Abriendo caminos dejando huellas

La existencia de estos escenarios de discusión legal conduce a la
reflexión sobre las limitaciones de lo jurídico, por una parte en tanto
la estructura del derecho vigente es eminentemente patriarcal y por
otro lado por la insuficiencia que ha mostrado contar con normas a
favor de las mujeres que en la práctica no se aplican. Parece paradójico
que las mujeres de alguna manera luchen por la promulgación
de normas en las que se reconozcan sus derechos, pero a la vez constaten
todo el tiempo que la existencia de normas no genera los cambios
requeridos en las prácticas sociales. Pese a ello las acciones de
exigibilidad que grupos de mujeres impulsan para hacer cumplir sus
derechos, siguen siendo fundamentales en toda Latinoamérica y un
eje transversal de la acción pública política de las mujeres, que con
un soporte en redes organizadas y articuladas con los movimientos
sociales, reaviva la esperanza en que las leyes escritas se conviertan
en leyes aplicadas en la realidad. A esto se suman las acciones de
incidencia política, que aprovechan momentos políticos propicios, en
los que el Estado muestra una cierta apertura hacia los temas de las
mujeres, los cuales se convierten en oportunidades que potencian el
logro de los objetivos de los movimientos de mujeres.
posicionar el Mandato Agrario de 2003 7 y fortalecer
las mesas regionales de mujeres. También se debe
reconocer la participación de la Mesa en los procesos
que conllevaron a la expedición de normas, como la
Ley 1257 de 2008 -Por la cual se dictan normas de
sensibilización, prevención y sanción de formas de
violencia y discriminación contra las mujeres- en la que
se hicieron propuestas y se participó en los debates
públicos sobre la ley. Además de la elaboración de
propuestas al Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
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7 El Mandato Agrario es una propuesta de política pública
agraria elaborada desde el movimiento social campesino, que
surgió como resultado del Congreso Nacional Agrario realizado
en Colombia los días 7 y 8 de abril de 2003, suscrito por un
amplio número de organizaciones campesinas nacionales.