Resumen de los casos transmitidos a los gobiernos y ... - Acnur

Nadim Husayn Sa'b y 'Atef Hassan Hashem, quienes al parecer fueron detenidos el 26 y el 28
de octubre de 1997 (4 de diciembre de 1997). En sus dos últimos llamamientos urgentes, el
Relator Especial se refirió a ciertos informes recibidos, según los cuales habían quedado
prohibidas las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja o de parientes de los reclusos
en el centro de detención de al-Khiam desde el 10 de septiembre de 1997, lo que ha dado
lugar a que aumente la preocupación por la situación en que se encuentran los detenidos.
220. En cartas de fechas 23 de septiembre y 21 de octubre de 1997, el Gobierno respondió a
los tres primeros llamamientos urgentes negando cualquier responsabilidad respecto del
centro de detención de al-Khiam, el cual, según manifiesta el Gobierno, está bajo el control
del ejército del Líbano meridional. Además, el Gobierno dijo que el centro había sido visitado
periódicamente por representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja. Por otra parte, el
Gobierno manifestó que la presencia de las fuerzas de defensa de Israel en la zona era
limitada y se circunscribía a objetivos de seguridad concretos y precisos, razón por la que
carecía de cualquier otro tipo de responsabilidad con respecto a la zona y los hechos que
ocurrían en ella.
221. El 21 de noviembre de 1997, el Relator Especial hizo un llamamiento urgente en favor de
Ashraf Rafiq Salim Nasrallah, quien, según se informa, fue detenido el 1º de noviembre de
1997 y recluido en la prisión de Shikma (Ashkelon), donde fue torturado por los miembros
del Servicio General de Seguridad que lo interrogaron. Se afirma que fue sometido al shabeh,
que fue obligado a sentarse en una silla que únicamente tenía 30cm de altura, con los pies y
manos con grilletes y con un saco que le cubría la cabeza, y que se le obligó a estar
repetidamente en cuclillas, en la denominada posición de la "rana". Se informa de que se le
hizo escuchar continuamente música a alto volumen. Al parecer, su abogado retiró la petición
que había formulado al Alto Tribunal de Israel después de que el Gobierno le garantizó que
no se utilizaría fuerza física contra su patrocinado. Según se informa, el 18 de noviembre las
autoridades prohibieron que su abogado lo siguiera visitando, decisión que fue respaldada por
el Alto Tribunal. Al parecer, el 19 de noviembre se presentó ante el Alto Tribunal una nueva
petición de que el Servicio General de Seguridad no recurriera a la fuerza.
Información recibida del Gobierno sobre los casos mencionados en informes anteriores
222. El 26 de diciembre de 1996 el Gobierno facilitó respuestas en relación con los casos de
Muhammad 'Abd al-'Aziz Hamdan y Khader Mubarak, quienes, según se informa, fueron
objeto de presiones físicas durante los interrogatorios por haberlo permitido la Corte Suprema
de Israel (véase el documento E/CN.4/1997/7/Add.1, párrs. 272 y 273). En su respuesta, a la
que se adjuntaban las correspondientes decisiones de la Corte Suprema, el Gobierno
manifestó que la Corte no había conferido al Servicio General de Seguridad un mandato
general para utilizar la presión física. En el caso de Muhammad 'Abd al-'Aziz Hamdan, el
Gobierno se refirió en particular a la afirmación de la Corte de que la sospecha fundada de la
posesión de información de suma importancia, cuya divulgación inmediata impediría que se
produjera un terrible desastre, serviría para salvar vidas humanas e impediría atentados
terroristas de suma gravedad, justificaba la anulación de la orden judicial provisional que
prohibía la utilización de presión física. La Corte manifestó que, no obstante, esa decisión no
equivalía a permitir que en los interrogatorios se utilizasen métodos que fuesen contrarios a la
ley. Por otra parte, el Gobierno indicó que la Corte, con el consentimiento del Servicio
General de Seguridad, había dictado otra orden en la que prohibía la utilización de presión
física en los interrogatorios del Sr. Hamdan. En el caso de Khader Mubarak, el Gobierno se
refirió en particular a la afirmación de la Corte de que se había asegurado que el hecho de
mantener esposado al solicitante no era con el fin de interrogarlo, que al interrogado no se le
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