TOMO V

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su iniquidad debia hacer abrir los ojos á los Padres empeñados
en oponerse a.• toda transaccion : sin embargo no fue este el
resultado. Decíanles los legistas que el derecho coman' y la ley
Iglesia y el Estado habian reconocido este derecho de no obligarse de mancomu
y los Jesuitas mediante la union de beneficios á .favor de las casas no competentemente
dotadas. Cuando un colegio, un noviciado, ó un seminario, eran
demasiado pobres, no se averiguaba si las otras residencias del reino ó de la
provincia disfrutaban de una fortuna excesiva; sino se atendia únicamente al
montante de las rentas, y de los cargos de la casa, con la cual se proyectaba
unirla. Si las rentas resultaban suficientes, los dos poderes decretaban y procedían
á la union del beneficio con el establecimiento. Resulta, pues, que tanto
el derecho canónico, como el civil, consentian que las casas de la misma Úrden
, ligadas entre sí por el comun vínculo de una regla comun y la obediencia
al mismo superior, se considerasen como enteramente distintas, y separadas
en todo lo concerniente á los intereses puramente temporales.
Hasta el año de 1760 nadie había disputado á los Jesuitas este derecho, de
no quedar obligados de mancomun , del cual disfrutaban lo mismo que las demás
órdenes religiosas, á las cuales nunca se les disputó, atacándolo únicamente
con referencia al instituto de san Ignacio. Alegóse el pretexto de que el
General de la Compañía ejercia un dominio despótico, y que era dueño absoluto
de las personas y de las cosas, y por lo tanto propietario universal de los
bienes de la órden. Segun los términos de las Constituciones, esta asercion no
tenia ninguna fuerza, pero ciertos odios apasionados lograron que pasase por
un principio incontestable.
Sin embargo, la legislacion del Instituto es bien explícita sobre este punto.
El General se coloca en la misma categoría que sus cofrades, hace voto de pobreza,
y no puede disponer de bienes ningunos.. En las sociedades religiosas,
no son las personas ó los superiores los que poseen los establecimientos, que
vienen á ser unos seres ideales legalmente reconocidos por el derecho canónico
y civil. El texto de las Constituciones de san Ignacio presenta siempre al
General como al administrador, y no como á propietario de los bienes de la
Sociedad. En su administracion , que las Constituciones ( parí. IV. cap. 11 ), llaman
superintendencia, porque él es el que nombra los demás superiores ó administradores,
con la obligacion de darle cuenta de sus gestiones, queda sometido
el General en todos los puntos esenciales al examen de la Congregación
general, sin cuyo consentimiento no puede enajenar ni disolver un colegio ú
otro establecimiento; y la violacion de la ley, seria motivo suficiente .para ser
depuesto y basta excluido de la Compañía, corno está previsto por las Constituciones
( part. IX, cap. 4). Puede recibir las propiedades y donativos ofrecidos
á la Compañía, puede, cuando no consta la intencion del fundador, aplicarlos
á este ú otro colegio ó casa determinada ; pero una vez hecha la aplicacion,
ya no le es permitido distraer los frutos, ni aplicar nada de sus rentas para su
uso propio, y mucho menos para darlo á extraños de la Compañía, especialmente
á los de su familia. Puede el General, por sí ó por apoderado, celebrar toda
clase de contratos de venta, de compra de bienes muebles, de cualquier clase
que sean, tanto de los colegios como de las casas de la Sociedad; puede cons-
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