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Leyes, Decretos, Convenios y Sentencias que legalizan la opacidad
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La transparencia traducida a través del derecho de
toda persona a buscar, recibir y divulgar información
de toda índole y sin censura previa, ha sido
reconocida internacionalmente, como un derecho
incorporado al derecho a la libertad de expresión
contenido en los instrumentos internacionales. En
el ámbito interamericano, este derecho al acceso
a la información pública o de interés público y la
contrapartida de la obligación del Estado de garantizarlo
y protegerlo, fue planteado inicialmente
en los Principios de Libertad de Expresión por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(“CIDH”) (www.cidh.org) y posteriormente desarrollados
por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (“Corte IDH”) mediante una interpretación
evolutiva del derecho a la libertad de expresión
reconocido en el artículo 13 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (“CADH”).
Esta interpretación fue cristalizada por Corte IDH
en su sentencia de Sentencia de 19 de septiembre
de 2006 en el caso Claude Reyes y otros (www.
corteidh.or.cr).Por cierto que este reconocimiento
tuvo lugar mientras Venezuela era un Estado parte
de la CADH y estaba bajo la jurisdicción incondicional
y general de la jurisdicción de la Corte IDH, por
lo que ese derecho como derecho inherente a la
persona humana, quedó incorporado con carácter
de progresividad en nuestro ordenamiento constitucional,
en aplicación de las disposiciones expresas
de nuestra Constitución (arts. 19, 22 y 23).
El derecho al acceso a la información de interés público
en una democracia es una herramienta esencial
en el logro de la transparencia y en la lucha
contra la corrupción. En la opacidad es donde actúa
la corrupción. Por ello es necesario prender las luces
de los espacios públicos, para que las sombras
y los oscuros no cobijen al crimen. Para lograr ese
objetivo es crucial lograr la transparencia de los
asuntos públicos, entre otras, mediante la garantía
ciudadana del acceso a la información de interés
público o en poder del Estado. Por ello, toda ley,
decreto, reglamento o sentencia que no garantice
eficazmente o que obstaculice el logro de ese objetivo,
favorece la opacidad y con ella la corrupción.
Así mismo, el acceso a la información está íntimamente
vinculado al ejercicio del derecho político a
la participación ciudadana en los asuntos públicos,
ya sea directamente o a través de representantes
electos. De allí que la información sea una condición
necesaria para el ejercicio efectivo de la ciudadanía,
como lo reconoció la Corte IDH desde 1985
desde su Opinión Consultiva Número 5 sobre la
Colegiación Obligatoria de Periodistas.
Para que el Estado garantice efectivamente el derecho
al acceso a la información de interés público,
este derecho debe cumplir con los estándares
internacionales mínimos establecidos por la Corte
IDH en la sentencia Claude Reyes y otros.
En primer lugar, el derecho de acceso a la información
es un derecho humano universal. En consecuencia,
toda persona tiene derecho a solicitar
acceso a la información. En este sentido, la Corte
IDH ha precisado que no es necesario probar un
interés directo ni una afectación personal para obtener
la información en poder del Estado. Por lo
cual resulta contrario al estándar internacional establecido,
que el Estado venezolano les imponga
a las personas tener o acreditar algún interés especial,
garantizar el uso legítimo de la información
solicitada.
En segundo lugar, el objeto del derecho de acceso
a la información es aquélla que está bajo custodia,
administración o tenencia del Estado. Es decir, la
información que el Estado produce o que está obligado
a producir; la información que está bajo poder
de quienes administran los servicios y los fondos
públicos, únicamente respecto de dichos servicios
o fondos; y la información que el Estado capta, y la
que está obligado a recolectar en cumplimiento de
sus funciones.
En tercer lugar, el Estado tiene la obligación de
suministrar información de manera oportuna, accesible
y completa o de otorgar una respuesta motivada
ante la solicitud formulada. En este sentido,
en caso de que existan excepciones, éstas deben
estar previamente fijadas por ley. Como comentaremos
más adelante, en esta materia el Estado
debe someterse al principio de máxima divulgación.
Resulta contrario al estándar internacional
establecido, que el Estado venezolano imponga
materias generales exentas del acceso a la información
pública; o que no lleve a cabo una política
positiva de máxima divulgación por los diversos
medios disponibles. El principio de máxima divulgación,
conforme lo han sostenido los informes de
la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión