Informe 1/2007 - Ciudad Autónoma de Ceuta

miembros y entre las regiones. Estas divergencias de riqueza
y dinamismo tienen su origen en deficiencias estructurales en
algunos factores decisivos para la competitividad, como las
inversiones en infraestructuras físicas, la innovación y los
recursos humanos. Por esa razón, los Estados miembros y
las regiones necesitan el apoyo de las políticas comunitarias
para superar sus condicionantes, desarrollar sus ventajas
comparativas y evolucionar mejor en un entorno cada vez
más competitivo.”
3.2. INICIATIVAS LEGALES.
Antes de entrar a valorar la viabilidad de las posibles vías jurídicas o
iniciativas legales, hemos de analizar una serie de aspectos generales
que afectan a este estudio.
La Política Común de Transportes de la Comunidad Europea se
sustenta en la liberalización y la armonización. La liberalización ha
conllevado que se abran los mercados de los Estados miembros a
la competencia, lo que en el fondo ha permitido a las empresas del
sector transportar libremente personas y mercancías de un país a
otro dentro de la UE e incluso dentro de un mismo Estado
miembro, al haberse librado también el cabotaje.
El Reglamento (CEE) número 3577/92 del Consejo, de 7 de
diciembre de 1992, por el que se aplica el principio de libre
prestación de servicios a los transportes marítimos en el interior de
los Estados miembros. El reglamento permite la libre prestación de
servicios de transporte marítimo en el interior de un Estado
miembro (cabotaje marítimo) para los armadores comunitarios que
presten sus servicios con buques matriculados en un Estado
miembro y bajo pabellón de dicho Estado, siempre que dichos
buques reúnan todas las condiciones necesarias para su admisión
en el cabotaje del citado Estado. Un Estado miembro podrá
subordinar el derecho de efectuar los transportes a obligaciones
de servicio público si ello es necesario para garantizar un número
suficiente de servicios de cabotaje entre su parte continental y sus
islas o entre éstas.
El cabotaje marítimo fue liberalizado el 1 de enero de 1993. Por lo
que se refiere a Portugal, España, Francia, Italia y Grecia, la
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