revista completa - Editorial Guaymuras

ACTUALIDAD
Los proyectos hidroeléctricos aprobados por el
Congreso Nacional, así como la privatización de la represa
de Nacaome, representan una abierta violación
a la legislación ambiental vigente y varios conllevan el
potencial de atentar contra la vida humana.
LA DOLOSA PRIVATIZACIÓN DE
LA REPRESA DE NACAOME
La corrupción, y la impunidad que la sustenta,
son evidentes en la privatización de esta represa. Esta
acción fue iniciada por José Rosario Bonano —ministro
de la SOPTRAVI 4 en el gobierno de José Manuel Zelaya y
en el régimen de facto de Roberto Micheletti—, quien
violó el procedimiento de concesiones de la Secretaría
a su cargo. Por esa vía, concedieron la represa a la
Sociedad Eléctrica de Nacaome (ENASA), una empresa
fantasma, pues no existía en el momento que se le
otorgó la concesión. ENASA fue inscrita en el Registro
Mercantil hasta el 12 de abril de 2010.
El 7 de diciembre de 2009, el ministro Bonano envió
al Congreso Nacional el proyecto de decreto relativo a
la concesión mediante oficio DM-0672-2009, junto con
el contrato de privatización de la represa de Nacaome.
La concesión fue otorgada por 25 años, por lo que ENA-
SA percibirá utilidades calculadas en 650 millones de
dólares, según el ex fiscal general Edmundo Orellana;
mientras, el Estado percibirá un canon de apenas un
millón de dólares al año, aproximadamente.
Los diputados Valentín Suárez Osejo, Miguel Ángel
Gámez, José Darío Gámez y Ramiro Adalid Chacón
revisaron y dictaminaron a favor de esta concesión y, el
13 de enero de 2010, el Congreso adjudicó la privatización
de la represa a la fantasma ENASA. El 20 de enero
el Decreto Legislativo 293-2009 fue remitido al Poder
Ejecutivo y, el 21, fue sancionado por el gobernante de
facto Roberto Micheletti, quien lo envió de inmediato
a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) para
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, el día
siguiente.
Sin embargo, la ENAG sólo imprimió veinte ejemplares
de este número de La Gaceta, y todos los adquirió
el asesor de la Fiscalía General, Nick Atala, por 20 mil
lempiras; por tanto, el público no tuvo acceso a la información
contenida en ese número del Diario Oficial.
4 Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda.
24
envío
El 29 de enero despidieron el gerente de la ENAG
porque —según sus propias declaraciones— desobedeció
las órdenes de la diputada Ana Julia García,
de imprimir un nuevo tiraje de La Gaceta nº 32,120,
donde se suprimía lo relacionado con la concesión de
la represa de Nacaome.
El 1 de febrero de 2010 hicieron el segundo tiraje,
esta vez sin el polémico decreto. Esta nueva versión, de
16 páginas en lugar de las 32 publicadas el 22 de enero,
sólo constó de 36 ejemplares. Al ser denunciado el dolo,
diferentes instituciones estatales iniciaron un caótico
croar de ranas en el charco de la impunidad, intentando
disipar los ánimos. Diputados, fiscales, funcionarios
del Poder Ejecutivo y de la Procuraduría General de
la República comenzaron a formar comisiones para
“investigar”, hasta lograr que el hecho quedara en la
impunidad.
PROYECTO HIDROELÉCTRICO LAS GLORIAS
Se construye en la cuenca del río Bejucal, en la comunidad
de Las Flores, municipio de Balfate, Colón, a
un costo de doce millones de dólares. Tendrá capacidad
para generar seis megavatios y utilidades anuales de
150 millones de lempiras. Este proyecto pertenece al
Grupo Terra, cuyo gerente general es Roberto Nasser,
y cuenta con licencia ambiental otorgada por la SERNA.
Sin embargo, la alcaldía y la población desconocen el estudio
de impacto ambiental (EIA) y el plan de manejo de
la cuenca, que debieron efectuarse previamente, lo cual
violenta la Ley General del Ambiente y su Reglamento.
Esta represa no ha sido concluida debido a que las
lluvias han inundado las obras en construcción, al menos
tres veces en los últimos años, lo que indica fallas en
el estudio técnico del proyecto. Un resultado previsible,
cuando la represa esté construida, es que las comunidades
de la cuenca baja del río sean soterradas por su
caudal. En este caso, correrían el riesgo de perder sus
cosechas, lugares de labranza y hasta sus vidas. Según
Florentino Portales, regidor municipal de Balfate, los
pobladores ya están sufriendo algunos efectos negativos
por la construcción de la obra, como la sedimentación
río abajo, que afecta la calidad del agua.
El alcalde Domingo Alvarenga manifestó desconocer
los estudios de impacto ambiental del proyecto, lo
que implica una violación del artículo 8 del Reglamento
de la Ley General del Ambiente, que declara de interés
público, y por tanto obligatoria, la Evaluación de Impacto
Ambiental. Alvarenga sostiene que esta empresa