Abriendo caminos dejando huellas

Constitucional. El conflicto armado deja profundas
secuelas en las mujeres, y exacerba los efectos de la
violencia de género, además de que la violencia sexual
ha sido utilizada también de una manera indiscriminada
como una estrategia de guerra contra las mujeres.
En el nivel normativo, existe un marco que reconoce
un amplio número de derechos para las mujeres.
El problema no es de ausencia de normas, sino de
su eficacia. En Colombia se cuenta con la Ley 1257
de 2008 -de sensibilización, prevención y sanción
de formas de violencia y discriminación contra las
mujeres-, que contiene un catálogo importante de
derechos y unas medidas de sanción para quienes
atenten contra los derechos de las mujeres, sin
embargo, en la práctica ellas siguen siendo víctimas de
muchas formas de violencia. También existen ordenes
de la Corte Constitucional para la implementación de
trece programas específicos a favor de las mujeres
desplazadas 3 o la Ley 1448 de 2011 -de víctimas y
restitución de tierras- que contiene unos artículos en
los que expresamente se ha incorporado la perspectiva
de género en las medidas de reparación integral para
víctimas del conflicto armado. Particularmente para
las mujeres rurales, la Ley 731 de 2002 se considera
como un instrumento importante, pero que no ha
tenido los alcances esperados.
3 Ver Corte Constitucional, Auto 092 de 2008. Esta es una
decisión emitida por la Corte Constitucional de Colombia, en la
que como parte del seguimiento a una serie de órdenes dadas
para superar el estado de cosas inconstitucional constatado
con relación a la atención a la población desplazada en
Colombia, se hace un análisis detallado de los riesgos
específicos que enfrentan las mujeres víctimas del conflicto
armado y se ordena al gobierno nacional la adopción de una
serie de medidas para superar estas situaciones y proteger de
manera efectiva los derechos de las mujeres desplazadas.
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