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revista completa - Editorial Guaymuras

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trabaja “como absoluta” en la zona, sin contar con la<br />

municipalidad, mientras que la SERNA no ejerce ningún<br />

control sobre las obras en construcción.<br />

PROYECTO HIDROELÉCTRICO MEZAPA<br />

Se ubica en el municipio de Tela, Atlántida, en la<br />

cuenca alta del río Mezapa. La empresa responsable<br />

es Hidroeléctrica Centrales El Progreso, cuyo propietario<br />

es Jason Hawit, empresario de la maquila en El<br />

Progreso, Yoro.<br />

Las comunidades se oponen a este proyecto porque<br />

se ubica en la parte alta del lugar que ocupan las<br />

represas de agua para consumo humano, que serían<br />

contaminadas; además, desviarían los caudales del río<br />

para alimentar la hidroeléctrica, en menoscabo del agua<br />

para consumo humano. Esto viola el artículo 33 de la<br />

Ley General del Ambiente, que prohíbe instalaciones<br />

de cualquier tipo en áreas aledañas a las fuentes de<br />

abastecimiento de agua para la población.<br />

El 25 de agosto de 2009 Jason Hawit ofreció a las<br />

juntas de agua y patronatos del área, en reunión sostenida<br />

en la aldea Las Metalias, financiar proyectos<br />

comunitarios a cambio de que le permitan implementar<br />

el proyecto. Algunas comunidades han aceptado donaciones<br />

para actividades sociales, pero la mayoría se<br />

muestra reacia. Ante esta situación, Hawit les informó<br />

que él tiene una licencia ambiental para impulsar su<br />

proyecto, les guste o no a los pobladores. Sin embargo,<br />

no ha socializado con ellos ningún estudio de impacto<br />

ambiental, y éstos no han aprobado el proyecto.<br />

Marcos Lanza, presidente de la Junta de Agua de<br />

Mezapa, lideró el movimiento de las catorce aldeas<br />

que se oponen a la privatización del río. El 20 de junio<br />

de 2010, en una asamblea comunitaria, denunció la<br />

intención de la empresa de Hawit de privatizar el agua<br />

y le reclamó al regidor municipal de Tela, Ángel María<br />

García, la falta de voluntad de la municipalidad para<br />

defender los intereses comunitarios de Mezapa.<br />

Cinco horas después, cubiertos bajo las sombras<br />

de la noche, criminales desconocidos atacaron a tiros<br />

el hogar de Marcos Lanza. Él y su familia salieron<br />

ilesos, pero su casa y vehículo recibieron numerosos<br />

impactos de bala de grueso calibre. Este acto criminal<br />

es parte de las presiones a que se ven sometidas algunas<br />

comunidades del departamento de Atlántida por<br />

empresas que, violando las leyes, intentan apropiarse<br />

de los recursos locales.<br />

PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS MEZAPA-LEÁN,<br />

MEZAPITA Y JILAMITO<br />

Estos tres proyectos han sido concesionados por<br />

veinte años, prorrogables, a favor de la empresa Sociedad<br />

Eléctrica Mesoamericana (SEMSA), propiedad de las<br />

familias Abuffele y Andonie. La represa del río Mezapa<br />

del Leán producirá 2.5 megavatios, la del río Jilamito<br />

4.4 y la del río Mezapita 9.2.<br />

Las comunidades afectadas y la alcaldía del municipio<br />

de Arizona desconocen los estudios de impacto<br />

ambiental que debieron preceder al otorgamiento de la<br />

licencia ambiental. Asimismo, SEMSA incurrió en fraude<br />

al utilizar las firmas de pobladores que asistieron<br />

a reuniones de otra índole, para presentarlas ante la<br />

SERNA como prueba de socialización de los proyectos y<br />

testimonio del acuerdo comunitario con sus proyectos.<br />

La Red Departamental de Atlántida de Organizaciones<br />

por la Defensa de los Recursos Naturales denunció<br />

a SEMSA ante el Ministerio Público, por el delito<br />

de fraude 5 . Lo procedente —mientras se investiga la<br />

denuncia—, es que las actividades de la empresa sean<br />

suspendidas por la Fiscalía o los juzgados competentes,<br />

hasta que se dicte sentencia definitiva. Pero esto no ha<br />

sucedido. La impunidad se ha impuesto, una vez más.<br />

PROYECTO HIDROELÉCTRICO LOS LAURELES<br />

Este proyecto fue aprobado por el Decreto 190-<br />

2009, del 7 de diciembre de 2009. Las comunidades<br />

del sector se oponen a su ejecución, por desconocer el<br />

estudio de impacto ambiental y ante la falta de garantía<br />

técnica de que las poblaciones de la parte baja de la<br />

cuenca no correrán el riesgo de ser soterradas.<br />

Los temores han crecido al saberse que la cláusula<br />

séptima del decreto exonera a la empresa de responsabilidad<br />

por el incumplimiento total o parcial de las<br />

obligaciones estipuladas en el Contrato de Operación,<br />

en la medida que el incumplimiento sea consecuencia<br />

de la acción del hombre o proveniente de la naturaleza.<br />

PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JUAN<br />

Fue aprobado por el Congreso Nacional mediante<br />

Decreto 149-2009, del 26 de septiembre de 2009. Su<br />

ejecución estará a cargo de Contempo, una subsidiaria<br />

del Grupo Terra, propiedad de Fredy Nasser. Esta<br />

25<br />

octubre 2010<br />

ACTUALIDAD<br />

5 Denuncia presentada en las oficinas del Ministerio Público en Tela, el<br />

16 de agosto de 2010.

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