revista completa - Editorial Guaymuras

CONCLUSIONES
PRIMERA: El problema fundamental no son las
normas, sino las personas encargadas de aplicarlas. Así,
aunque imperfecta y excesivamente vertical, existe una
Ley de la Carrera Judicial que no se aplica plenamente.
A pesar de que establece los requisitos que deben llenar
los jueces, magistrados y demás personal, éstos no se
toman en cuenta, y pocas veces los nombramientos se
hacen por concurso. Tampoco se pone en práctica el
sistema de evaluación basado en méritos. De otra parte,
los órganos internos: Consejo de la Carrera Judicial, Dirección
de Administración de Personal y la Comisión de
Selección de Personal están integrados por Magistrados
de la CSJ o por personas propuestas por ellos, lo que los
convierte en juez y parte en caso de una controversia,
por ejemplo un despido. Todo esto da lugar a la crítica
repetida constantemente, que algunos nombramientos
se hacen con la intervención de los partidos políticos,
y no por concurso de méritos, como establece la ley.
SEGUNDA: Ha quedado comprobada, por los testimonios
de los jueces y abogados del foro, la fragilidad
de la independencia externa de la Corte Suprema pues,
a pesar de que la Junta Nominadora propone los candidatos
a magistrados, la decisión final está en manos
del Congreso Nacional. Según algunos, esto crea lazos
de dependencia con los que finalmente son elegidos.
Esta especie de dependencia es aprovechada por otros
actores políticos que, por la vía de algunos diputados,
ejercen sus influencias.
TERCERA: La Constitución misma, Artículo 13
numeral 8, atribuye a la Corte Suprema la facultad
de “Nombrar y remover a los Jueces previa propuesta
del Consejo de la Carrera Judicial” (que está integrado
por magistrados); el Reglamento Interior amplía esta
facultad, al establecer un régimen de control “quasi policial”
sobre los jueces y demás personal, lo que vulnera
la independencia interna de los jueces y su derecho a
la libre expresión.
CUARTA: Esta fusión entre facultades administrativas
y jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia
causa problemas porque ejerce presión sobre los jueces,
quienes pierden su independencia interna al estar
subordinados a los magistrados. Por ello se reclama la
emisión de una Ley del Consejo de la Judicatura que
asuma las facultades administrativas, y deje a jueces y
magistrados la función jurisdiccional.
QUINTA: Aunque existen mecanismos en la legislación
interna —Ley del Ministerio Público, Código
Procesal Penal, Código Penal— para la protección
de la independencia judicial, no hay confianza en la
aplicación de las garantías debido al amiguismo, el
compadrazgo y las influencias políticas.
SEXTA: Justo es reconocerlo. Se ha hecho un esfuerzo
por poner a disposición del público un portal
informático con información para garantizar la transparencia
judicial. Pero este esfuerzo será en vano si
no se coloca la información necesaria, por ejemplo: los
concursos para nombramiento de personal y sus resultados;
las evaluaciones por desempeño del personal. Si
hay algo que debe hacerse en forma pública y abierta,
es la impartición de justicia.
SÉPTIMA: Pero no todo es negativo; existen jueces
y juezas que, en forma anónima, resisten las presiones
tanto internas como externas, y mantienen funcionando
el Poder Judicial; no en vano muchos de ellos y ellas
han perdido la vida a manos de la delincuencia, o deben
ejercer sus funciones bajo protección policial.
RECOMENDACIONES
PRIMERA: Debe hacerse una profunda y masiva
concienciación en toda la población sobre la necesidad
de la independencia y la transparencia judicial. El
Poder Judicial debe verse como algo propio, como la
garantía de seguridad personal de todos los miembros
de la sociedad. Los gobernantes, la clase política, deben
entender que no puede existir un Estado de Derecho
sin Poder Judicial independiente.
SEGUNDA: Continuar la necesaria reforma judicial,
empezando por la Constitución, que no permite que el
Consejo de la Judicatura asuma la función de administración
del Poder Judicial. Esto significa que se debe
emitir, a corto plazo, la Ley del Consejo de la Judicatura
y de la Carrera Judicial, que corrija todas las deficiencias
del Reglamento Interior de la Corte como de la Ley
de la Carrera Judicial; igualmente, se debe sustituir la
centenaria Ley de Organización y Atribuciones de los
Tribunales, por una Ley Orgánica del Poder Judicial.
TERCERA: Las reformas propuestas son meramente
enunciativas; pueden ser más, pero hay que señalar
que deben ser integrales, abarcando armónicamente
todos los temas, con participación de todos los sectores:
Poder Judicial, asociaciones de jueces y magistrados,
universidades, asociaciones de abogados, colegios
profesionales, y representantes de la sociedad civil. Se
necesita el compromiso de todas las personas porque
las instituciones funcionan de la misma manera que lo
hacemos nosotros.
47
octubre 2010
DEBATE