Criminales, víctimas y verdugos - Ediciones Península

Terminada la Guerra Civil, prosigue la represión de los vencedores
sobre los vencidos que ya se había manifestado brutalmente
—por ambos bandos— a lo largo de los tres años de
conflicto armado. En 1939, el número de detenidos políticos
superaba los 270.000. Se calculan en varias decenas de miles de
ejecuciones durante los primeros meses tras la victoria «nacional»
del 1 de abril de 1939. Los expedientes por responsabilidades
políticas afectaron a 125.000 personas. En este contexto
poco o nada podían importar los sucesos de sangre por truculentos
que fueran. Un crimen pasional, un homicidio con
robo, un atraco a mano armada, era una anécdota ante lo que
estaba pasando.
Junto a la represión directa hubo un amedrentamiento generalizado
de la población que había simpatizado con la causa
republicana. En Albacete, un 9% de la población pasó por los
tribunales militares. Se depuraron todos los organismos oficiales,
especialmente la enseñanza (un 10 % de los maestros
fueron expulsados y un 25% sufrió sanciones), y la economía
se reconstruyó favoreciendo a los adictos al Régimen, excluyendo
de ella a todo sospechoso de desafección. En todas las
ciudades y pueblos, la autoridad civil y la religiosa —esta última
encarnada por el párroco— emitían informes que, en el
caso de ser negativos, conllevaban todo tipo de discriminaciones.
A las mujeres «rojas» se les rapaba el pelo al cero, se las
obligaba a tomar aceite de ricino o a barrer las iglesias y las casas
de los gerifaltes locales. Las familias de los condenados debían
saber cargar con el estigma de los vencidos.
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