La demolición del lenguaje - Adepa

Un incremento de casi 600 por ciento
El presupuesto del gobierno
nacional para publicidad
oficial aumentó 597 por
ciento en los últimos cinco
años, según se detalla en el
informe de ADC.
de Expresión, el guatemalteco Frank
Naru, reveló que el alcalde de una
ciudad de su país –se excusó de identificarlo-
había exigido a una radio que
“lo nombraran cada 20 segundos” a
cambio de contar con una “muy interesante
pauta” publicitaria oficial.
El neoyorquino Darian Pavli,
asesor jurídico de Open Society
Justice Initiative, lamentó que el
uso de la publicidad oficial para que
“los periodistas alaben al gobierno o
callen lo que tendrían que informar”
sea una “práctica creciente no sólo en
América latina, sino en muchos otros
países”, tras lo cual el jurista argentino
Alejandro Carrió dijo que si bien el
manejo discrecional de la pauta publicitaria
oficial “es parte del ejercicio
del poder, casi siempre colisiona con
la libertad de expresión” y que “el
gran desafío” de los gobernantes es
“autolimitarse, ponerse límites, no
avasallar, directa o indirectamente,
otras libertades”.
Por su parte, Eleonora Rabinovich,
una de las directoras de ADC,
advirtió que los medios regionales o
locales, por lo general con menor capacidad
económica que los de alcance
nacional, son “los más vulnerables a
la presión gubernamental”, pues la
publicidad oficial suele representar
en “muchos de esos casos, el 40 por
ciento del total de lo que facturan”.
Al respecto, la periodista María
O’Donnell, conductora de uno de los
segmentos noticiosos del canal de cable
TN y autora del libro “Propaganda
K”, aseguró que la publicidad oficial
para diarios y radios de pueblos y
localidades “significa supervivencia”
y, ante una pregunta, dijo que, en cam-
año en millones de pesos
2003 46,3
2004 99,8
2005 127,5
2006 210,0
2007 322,0
bio, “no es una herramienta de gran
impacto en los grandes multimedios”,
pues “no supera el 5 por ciento de la
publicidad total”.
A su turno, Alejandro Sava, director
ejecutivo de ADC, explicó que
para la preparación del informe fueron
consultados un centenar de editores
y periodistas, quienes mencionaron
distintas otras formas de presión por
parte de funcionarios, como “los telefonazos
para que tal o cual información
no sea difundida” y la negativa
a brindar entrevistas o información.
Mencionó como “hechos auspiciosos”
el fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Argentina que condenó
al gobierno de Neuquén por haber
retirado publicidad del diario Río Negro,
y el decreto firmado a principios
de este año por la gobernadora de
Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, que
establece “criterios equitativos” para
la asignación de la pauta publicitaria
oficial de esa provincia.
Luego expusieron el colombiano
Carlos Cortés Castillo, director
ejecutivo de la Fundación para la
Libertad de Prensa y los diputados
nacionales Eduardo Brenta (Frente
Amplio-Uruguay) y Marco Antonio
Enríquez-Ominami Gumucio (Partido
Socialista-Chile). La jornada se
cerró con un debate entre los periodistas
Daniel Fernández Canedo (editor
jefe de Clarín); Claudio Jacquelín
(secretario de redacción de La Nación);
Ernesto Tenembaum (radio
Mitre y TN); Alicia Millar (prosecretaria
de redacción del diario Río
Negro); Luis Bruschtein (subdirector
de Página 12) y Sebastián Lacunza
(directivo de FOPEA).
19
Recomendaciones
a los gobiernos
Uno de los capítulos del
informe “El precio del
silencio” contiene recomendaciones
generales a los
gobiernos para la regulación
y distribución transparente
de la publicidad oficial.
Las principales recomendaciones
son:
-Sancionar y poner en práctica
“leyes claras y específicas”
que establezcan “procedimientos
de contratación justos,
competitivos y transparentes
para todos los niveles
de gobierno” y que “garanticen
imparcialidad” en la asignación
de la publicidad oficial,
de manera que “se respete
y se asegure plenamente la
independencia y pluralidad de
los medios”.
-Asegurar que las decisiones
para la asignación de la pauta
publicitaria “no se encuentren
concentradas en manos
de funcionarios designados
políticamente, sino a cargo
de técnicos con la capacidad
adecuada”.
-Abstenerse de utilizar la publicidad
oficial “directamente
o indirectamente con fines
electorales, partidarios o de
promoción personal”, como
también adoptar “mecanismos
apropiados para prevenir,
investigar y sancionar abusos”
de esa índole.
-Publicar informes periódicos
en Internet o en medios
impresos, con un lenguaje
“fácilmente comprensible
para el público en general”,
de los gastos de publicidad
oficial de todas las áreas de
gobierno.
-Sancionar y poner en práctica
una “ley exhaustiva” de acceso
a la información pública,
basada en “principios de apertura
y divulgación máxima” al
público.