codigo procesal civil - Consejo Hondureño de la Empresa Privada

Poder Judicial de Honduras
pudiesen decidir resolver sus conflictos mediante instrumentos extra procesales y
basados en el consenso, como lo son el arbitraje y la conciliación.
Contrario a lo anterior, la realidad procesal civil actual se caracteriza por una
prolongación excesiva, y muchas veces de difícil justificación, en la duración de los
asuntos que son sometidos a su competencia. Dilaciones en gran parte propiciadas
por un formalismo excesivo que contradice el principio anhelado de una Justicia
pronta.
Aunado a lo anterior, debemos agregar la falta de transparencia que propicia su
desarrollo procedimental actual, informado por el principio de la escritura, y que
consecuentemente conlleva a la falta de confianza en la imparcialidad de sus Jueces,
situando de esta forma en grave precario la confiabilidad de las resoluciones mismas
emitidas por éstos. Situación que es agravada si atendemos la enorme cantidad de
causas que son sometidas a conocimiento de la competencia civil.
Por otra parte, debe tenerse presente que el proceso civil perfecciona el principio de
la gobernabilidad, entendida no como la capacidad demostrada por parte de la
autoridad pública de imponer orden, sino como la capacidad de los ciudadanos para
articularse y dirimir sus diferencias por sí mismos. Esta valoración es particularmente
importante para afianzar una cultura de armonía social.
Al respecto, el Dictamen propone y promueve la simplificación de los procedimientos,
mediante una nueva regulación y una nueva ordenación de los procesos
declarativos, de los recursos, de la ejecución forzosa y de las medidas cautelares,
que busca ser clara, sencilla y completa en función de la realidad del litigio, y de los
derechos, facultades, deberes y cargas que corresponden a los tribunales, a los
justiciables y a quienes han de colaborar con la Administración de Justicia. Se ha
intentado utilizar el lenguaje, que sin olvidarse de la técnica jurídica, resulte más
asequible para cualquier ciudadano.
Igualmente, y con respecto a efectivizar el Derecho fundamental de todo ciudadano a
un verdadero acceso a la Justicia, resulta importante destacar que se ha optado por
incluir en el Dictamen las bases suficientes para una correcta regulación por parte de
la Corte Suprema de Justicia del beneficio de justicia gratuita, pues estando
expresamente reconocida como un Derecho en el Artículo 83 de la Constitución, era
preciso hacerlo en un Código Procesal Civil con vocación de supletoriedad en todos
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