Renovables 2011-2020,
marco legal del futuro desarrollo eólico
que el gobierno ya ha presentado a las comunidades
autónomas.
La organización SEO/BirdLife ha
presentado 30 denuncias contra parques
eólicos localizados en varias de estas comunidades
autónomas por impacto en la
avifauna. “Y no tenemos más por falta de
capacidad”, explica Juan Carlos Atienza,
coordinador de conservación de la organización.
En Castilla y León, la mitad de
los parques eólicos de la zona de Omaña,
vital para el urogallo y el alimoche, están
paralizados por orden judicial. En los últimos
cinco años, la asociación ha hecho
alegaciones contra 400 parques eólicos.
El problema, según Atienza, es que la legislación
ha ido acompañando lentamente
y en muchos casos de forma insuficiente
y aleatoria el rápido desarrollo de la
industria del viento. La práctica totalidad
de los parques eólicos operativos en España
se rige por el régimen especial que
plantea la legislación para aquellos parques
de menos de 50 megavatios de potencia,
por el que tienen acceso a las primas.
La evaluación del impacto ambiental
que prevé la ley para parques de ese tamaño
depende de las propias comunidades
autónomas y no del estado. El resultado
de este marco legal está siendo que las
compañías fragmentan sus parques eólicos
para recibir las primas y las comunidades
autónomas generan así empleo y mayores
recursos.
■ Límites que no gustan a nadie
¿Tiene esta fragmentación de las instalaciones
eólicas un impacto mayor en la
avifauna? Para Atienza no hay duda. “No
es lo mismo el impacto de un parque aislado
que el de nueve a la vez”, explica este
experto. El propio sector reconoce
que esta limitación de potencia no cae
bien. Desde las empresas se reclama el fin
de este límite ficticio porque representa
mayores complicaciones administrativas.
“El sector se ha visto obligado a separarlos
para poder optar a la retribución”, explica
Heikki Willstedt Mesa, director de
políticas energéticas de la Asociación
Empresarial Eólica (AEE) y ex responsable
en el área de Energía y Cambio Climático
de la organización ecologista
WWF. Ahora bien, “las empresas tienen
cada vez más cuidado respecto a su impacto
ambiental y están tomando medidas
correctoras y disuasorias para evitar
que las aves choquen contra los aerogeneradores”,
añade Willstedt, que insiste
en precisar que el problema no es el par-
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