codigo procesal civil - Consejo Hondureño de la Empresa Privada

Poder Judicial de Honduras
Lo anterior, sin menoscabo de reconocer la enorme importancia histórica que
significó y que ciertamente tuvo para nuestro país el vigente Código de
Procedimientos de 1906, cuyas instituciones más importantes de hecho han sido
conservadas por el Dictamen, pues ciertamente la experiencia acumulada durante
casi un siglo no puede ser desaprovechada. Pero debemos reconocer que éste ha
cumplido ya, y dignamente, su papel histórico, y que en la actualidad no responde a
los retos derivados de la evolución social y económica del Derecho privado que se
suceden del desarrollo al que debe aspirar toda sociedad progresista, tanto en lo
referente a la protección efectiva de los Derechos constitucionales individuales, como
muy especialmente, a las exigencias del moderno tráfico jurídico mercantil.
Comprendido debidamente lo anterior, resulta evidente que el exceso de formalismos
que todo proceso escrito lleva consigo favorece la burocracia y la lejanía entre el juez
y el ciudadano, dando lugar a una justicia impersonal y, en último término, autoritaria
por ser poco transparente, difícilmente comprendida y por todo ello de difícil
aceptación por parte de la ciudadanía a la que va dirigida.
Debe destacarse que la propuesta de reforma contenida en el Dictamen ha sido el
producto de profundas y amplias discusiones y reflexiones jurídicas, en cuyo proceso
de elaboración y en su consecución por una Justicia pronta y efectiva, ha sido una
constante, como no podía ser de otra manera, la estricta observancia a las garantías
constitucionales, así como a principios y prácticas del Derecho Internacional
contenidos en tratados y convenios internacionales suscritos por nuestro país;
mismos que deben informar un debido proceso, procurando no solamente el debido
respeto de las mismas, sino más allá de esto, promoviendo a través de su articulado
el fortalecimiento y promoción efectiva de Derechos fundamentales como sin duda lo
son los de petición, defensa, igualdad, a un juicio sin dilaciones indebidas, así como
la garantía a una obligada imparcialidad judicial.
2. VALORACIÓN SOCIAL.
La Justicia civil se caracteriza sustancialmente porque, por regla general, la iniciativa
de poner en marcha el proceso se hace depender del propio ciudadano a través del
principio de justicia rogada o principio dispositivo, lo que obliga a que su regulación
normativa, como marco necesario para el ejercicio de su Derecho fundamental de
petición, este inspirado en una propuesta informada por la sencillez y que resulte
amistoso, procurando la materialización de una justicia efectiva por oportuna, pero
sin que ello se traduzca en el desconocimiento de las garantías constitucionales
asociadas con un proceso debido. Lo anterior, independientemente que éstos
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