inundaciones - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo ...

Diplomado Gestión Ambiental del Riesgo
En Colombia la gestión ambiental del riesgo ha tomado relevancia dentro de la política pública,
consolidando un marco legal a nivel nacional y regional que permite una efi caz gestión interinstitucional
y de recursos. La normatividad existente en el país refl eja la transformación conceptual que ha sufrido
la visión sobre los impactos sociales de los fenómenos naturales pasando de una estructura jurídica
e institucional basada en la respuesta a las situaciones de emergencia a un aparato institucional que
trata de incorporar la visión de la gestión mediante un conjunto de acciones y políticas basadas en la
prevención y la mitigación de los escenarios de riesgo.
A continuación se presentan las principales normas del orden nacional que reglamentan y orientan la
gestión del riesgo.
3.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
La Constitución Política establece entre otras disposiciones, en su artículo 2 que:
“Son fi nes esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa
y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar
la convivencia pacífi ca y la vigencia de un orden justo”.
3.2 LEYES
-Ley 46 de 1988. Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención
de Desastres, se otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la República y se dictan otras
disposiciones. (SNPAD). La ley 1523 de 2012 deroga esta Ley.
Ley 9 de 1989. Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa
y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones, inventarios de zonas de alto riesgo y la
reubicación de su población. Defi ne la responsabilidad de las autoridades municipales en cuanto a la
seguridad de los habitantes de las zonas urbanas ante los peligros naturales, estableciendo:
• La obligatoriedad a los municipios con la asistencia de las ofi cinas de planeación de levantar y
mantener actualizado el inventario de las zonas que presenten altos riesgos para la localización
de asentamientos humanos (inundación, deslizamiento).
• La obligatoriedad de adelantar programas de reubicación de los habitantes, o proceder a
desarrollar las operaciones necesarias para eliminar el riesgo en los asentamientos localizados
en dichas zonas.
22