libro la batalla petroleo - Aepet

2003, punto positivo: el nuevo director de Exploración y
Producción (E&P) hace un esfuerzo exploratorio para perforar las
áreas que serían devueltas al ANP, en agosto del 2003. El anterior
director venia postergando esas disposiciones para
intencionalmente entregar las áreas para subasta. De enero a
agosto, el E&P descubre 5,6 billones de barriles (50% de la reserva
del país) e impide la devolución de esas áreas para subastar. El
esfuerzo también ayudó al descubrimiento del campo de Tupi y
petróleo pre-sal en el 2007.
Acción de inconstitucionalidad – ADI
Cuando en 1997 fue aprobada la Ley 9478/97, consultamos varios
juristas sobre la constitucionalidad del Artículo 26 que otorgaba la
propiedad del petróleo a quién lo produjera, mientras que la
Constitución decía que el petróleo era monopolio de la Unión. Sin
embargo, esos mismos especialistas nos aconsejaron que
esperáramos un momento más oportuno porque el presidente
Fernando Henrique Cardoso contaba con el voto favorable de 8 de
los 11 ministros del Supremo Tribunal Federal.
En el 2003, habiendo el gobierno de Lula cambiado a 4 de los 11
ministros del STF, la AEPET entró con una Acción Directa de
Inconstitucionalidad (ADI) del referido Artículo 26, a través del
gobernador Roberto Requião. Se esperaba que el gobierno
aprovechara el pretexto para revisar los estragos hechos por
Cardoso. Gran error. Siendo aceptada la Acción Directa de
Inconstitucionalidad por el Ministro Ayres de Britto, que inclusive
concedió la promoción a una acción cautelar que suspendía la 6a.
licitación de los campos petroleros; fuimos sorprendidos por el
mandato de aseguramiento del gobierno a través del Abogado
General de la Unión (representa a la Unión judicial o
extrajudicialmente), quien por debajo del agua, impulsó una
acción totalitaria del Presidente del STF, Nelson Jobim, una medida
cautelar que fue concedida por el ministro Ayres de Britto;
Obtuvimos un voto magistral del Relator, el ministro Ayres de
Britto, y enseguida el ministro Marco Aurelio Mello, favoreció la
Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI). A partir de ahí entró
al campo el mismo lobista que “convenció” al Congreso para
quebrar el Monopolio Estatal, ahora para “convencer” a los
Ministros del Supremo Tribunal Federal de desechar la Acción
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