Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1979, Volumen II ...

ya mencionado en los párrafos precedentes. Hemos
señalado incidentalmente que el monopolio que correspondía
anteriormente al Estado directamente perjudicado
por el hecho internacionalmente ilícito de
otro Estado en lo concerniente a la facultad de recurrir
contra este último a medidas de sanción que, de no
mediar dicha circunstancia, serían ilegítimas .ya no es
estricto en el derecho internacional actual. Probablemente
todavía lo es en el derecho internacional general,
aun cuando, en abstracto, pueda haber quien estime
lógico deducir ciertas consecuencias de la afirmación
progresiva del principio de que determinadas
obligaciones —calificadas en ese sentido de erga omnes—
tienen un alcance tal que la violación de una de
ellas debe considerarse como una infracción cometida
contra todos los miembros de la colectividad internacional
y no sólo contra el Estado o los Estados directamente
afectados por esa violación. En realidad, no
se pueden subestimar los riesgos que crearía el hecho
de llevar el reconocimiento de ese principio —cuyo valor
estriba sobre todo, a nuestro juicio, en afirmar la
necesidad de una solidaridad general frente a los atentados
más graves contra el orden internacional— hasta
el extremo de considerar que todo Estado está automáticamente
autorizado a reaccionar contra la violación
de ciertas obligaciones cometidas en perjuicio de
otro Estado y a aplicar individualmente al Estado autor
de la violación medidas de represión. Por ello, es
comprensible que una colectividad como la internacional,
dedicada a la búsqueda de una organización
más estructurada y de un esbozo, por lo menos, de
«institucionalización», haya tomado otra dirección, es
decir, se haya inclinado hacia un sistema que reserva a
instituciones internacionales distintas de los Estados la
tarea previa de determinar la existencia de una infracción
de una obligación de importancia esencial para
toda la colectividad internacional y, después, de tomar
una decisión acerca de las medidas que deban adoptarse
y de su ejecución.
92. La Carta de las Naciones Unidas asigna las mencionadas
tareas a los órganos competentes de la Organización.
Esos órganos —y éste es el aspecto que nos
interesa en relación con el objeto de la presente sección—
pueden no sólo autorizar, sino realmente encomendar
a un Estado Miembro que no sea la víctima
directa de una determinada infracción internacional,
así como a un grupo ' M y a veces a la totalidad de los
Estados Miembros, que apliquen ciertas medidas de
sanción, que no impliquen el uso de la fuerza, contra
el Estado que haya cometido una infracción de un contenido
y una gravedad determinados. Por supuesto, la
terminología no debe inducir a error. El empleo del
término «sanción» en el lenguaje de las Naciones Unidas,
como antes en el de la Sociedad de las Naciones,
no es tan riguroso: no se refiere exclusivamente a actos
que lesionen lo que, en otras condiciones, sería un
verdadero derecho del Estado que es sujeto pasivo de
tales sanciones, es decir, un derecho que debe ser respetado.
Esas sanciones pueden representar, como algunas
de las enumeradas en el Artículo 41 de la Carta
Ya directamente, ya por medio de los organismos regionales a
que se refiere el Artículo 53 de la Carta.
Responsabilidad de los Estados 43
de las Naciones Unidas y de las previstas anteriormente
en el párrafo 1 del Artículo 16 del Pacto de la
Sociedad de las Naciones, medidas indudablemente
desfavorables para los intereses del Estado al que se
apliquen, sin que ello suponga necesariamente y en
todo caso que haya una falta de conformidad, en relación
con ese Estado, con las exigencias de una obligación
internacional. Ahora bien, esto no impide que a
menudo ocurra de otro modo. Por ejemplo, la interrupción
de las relaciones económicas con un Estado
con el que el Estado que pone en práctica esa medida
está obligado por un tratado de colaboración económica
o de comercio es un hecho que, en otras condiciones,
probablemente tendría carácter de hecho internacionalmente
ilícito. Otro tanto puede decirse de
la interrupción de las comunicaciones ferroviarias,
marítimas o aéreas con un Estado con el que se haya
concertado uno de los múltiples acuerdos de cooperación
en esos campos, o también —y la hipótesis no es
en modo alguno puramente teórica— de medidas como
la prohibición del comercio de armas u otros materiales
con un Estado con el que se esté obligado por tratado
a proporcionar esos suministros, etc. 194 .
93. Sin embargo, en los casos mencionados y en
otros que podrían contemplarse, la exclusión de toda
ilicitud de las medidas de sanción adoptadas de conformidad
con las disposiciones del instrumento constitutivo
no se puede poner en duda en el sistema jurídico
de las Naciones Unidas, a pesar de que tales
medidas puedan estar en contradicción con otros compromisos
convencionales contraidos por el Estado que
las aplique. En realidad, esta conclusión no se ha
puesto nunca en tela de juicio. Se justifica precisamente
porque, en virtud de las normas establecidas en
el tratado que incorpora la Carta y que han aceptado
tanto el posible sujeto activo como el posible sujeto
pasivo de las medidas 19S , la aplicabilidad de tales medidas
está prevista a título de ejercicio «legítimo», e
Son bien conocidos los ejemplos de las sanciones decretadas
por la Sociedad de las Naciones contra Italia en 1935, con motivo de
la intervención italiana en Etiopía, y por las Naciones Unidas contra
Sudáfrica en 1977, por su política de apartheid.
''"' Esta aclaración nos parece necesaria porque el asunto podría
tomar otro cariz en el caso, en realidad excepcional, de que el sujeto
pasivo de las medidas de sanción cuya aplicación hubiera sido encomendada
a un Estado Miembro de las Naciones Unidas no fuese
miembro de la Organización. En ese caso, parece seguir siendo indiscutible
que el Estado Miembro no podría invocar, como impedimento
para su acción, un tratado por el que estuviera obligado con
el Estado no miembro, dado que todo Estado Miembro debe dar
prelación a las obligaciones establecidas en la Carta sobre las aceptadas
en virtud de otros instrumentos convencionales. Por lo demás,
ya en la época de la Sociedad de las Naciones el Subcomité Jurídico
del Consejo señaló, con motivo de la determinación de las medidas
contra Italia por la acción emprendida por ésta en contra de Etiopía,
que los tratados de amistad y de no agresión existentes entre Italia y
otros Estados Miembros, al igual que las cláusulas de la nación más
favorecida, debían considerarse subordinados a los Artículos 16 y 20
del Pacto. No obstante, cabría aducir que, con respecto al Estado
no miembro de las Naciones Unidas —y, antes, de la Sociedad de
las Naciones— que sea objeto de las medidas de sanción, el tratado
en vigor con él no puede ser considerado sin efecto ni suspendido
por deliberaciones y medidas decididas en un sistema de origen
convencional al que ese Estado no pertenece. La ilicitud con respecto
a dicho Estado de una acción realizada en contravención de
ese tratado no queda, pues, necesariamente excluida por el hecho de
que, en ese sistema, la acción esté prevista a título de «sanción».