Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1979, Volumen II ...

ello que, a juicio del Tribunal, puede y debe reconocerse
una responsabilidad indirecta a cargo de un Estado
por el hecho internacionalmente ilícito cometido
por otro Estado vinculado al primero por una relación
de dependencia cuando el hecho ilícito denunciado se
haya cometido en un ámbito de actividades a cuyo
respecto el Estado dominante tenga sobre el Estado
dependiente un poder de control efectivo, y únicamente
en ese caso. Por tanto, a nuestro juicio el laudo
en el asunto Brown confirma plenamente el fundamento
de las conclusiones a que habíamos llegado sobre
la base del análisis de las opiniones de los autores.
Su valor nos parece tanto más significativo cuanto que
su fecha es muy anterior a la evolución más reciente
de la doctrina en la materia y a la consiguiente mayor
claridad aportada por aquélla
30. No podríamos concluir la primera parte de nuestro
análisis de la jurisprudencia y la práctica internacionales,
a saber, la relativa a la determinación del Estado
llamado a responder por un hecho internacionalmente
ilícito cometido en el marco de una relación jurídica
de dependencia internacional, sin recordar una
vez más la respuesta de Dinamarca al punto X del pedido
de información del Comité Preparatorio de la
Conferencia de Codificación de 1930. Esta respuesta,
a nuestro juicio la más elaborada y mejor fundada de
todas las que recibió el Comité, señalaba expresamente
que:
La respuesta depende de la naturaleza de la relación entre ambos
Estados, de la extension \ el carácter del control que ejerza un Estado
sobre la administración del otro \ de la autonomía que se ha\a
dejado al Estado sometido o protegido '
Los criterios en que se inspiró el Gobierno de Dinamarca
eran manifiestamente los mismos que había
aplicado el tribunal angloamericano en el laudo en el
asunto Brown. En resumen, podemos decir que los
pocos precedentes ofrecidos por laudos arbitrales o
por la manifestación de opiniones gubernamentales
que se refieren a las situaciones clásicas, en buena
parte ya desaparecidas, de relaciones de dependencia,
poco hay prueba alguna de que Gran Bretaña haya intentado jamas
injerirse a ese respecto En realidad, el único recurso que Gran Bretaña
tuvo jamas frente a la mala administración que afectase a los
• subditos británicos y de otras Potencias residentes en la República
Sudafricana era, como probaron los hechos, el recurso a la guerra
Si no hubiera existido la guerra de Sudafnca, afirmamos que el Gobierno
de los Estados Unidos se habría visto obligado a plantear la
reclamación de Brown ante el Gobierno de la República y que no
habría existido fundamento alguno para señalarlo a la atención de
Gran Bretaña La relación de 'Suzeraineté" no tuvo el efecto de
hacer a Gran Bretaña responsable por el acto planteado en la demanda
» (Ibid , págs 130 y 131 )
" 7 Klein (op cit , pags 89, 246 y ss ) teme generalizar el alcance
de este laudo que se opone a su tesis según la cual en las relaciones
de protectorado y de dependencia en general habría responsabilidad
internacional por los hechos internacionalmente ihcitos cometidos
por el Estado dependiente, sin consideración de la existencia de un
poder de control del Estado dominante sobre el sector de actividades
en que se hubiese cometido el acto Sin embargo, reconoce que
los autores que han examinado este precedente —Verdross y Mo-
11er, así como el presente Relator Especial— han considerado que
los principios afirmados en el laudo del tribunal angloamericano son
aplicables al conjunto de las relaciones de protectorado y de dependencia.
''" Sociedad de las Naciones, BÚÍ5É'5 de discussion (op cit ),
pág 122
Responsabilidad de los Estados 19
y que aporten una confirmación a las soluciones hoy
preconizadas por la mayoría de la doctrina, pese a no
ser numerosos ni, por razones obvias, recientes, son
de todos modos muy claros y nítidos. Y, cosa que no
es despreciable, no hay otros precedentes de los que
pueda decirse, después de haberlos estudiado atentamente,
que sirven de apoyo a soluciones diferentes.
31. Corresponde ahora ver cómo reaccionaron la jurisprudencia
internacional y la práctica de los Estados
frente al problema que nos preocupa en el marco de
otras situaciones que lamentablemente, a diferencia de
las que se han tomado en consideración anteriormente,
siguen siendo de actualidad. Nos referimos, en
particular, a la situación que se produce en caso de
ocupación militar, total o incluso parcial, del territorio
de un Estado por otro Estado. Por cierto, normalmente
una situación de esta índole no encuentra su
origen en un acuerdo internacional, como un protectorado
o un mandato, ni en disposiciones de derecho interno,
como la relación entre un Estado «suzerain» y
un Estado vasallo o entre un Estado federal y un Estado
miembro dotado de personalidad internacional
residual. Dicho esto, no obstante, y evidentemente
riodela abstracción de toda cuestión relativa a la legitimidad
o ilegitimidad del hecho que instituye las relaciones
entre el Estado ocupante y el Estado o territorio
ocupado, es innegable que dicha relación presenta
aspectos próximos a los que caracterizan, por
ejemplo, a la relación entre un Estado protector y un
Estado protegido ''''. La ocupación militar, incluso si
se extiende a la totalidad del territorio, tampoco produce
cambios en la soberanía sobre el territorio ocupado
y no afecta a la personalidad internacional del
Estado sometido a la ocupación. Pero el Estado ocupante,
igual que el Estado protector, se ve llevado a
ejercer sobre el territorio ocupado determinadas prerrogativas
de su propia potestad pública, a fin de proteger
la seguridad de las fuerzas armadas y, en general,
proveer a sus propias exigencias, o también para
responder a necesidades de la población del territorio
ocupado y mantener el orden público, ámbito en el
cual el ejercicio de dichas prerrogativas está incluso
exigido, en determinadas condiciones, por los usos y
costumbres de la guerra y por el derecho internacional
convencional ' . También en este caso lo normal es
que la organización estatal del ocupado no desaparezca,
sino que sobreviva y continúe operando sobre
el territorio, aunque sea en condiciones y dentro de
límites variables de un caso a otro; así lo ha mostrado
la experiencia de la segunda guerra mundial 7I . También
en este caso se cumplen las condiciones de aquella
injerencia de un Estado en la actividad internacional
e interna del otro 72 que, según hemos destacado,
es característica de las relaciones de dependencia anteriormente
consideradas. La injerencia en la actividad
Véase supra, parr 20 y las referencias a la doctrina que figuran
en la nota 50
Véase, a este respecto. Ago, «L'occupazione bellica. » (loc
cit ), págs 143 y ss , y en particular la pág. 148.
Ibid , pags 149 y ss.
72 Ibid , págs 157 y ss.