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REGIÓN DE CHUQUISACA
servación del derecho propietario en el uso de la tierra. Incluso
el Estado boliviano a incorporado a su legislación el convenio
196 de la OIT referente al tratamiento del derecho de los pueblos
indígenas con relación a tierra y territorio.
No podemos decir lo mismo de la segunda parte, es decir, de
la adjetivación del derecho a la tierra, porque los últimos acontecimientos
suscitados en nuestro país, innegablemente, están poniendo
en evidencia que hay dificultades en los mecanismos o
medios para alcanzar esos objetivos, es decir, el acceso a la tierra
en muchos casos para perfeccionar el derecho propietario y tener
definitivamente seguridad jurídica sobre la propiedad y la posesión
No obstante lo mencionado hay que convenir que en materia
de procedimiento y marco institucional con la puesta en vigencia
de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria y la
Ley Forestal hubo un importante e innegable avance, sin embargo,
aún no se pueden satisfacer todas las demandas de tierra, por
el contrario, parece que estamos frente a una situación social conflictiva
de aparente enfrentamiento entre cambas y collas, entre
terratenientes y sin tierra, entre ricos y pobres, empero esto no es
mas que un espejismo que nos hace ver, por la ansiedad de resolver
el viejo tema de distribución y titulación de la propiedad agraria,
un conflicto irresoluble. Frente a esta situación el Estado debe
tomar iniciativas muy rápidas no sólo para evitar el desborde social
sino para resolver fundamentalmente y definitivamente el
problema de la distribución de la tierra.
Para este propósito tengo algunas sugerencias que son muy
personales, por ejemplo priorizar el saneamiento, hasta ahora el
Estado no ha puesto el interés y el empeño necesarios para poder
llevar adelante este proceso de saneamiento, esto supone que el
Estado debe hacer una inversión importante para fortalecer la
institucionalidad del INRA con recursos humanos, con recursos
tecnológicos y recursos económicos, para que avanzar definitivamente
en este proceso. Una vez distribuidas las tierras es probable
que el poder ejecutivo tenga que retirar su intervención porque
la solución de controversias ya no corresponde al órgano administrativo
sino a la parte jurisdiccional y el control del uso de la
tierra corresponderá siempre al sistema regulatorio.
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